La estructura de la CDHEQROO ha protegido a Omega Istar desde 2016 ante las denuncias de presunto fraude
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
En tanto la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), Omega Istar Ponce Palomeque, ya se instaló en su nueva oficina y empezó a disfrutar de su oneroso salario, las instituciones de procuración y administración de justicia de Quintana Roo no han sido capaces de obligarla a regresar el dinero al grupo de personas que defraudó desde el año 2016, ya desempeñando el cargo de psicóloga de la institución que ahora preside.
Recordemos que en este espacio periodístico ya informamos sobre el presunto fraude que cometió Ponce Palomeque a unas personas que le dieron dinero para que hiciera préstamos a familias de escasos recursos de las zonas rurales que ella conocía por su trabajo de psicóloga en la citada institución, situación cuestionable, primero porque utilizando su papel como psicóloga y servidora pública de una institución, hizo negocios con los usuarios de la misma y después, porque violó la ley al defraudar a personas que le dieron los ahorros de su vida para que realizara parte de esos préstamos.
En su momento, las personas defraudadas llegaron a pedir la intervención del después presidente del organismo, así como del órgano interno de control, pero la orden fue darle la razón a Omega Istar y permitirle que continuara con el fraude, burocratizaron el procedimiento interno de investigación, quisieron despojar a las víctimas de los originales de contratos y pagarés firmados por la ahora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, pero al no poder recuperar las evidencias del fraude, dieron por cerrado el caso, cometiendo, la misma Comisión de Derechos Humanos un delito y una violación a derechos humanos al desarrollar un procedimiento interno viciado.
El día dos de julio del año 2018, siendo coordinador de Capacitación de la Zona Norte de la CDHEQROO Marco Antonio Tho Euan, se dirigieron a él Blanca Rosa Ríos Ríos, Miguel Ángel Torres Cobarrubias, Jonatan Alejandro Torres Ríos, Edgar Iván Torres Ríos y Blanca Ríos Esquivel, para pedir su intervención ante el fraude de que fueron víctimas por su subordinada, Omega Istar Ponce Palomeque.
A través de una conocida en común, Omega Istar se acercó a la familia denunciante para convencer a sus integrantes que invirtieran en un proyecto de prestamos que tenía para favorecer a personas de escasos recursos económicos de comunidades rurales y que no podían cumplir los requisitos para obtener un préstamo bancario.
En ese entonces refirió que ella conocía a esas personas porque era psicóloga de la Comisión de Derechos Humanos y que vivían en las comunidades que ella atendía, por lo que ya se había ganado su confianza y les estaba prestando dinero, por ello convenció a estas personas a que invirtieran sus ahorros en este proyecto a cambio de un pequeño porcentaje de utilidad y la satisfacción de ayudar a otras personas.
Después de haberse cerciorado que Omega Istar trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos, el día cuatro de enero de 2016, las personas mencionadas retiraron de sus respetivas cuentas un total de 750 mil pesos, firmaron los contratos y pagarés respectivos, y le entregaron el dinero em efectivo a la secretaria de Omega Istar, la licenciada Janette Ramírez A. en la entrada de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y en un horario laboral.
Durante los tres meses siguientes, Omega Istar les entregó en tiempo y forma el porcentaje de utilidades convenido, pero después se les hizo ojo de hormiga, desde entonces no les ha vuelto a dar la cara, por lo que solicitaron la intervención de Tho Euan, quien en todo momento la protegió, incluso cuando llegó a presidir el organismo, dando instrucciones de que interviniera el órgano interno de control, pero para operar a su favor.
A pesar que las personas afectadas solicitaron que se iniciara una queja por violación a sus derechos humanos, ya que Omega Istar actuó como servidora pública, en horarios de trabajo y dentro de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, dicha queja nunca se inició.
Ya como presidente de la Comisión, en el año 2018, Tho Euan, les informó por oficio que el organismo no contaba con las facultades para iniciar una queja por violación a derechos humanos y que el caso se llevara por la vía jurisdiccional lo que motivó la inconformidad de las víctimas al percatarse que el mismo presidente de la Comisión estaba avalando un delito y una violación a sus derechos humanos.
Después de un año del procedimiento administrativo, el licenciado José Roberto Tolosa Aguilar, titular del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el 27 de septiembre de 2019, decidió cerrar el caso, “al no contarse con los elementos suficientes para demostrar la existencia de actos u omisiones que la ley de la materia considere, como faltas administrativas, sin perjuicio que vuelva a abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiese prescrito la facultad para sancionar”.
La familia defraudada cayó en bancarrota, sus miembros se encuentran enfermos físicamente y afectados emocionalmente por el fraude que fueron víctimas por una persona que dice defender los derechos humanos y la dignidad de las personas y que ahora preside en Quintana Roo el organismo público estatal defensor de los derechos humanos.
Graciela Machuca
