Tren Maya, el megaproyecto neoliberal que vino a cambiar a la Península de Yucatán; surgieron conflictos ecoterritoriales
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Ahora que el gobierno federal está por concluir, en etapas, su megaproyecto ferroviario que denominó Tren Maya, es momento de ir recapitulando los efectos que generó y que seguirán manifestándose en aspectos sociales, agrarios, medioambientales, políticos, económicos, que por la fiebre de la inversión nacional y extranjera a la que invitó la construcción de esta obra, se han dejado de lado.
Sin embargo, al leer cada uno de los aproximadamente cien decretos presidenciales expropiatorios de tierras y otros inmuebles que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 2020 a la fecha, también se leen implícitamente historias de personas, generalmente de origen maya que dejaron de ser propietarios de tierras y aguas por causa de utilidad pública, sin tomar en cuenta que era una herencia de las generaciones pasadas que conformaron la cultura maya que se seguirá vendiendo, pero ahora a través de los recorridos de ese tren.
Fue el 17 de enero de 2022, según el DOF, cuando se publicó el primer decreto de expropiación por de Declaratoria de Causa de Utilidad Pública relativa a 2’410,107.72 metros cuadrados de propiedad privada, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, en el Estado de Quintana Roo, destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya.
Este 5 de diciembre de 2023 se publicó en el DOF un decreto presidencial más de declaratoria de causa de utilidad pública relativa a 456,365.29 m² (cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y cinco punto veintinueve metros cuadrados), correspondientes a 113 (ciento trece) inmuebles de propiedad privada en el Municipio de Palenque en el Estado de Chiapas; en los municipios de Emiliano Zapata y Balancán en el Estado de Tabasco; en los municipios de Candelaria, Escárcega, Champotón, Campeche, Hecelchakán y Tenabo en el Estado de Campeche; en los municipios de Kanasín e Izamal en el Estado de Yucatán, en los municipios de Tulum, Solidaridad y Othón P. Blanco en el Estado de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya. Esta fue la segunda publicación del decreto, la primera se hizo el día 4 de diciembre.
A lo largo de los casi mil 500 kilómetros de esta ruta ferroviaria en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pequeños propietarios, comuneros y ejidatarios perdieron sus tierras para que el gobierno construyera la vía de un ferrocarril militar, un tema del que las cúpulas políticas y económicas del país se niegan a hablar.
Las decenas de comunidades y ejidos, así como propietarios que tuvieron que dejar sus tierras para que se consumara este proyecto gubernamental se enfrentaran en algunos casos a litigios para intentar conseguir una indemnización más amplia, que la asignada, otros tendrán que emigrar ante la problemática social y política generada por la obra, mientras que otros sector de familias se verán obligadas a trabajar como mano de obra no calificada en los complejos inmobiliarios que se están generando en torno al megaproyecto ferroviario.
El artículo que lleva el título de Megaproyectos y conflictos ecoterritoriales. El caso del Tren Maya, escrito por la investigadora Laura Casanova Casañas, graduada en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra, Máster en Periodismo Político Internacional por IDEC-UPF y Postgrado en Cultura de Paz por la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, sostiene en su resumen los siguiente:
“Asimismo, se tomará como ejemplo el caso del Tren Maya, el megaproyecto estrella del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para evidenciar el falso desarrollo que promete la obra ferroviaria para el sureste del país en el marco de la llamada Cuarta Transformación. A través de este conflicto ecoterritorial, que ha despertado la oposición de movimientos sociales e indígenas, se plasmará este choque de visiones y se corroborará el avance de las fronteras extractivas gracias, entre otros aspectos, a la vulneración de derechos humanos como el derecho a consulta del Convenio 169 de la OIT. Por último, el artículo invitará a mirar el Tren Maya desde una mirada de las cartografías críticas, que lo interrelacionarán con proyectos mayores y que revelarán México como un país laboratorio de los tratados de comercio internacional que han propiciado la expansión de megaproyectos en el país”.
Esta publicación del 28 de febrero de 2021, se puede consultar en Casanova Casañas, L. (2021). Megaproyectos y conflictos ecoterritoriales. El caso del Tren Maya.
Relaciones Internacionales, (46), 139 159. https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/12752
¿Qué tipo de desarrollo promoverá el Tren Maya? ¿Qué posibles riesgos y escenarios se esperan? ¿Qué tipo de beneficios tendrían del megaproyecto los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las ciudades y los estados del sur de México? Este libro intenta contestar dichas preguntas y plantea otrasmás, mientras documenta la complejidad socioambiental de la región y las implicaciones en el diseño, construcción e implementación del Tren Maya. De esta manera se presenta el libro Territorio Mayas en el Paso del Tren (Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya), publicado por Bajo Tierra Ediciones.
Desde el año 2018, antes de que tomara posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, surgieron las voces a favor y en contra de este megaproyecto. De ese año a la fecha, la geografía de la Península de Yucatán es otra, los riesgos medioambientales han llegado a una etapa crítica. Por lo pronto, veremos la fiesta por la inauguración de este tren, después, en la resaca, veamos sus consecuencias.
Graciela Machuca
