Falta de interés de aspirantes a puestos de elección popular por una agenda en pro de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Una de las apuestas de la sociedad civil organizada, para este año que ya va avanzado en más de cuatro semanas, es que los derechos de las mujeres en México ahora sí sean respetados y qué mejor oportunidad para conocer el sentir y el actuar de la clase política sobre este tema, ahora que por arte de magia se transforma y es todo oídos y condescendiente para las voces ciudadanas.
El próximo dos de junio habrá elecciones para la presidencia de la república y está garantizado que una mujer será la próxima titular del Poder Ejecutivo Federal, tomando en cuenta que las dos principales coaliciones de partidos presentaron a precandidatas únicas; también se renovarán el Senado de la República y la Cámara Federal de Diputados; congresos estatales, algunas gubernaturas y presidencias municipales.
Por ley todos los partidos políticos tuvieron la obligación de postular a igual número de hombres y de mujeres, salvo algunos ajustes para representantes indígenas. La participación de las mujeres en busca de un puesto de elección popular será histórica, como resultado del trabajo político y de activismo que han realizado miles de mujeres que no se encuentran dentro de la clase política partidista.
A pesar de la gran participación de mujeres en este proceso electoral, hasta el momento son contadas aquellas voces que tienen en su agenda como uno de los puntos prioritarios los derechos de las mujeres, así como propuestas para terminar con la violencia en su contra.
La mayoría de mujeres que han logrado el aval de sus partidos para contender por un puesto de elección popular asumen como propias las agendas de sus institutos políticos, y no se dan el tiempo de incluir, por lo menos a manera de anexo, el tema de cómo erradicar la violencia contra las mujeres.
En este proceso electoral, “la paridad es un piso, no es un techo”, sostuvo hace unas semanas la Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordán, al destacar que para las elecciones en curso se disputarán 20 mil 375 cargos de elección popular, de los cuales la mitad deberán ser para mujeres candidatas.
Desde luego que estos logros legales son insuficientes si quienes llegarán a esos puestos de elección popular no asumen como propia la agenda de los movimientos feministas en México, así como la voz de las víctimas de la violencia feminicida, a estas alturas de la convulsa sociedad mexicana ya no bastan los discursos, desde las instituciones se tiene que actuar y para ello están llegando a puestos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, mujeres que deban representar a las mujeres y no convertirse en voceras del patriarcado.
Diversas organizaciones civiles y políticas defensoras de los derechos humanos realizaron ocho foros regionales durante el año 2023, de los cuales surgió un manifiesto político que se pretende que firmen todos los aspirantes a un puesto de elección popular.
Este documento tiene entre otras manifestaciones que: Las mujeres integrantes de las organizaciones detallaron que no aceptarán que las mujeres y las niñas sigan siendo las más pobres entre los pobres, por ello demandaron «piso parejo, nadie se puede quedar atrás».
Añadieron que resulta fundamental que toda la ciudadanía disponga de servicios básicos: energía, agua, drenaje, vivienda, escuelas de tiempo completo de calidad y con alimentación, servicios médicos y transporte para toda la niñez mexicana.
En el mismo documento se exige la Declaratoria de Emergencia Nacional conducido por el gabinete de seguridad nacional contra la violencia a las mujeres y reformar la justicia en México, «desde dotar de facultades a los ayuntamientos en materia de prevención y atención, policías especializadas y capacitadas, ampliar las fiscalías especializadas existentes e instalar juzgados mixtos especializados en materia de violencia familiar, violencia sexual y feminicidio».
Un sector de la sociedad civil organizada aportó este amplio documento, pero dentro de las dirigencias y militancia de los partidos políticos no existe ningún ejercicio de esta naturaleza que demuestre su interés para que la violencia contra las mujeres en México sea erradicada.
De la mayoría de los partidos políticos en México, hemos conocido historias en las que los lideres nacionales, estatales o municipales son los principales violentadores de mujeres. Tenemos el caso del senador por Guerrero Félix Salgado Macedonio, del partido Morena y ahora se vuelve a viralizar el nombre del dirigente nacional del PRI.
La diputada federal del PRI, Montserrat Arcos Velázquez denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y a Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, secretario de Finanzas; por violencia política de género tras negarse a «un esquema de corrupción y desvío de recursos por 32 millones de pesos destinados a la capacitación de mujeres del Organismo Nacional de Mujeres Priístas»; situación que le ha derivado en violencia por parte de la dirigencia del partido.
Estos ejemplos nos dan una muestra del porque los derechos de las mujeres no forman parte de la agenda electoral de los partidos políticos en México.
La tragedia que enfrentan las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes que son asesinadas, violentadas sexualmente, desaparecidas es una situación muy preocupante en la entidad, circunstancias que al parecer solo a unas cuantas nos preocupa, porque las ahora precandidatas andan muy distraídas con sus agendas partidistas, más no con las agendas de las necesidades de las mujeres.
Cuando llegan a ser gobernantes, casi todas llegan a hacer machos con faldas, entonces de nada nos sirve tener presidentas municipales o diputadas, eso no tiene ningún sentido, porque sus agendas son partidistas y personales, se olvida de todos los apapachos que dieron a las mujeres durante las campañas, te dicen, yo te admiro mucho, eres admirable, pero ahora que se sentaron en la silla del poder, ya no tienes acceso a ellas, te bloquean, simplemente.
Ya no te dejan entrar a los eventos, te bloquean en el teléfono y de las redes sociales; atienden otros intereses totalmente distintos a las necesidades de seguridad por el ambiente tan grave que vivimos, por ejemplo, el día lunes 29 de enero, se documentaron por lo menos diez asesinatos en Quintana Roo.
A este clima de inseguridad, hay que agregar la falta de acceso a los servicios de salud, es terrible enfrentarse al pésimo servicio de salud en la entidad, no resuelven una urgencia los hospitales.
Tanto las autoridades de seguridad pública de Quintana Roo, como de la Fiscalía del Estado, no les interesa diseñar estrategias de prevención para erradicar la inhumana desaparición de personas; hay casos que han alcanzado difusión nacional e internacional como el de la niña Fernanda Cayetana, pero ni ello ha movido a las instancias gubernamentales a reaccionar para poner en marcha programas dirigidos a la prevención de este tipo de delitos.
En Quintana Roo, que por decreto presidencial será la entidad con mayor inversión federal para los proyectos de la 4T, se está pagando un alto costo por parte de la sociedad quintanarroense, porque al igual que al resto del país se redujeron los presupuestos en áreas prioritarias como Salud, Educación y Seguridad Pública.
Hago un llamado a todas las mujeres que sean ratificadas como candidatas a un puesto de elección popular que se sumen a las agendas de la sociedad civil organizada y que tiene propuestas de avanzada en materia de los derechos de las mujeres, solo se requiere que tengan interés y voluntad por incorporar a su agenda el tema, si requieren capacitación al respecto hay colectivos y mujeres expertas que gustosas aportarán su granito de arena porque en la agenda electoral del 2024, los derechos de las mujeres no sean solo parte del discurso.
Graciela Machuca
