Fiscalía de Quintana Roo ejerce sus facultades con negligencia y por intereses políticos
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
La Fiscalía de Quintana Roo, cada día se aleja más de los intereses del pueblo que con sus impuestos paga su funcionamiento; en junio pasado se dijo que para romper los compromisos del fiscal en ese entonces, con el gobierno anterior, era necesario cambiarlo y la XVII Legislatura así lo hizo, al nuevo fiscal, Raciel López Salazar, se le dio el apoyo político, se le entregó la Fiscalía en charola de plata, se le permitió que integrara su equipo cercano para operar la institución, pero a cinco meses de haber tomado esa responsabilidad, sus resultados no se ven y la atención a la ciudadanía va en retroceso.
En este periodo se han ido acumulando múltiples errores institucionales que hablan de la falta de capacidad técnica y administrativa del fiscal, así como de su equipo cercano que importó de otros estados del país, después de todo Quintana Roo se ha convertido en el paraíso laboral de aquellos que se quedaron desempleados en Puebla, Chiapas o en el Estado de México.
Un asunto que no ha podido resolver el fiscal, ni mucho menos dar una explicación congruente, fue la liberación de un detenido que ya estaba asegurado por elementos de las policías Ministerial y Municipal en Tulum, durante los primeros días de octubre, pero alguien dio la instrucción que lo dejaran libre, luego de algunos minutos de negociaciones encabezadas por el mismo detenido.
Se dijo que se trataba de un líder de la delincuencia organizada, incluso buscado por la DEA, pero la Fiscalía de inmediato aclaró de que no se trataba de dicho personaje, versión que nadie le creyó, pero a más de un mes de ese hecho, no se ha informado quién fue el detenido y porque lo dejaron en libertad.
Lo cierto es que sí hubo un detenido que debió ponerse a disposición del Ministerio Público o de un juez, sí así fuera el caso, pero prefirieron dejarlo en libertad, lo cual implica un delito, pero hasta el momento, esa investigación está detenida por ordenes superiores.
Otra investigación sin interés para el fiscal es el robo en la casa del tesorero ejidal de Chunyaxché y Anexos, en el poblado de Chumpón, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.
En el ejido corren versiones, en el sentido que la Fiscalía anda perdida en sus pesquisas, porque sus agentes prefieren ver a otro lado y no por el camino que les indican las evidencias, de allí que el detenido en Playa del Carmen, con un millón 200 mil pesos, será difícil que lo puedan vincular con el robo, desde luego que tendrá que explicar el origen del dinero que cargaba cuando la policía, por casualidad, lo detuvo para una revisión de rutina.
Ante la impunidad de la delincuencia en la zona maya y la omisión institucional, el segundo fin de semana de noviembre, en la comunidad de Muyil fue asaltado con violencia en su domicilio un empresario, a quien luego de golpearlo y amarrarlo, un grupo de cinco hombres armados le robaron un vehículo compacto, una computadora, aparatos electrodomésticos, objetos de valor y dinero.
De acuerdo, al reporte policial, la víctima informó que se encontraba descansando, cuando cinco sujetos con pistolas allanaron su casa y lo golpearon para obligarle a decir donde guardaba su dinero y objetos de valor, que robaron junto con un carro tipo Swift color amarillo.
La actividad turística que impulsa diversas actividades económicas en Quintana Roo está en grave riesgo de terminar como sucedió en Guerrero y Michoacán, porque las autoridades no hacen nada para terminar con la violencia que se ha extendido por toda la entidad. Desde hace más de tres años, en este espacio periodístico advertimos qué si no se tomaban cartas en el asunto, la violencia llegaría y desafortunadamente no nos equivocamos.
De esta situación, desde hace mucho tiempo las comunidades se encuentran hartas, ante la negligencia gubernamental en las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia.
Por ello, recientemente, habitantes de Otilio Montaño, Nuevo Canaán y Miguel Alemán, en Bacalar, comenzaron a realizar recorridos de seguridad y a instalar puestos de vigilancia dentro de sus comunidades, ante el incremento de la violencia, pues en las últimas semanas se han registrado “levantones” y ejecuciones.
Recordemos que la inserción de autodefensas en el contexto sociopolítico de Michoacán, generó más violencia, mientras el Estado se desentendió de sus obligación de dar seguridad a la sociedad.
En estos poblados de Bacalar, los pobladores se están organizando para vigilar y establecer retenes improvisados en las entradas y salidas de los pueblos, con la finalidad de reducir la presencia de los grupos armados.
Una de las razones que los motivó a este tipo de vigilancia es que las autoridades se han convertido en observadoras de la violencia, a pesar, que durante las últimas semanas han sido privadas de su libertad, por grupos armados, al menos unas 15 personas, de las cuales, solo tres han aparecido.
En materia de procuración de justicia, la zona maya, históricamente ha estado olvidada, pero ante la insistencia de la población, se había logrado la instalación de una vicefiscalía, con agentes del Ministerio Público, peritos, agentes de investigación y personal administrativo, lo que fue considerado como un reconocimiento histórico al pueblo maya, pero cambiaron los gobiernos y esa vicefiscalía fue desmantelada, ahora, solo a veces, funciona una agencia del Ministerio Público, sin apoyo material ni de recursos humanos. El reconocimiento al pueblo maya se le da con hechos, no con discursos o folclore.
Sostengo que la Fiscalía se aleja más de los intereses del pueblo de Quintana Roo, porque los últimos reacomodos de fiscales que se dieron con motivo de la llegada de Raciel López Salazar, tuvieron como origen la negociación para que cada presidente o presidenta municipal propusiera a personas de su confianza con la finalidad que trabajaran de manera coordinada.
Este tipo de decisiones vino a entorpecer la dinámica ciudadana de presentar denuncias penales, ahora, si un asunto no conviene a las autoridades municipales, simplemente se suman a los cientos de carpetas de investigación que están en el olvido.
Graciela Machuca
