Integrantes de la Legislatura de Quintana Roo deben ganar por productividad y no por levantar el dedo
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Conforme se van agotando los meses y las semanas para quienes integran la XVII Legislatura de Quintana Roo demuestran que no les interesa legislar en beneficio del pueblo, el cual al final de cuentas le paga sus millonarios salarios; desde luego que dos años que les tocó legislar son insuficientes, pero por lo mismo, se hubieran organizado para tener una agenda que representara los intereses y las necesidades de la sociedad.
Las diputadas y los diputados locales de Quintana Roo, lo que buscan ahora, es reelegirse, los que tienen esa oportunidad legal, saltar a una presidencia municipal o a la diputación federal, pero en ningún momento se acuerdan que se comprometieron a legislar como representantes populares; en precepto de la Constitución dice que los legisladores deben hacer gestiones, andar en campaña electoral permanente o que cuando legislen lo hagan por encargos políticos o económicos.
Ya solo les quedan nueve meses y días para terminar su encargo por el que rindieron protesta de ley, por lo pronto deben retomar sus compromisos constitucionales y ponerse a trabajar, porque de lo contrario la ciudadanía tendrá que organizarse y presentar una iniciativa para que a los legisladores se les pague por productividad, quien trabaje que reciba su salario, pero no es posible que el pueblo sea el que trabaje para que una bola de zánganos se den la gran vida diciendo que son diputados y buscando saltar a cualquier otro cargo, como el trabajo de legislar lo hubieran hecho con decoro.
Hay diputados y diputadas que no representan al pueblo de Quintana Roo, porque hasta el momento no tienen una agenda definida para concluir su mandato, solo reaccionan a lo que les indica el ejecutivo, gran parte de su tarea se reduce a homologar las leyes estatales a las federales, para copiar y pegar, no se requiere estar pagando millonarios salarios a los 25 diputados, para eso basta con tres que lean las leyes aprobadas a nivel federal y se las remitan al Ejecutivo para su publicación.
Tal es su grado de incapacidad, indiferencia, flojera y desprecio al pueblo de Quintana Roo que prefirieron mandar a la congeladora un simple llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) para resolver la controversia por límites territoriales.
Los grupos parlamentarios de MORENA y el Partido Verde Ecologista de México, decidieron mandar a comisiones una propuesta de exhortar a los ministros del máximo tribunal del país para resolver de forma prioritaria el conflicto que mantienen por más de 40 años los estados de la península.
Como pretexto, argumentaron una ilegalidad contra el proceso legislativo, sin que tuvieran la intención de resolver la falla sobre el procedimiento, solo era cuestión de redacción, sin embargo, optaron por eliminar la propuesta de discutir y en su caso aprobar por obvia y urgente resolución un punto de acuerdo dirigido a los ministros de la SCJN.
Se dio a conocer que la propuesta que surgió de la Comisión de Límites y Asuntos Fronterizos, tenía la finalidad de exhortar a los ministros para que emitan su resolución de forma prioritaria para dar por terminado un conflicto interestatal que surgió desde la década de los años noventa y que llegó a la SCJN como controversia constitucional en el año 2019 y se integró el expediente 226/2019.
Pero lo más chusco del asunto es que el coordinador de los diputados morenistas, Humberto Aldana, no pudo pedir a sus asesores una excusa más creíble que decir que no se puede molestar a los ministros en estos momentos previos a la resolución final del conflicto.
Desde luego que quienes dan seguimiento al discurso del presidente de la república y líder moral de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, consideran que era el momento de este exhorto del Congreso de Quintana Roo al pleno de la SCJN, ahora que los poderes federales Judicial y Ejecutivo se encuentran confrontados; un argumento tan infantil como el de Aldana habla de su limitada capacidad de análisis político sobre los acontecimientos de la escena nacional.
Lo cierto es que a quienes integran la XVII Legislatura no les interesa que los pueblos que se encuentran en la zona limítrofe enfrenten un severo rezago en su desarrollo y falta de atención institucional por no haberse resuelto de fondo el diferendo entre Quintana Roo y los estados de Yucatán y Campeche.
El retraso en la solución del conflicto le permite a la hoy mayoría legislativa, utilizar, para otros menesteres, los recursos públicos que deben destinarse para esos pueblos que por décadas han estado reclamando su derecho a formar parte de Quintana Roo.
Otro asunto que no es prioritario para las personas que integran la XVII Legislatura es la urgente necesidad que se resuelva el conflicto que generaron Aguakán y los políticos quintanarroenses que se aliaron para darle en concesión el servicio público de distribución de agua.
A pesar del resultado de la consulta que tiene carácter vinculante, las exigencias de la ciudadanía por el mal servicio que presta la empresa y los costos elevados e incluso, de la opinión del presidente de la república, que el asunto se debe resolver, a la mayoría de MORENA y PVEM en el Congreso de Quintana Roo no les interesa actuar, como uno de los tres poderes de la entidad. Precisamente Humberto Aldana es el diputado que encabeza la comisión temporal para resolver el caso Aguakán.
Prefieren que el asunto llegue a manos de la XVIII Legislatura, la cual entrará en funciones en septiembre 2024, con la finalidad que no se vean afectados sus intereses que mantienen con la empresa concesionaria.
Sí el presidente de la república los llama a cuentas, atenderán el asunto antes del mes de junio del año que viene.
Graciela Machuca
