Vulnerabilidad de la prensa en México ante el proceso electoral de 2024
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Cada 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, como una estrategia para sensibilizar a los Estados partes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus respectivas sociedades para que pongan en marcha acciones gubernamentales y políticas públicas tendientes a que todo crimen cometido contra una personas periodista se investigue y sancione conforme a su derecho vigente con la finalidad última que esas sociedad puedan tener garantizado su derecho a la información.
México, como muchos otros países han suscrito y ratificado instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención American sobre Derechos Humanos, el primero en su artículo 19 establece las características del derecho a la información, en tanto que la segunda lo hace en su numeral 13.
Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como una prioridad el respeto, la defensa, la promoción y la garantía de los derechos humanos y en particular, en su artículo 6 hace ordena que el Estado garantizará el derecho a la información.
Sin embargo, todas las acciones que el gobierno mexicano ha emprendido para garantizar el derecho a la información, por medio de la protección de periodistas ante la violencia atroz que nos aqueja, han fracasado, porque las iniciativas han surgido de la sociedad civil organizada que defiende derechos humanos en general, propuestas que están alejadas de las prioridades de los gobiernos en turno.
Los asesinatos, las amenazas, las desapariciones, la censura política, son algunos de los agravios que impactan a diario al gremio periodístico mexicano, pero las instituciones del país han sido incapaces de construir una cultura de respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información y por consiguiente de respeto a la vida, integridad física y derecho al trabajo de hombres y mujeres que nos dedicamos al quehacer periodístico.
Tanto la Fiscalía Especial en contra de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que depende de la ahora Fiscalía General de la República (FGR), así como las diversas fiscalías generales de las entidades federativas del país han demostrado su incapacidad técnica y falta de voluntad política para investigar con criterios científicos y jurídicos la violencia contra periodistas, de allí que se hayan documentado verdaderas aberraciones y dolo de parte de las fiscalías, como lo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al dejar al descubierto, por medio de una recomendación, las omisiones y negligencia de la Fiscalía General de Quintana Roo para investigar, al menos dos asesinatos de periodistas, ocurridos durante el gobierno de Carlos Joaquín González.
En septiembre pasado, Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros sin Fronteras (RSF), advirtió: “…las coaliciones de partidos políticos de izquierda y derecha acaban de designar a sus candidatas a las elecciones presidenciales en México, que se mantiene desde 2017 como el país más mortífero del mundo para los periodistas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) insta a los candidatos a que la protección de los profesionales de la información sea una prioridad en sus programas electorales”..
Balbina Flores, por medio de un comunicado sostuvo que ya se sabe, finalmente quiénes son las dos principales candidatas a gobernar el país durante los próximos seis años. “El pasado 3 de septiembre, la senadora Xochitl Gálvez fue designada para encabezar el movimiento de oposición de derechas “Frente amplio”. A la izquierda, la ex alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (foto), liderará Morena (Movimiento Regeneración Nacional), en el poder desde 2018. El Movimiento Ciudadano, partido de centro, aún no ha decidido si presentará su propio candidato o se unirá a una de las dos coaliciones”.
Ante el inicio del proceso electoral e 2024 RSF invitó a los candidatos, que aún no se han pronunciado sobre la lacra que supone la violencia contra los profesionales de los medios a asumir la envergadura de un problema que no hace sino agravarse desde hace 20 años. “De hecho, 2022 fue el año más mortífero para la prensa en México, con 11 periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones”.
“México no puede resignarse a ser, año tras año, el país más mortífero del mundo para los periodistas. La libertad de prensa, el derecho a la información y la lucha contra la impunidad tienen que estar en el corazón de la campaña electoral y de los programas de los candidatos. La violencia contra la prensa no es un problema que afecta solo a la integridad física de los periodistas y la vida de sus familias. Toda la sociedad se ve afectada cuando el derecho a ser informada por una prensa libre es vulnerado”, sostuvo Artur Romeu, director de la Oficina de RSF en América Latina, de acuerdo al documento e Balbina Flores.
La corresponsal de RSF en México, recordó que desde el año 2000, 149 periodistas han sido asesinados en México, según el Barómetro de RSF, y treinta permanecen desaparecidos, sin que haya pruebas de vida hasta la fecha. Además, el país ostenta el triste récord del mayor número de asesinatos de periodistas en el mundo desde 2017, un año en el que superó a países entonces en guerra, como Siria. Desde esa fecha, México suma el 14% de todos los periodistas asesinados en el mundo.
La situación no ha mejorado un ápice bajo el mandato del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “AMLO”. Más bien al contrario, México ha consolidado esa terrible posición como país más mortífero del mundo para la prensa, con 37 periodistas asesinados y seis desaparecidos, desde diciembre de 2018, por lo que este organismo internacional con sede en París ha manifestado su preocupación constante.
Ante advertencias como las de Reporteros sin Fronteras, el gremio periodístico nacional debe estar alerta y extremar sus medidas de autocuidado para cubrir profesionalmente el proceso electoral que se avecina en México.
La violencia contra periodistas nos obliga a exigirle a las instituciones de los diferentes niveles de gobierno que asuman su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos a lo que están obligadas de acuerdo al Artículo Primero Constitucional.
Empezamos un proceso electoral con zozobra para la prensa ante la debilidad de la vida institucional, el eslabón que vive en condiciones de más vulnerabilidad durante este proceso electoral es la prensa.
Graciela Machuca
