En la campaí±a electoral que ya terminó estuvo presente en muchos medios de comunicación el temor a nuevos movimientos poselectorales. ¿Por qué? Nadie lo explica sino que se da por sabido. Sin embargo, se oculta que las protestas contra el fraude no generaron violencia después de 1952 cuando decenas de enriquistas fueron masacrados por el gobierno de Alemán.Pablo Gómez. Grupo MilenioDespués de cada movimiento poselectoral (1988, 2006 y otros de carácter local) se produjeron cambios en la legislación, aunque no podrí­a decirse que ocurrió lo mismo en cuanto a los métodos defraudatorios. Tales cambios han sido lentos e insuficientes, es cierto, pero no se puede ocultar que, en gran medida, fueron producto de las protestas contra los fraudes electorales.El último movimiento, el de 2006, fue el elemento principal de la reforma que modificó el sistema de comunicación y propaganda polí­tica, otorgó nuevas facultades al IFE, definió mejor las atribuciones del tribunal y creó algunas otras figuras constitucionales de carácter polí­tico (réplica, publicidad gubernamental), además de despachar a los consejeros del IFE. No se logró el objetivo concreto del movimiento: hacer un recuento de los votos, lo que hubiera sido lo más saludable para el paí­s al verificar lo que habí­a en las urnas, evitar los jaloneos en el Congreso y crear un ambiente polí­tico del todo diferente.Junto a la exigencia de que no debe hablarse de fraudes y que todo mundo tiene que admitir los resultados, así­ sean éstos producto del fraude encubierto, se exige confianza. Pero cualquier sistema electoral se fundamenta justamente en la desconfianza. Sin ésta no puede haber vigilancia. Se debe desconfiar de las instituciones y mucho más de los adversarios cuando el poder está en proceso de renovación. Llamar a la confianza es como si se dijera que no hay que realizar auditorí­as del gasto público para no suponer deshonestidad. Siempre se debe partir de que se puede robar al erario, de la misma manera que siempre hay que partir de la posibilidad del fraude electoral, en especial en México, donde la historia nos obliga a la sensatez.La desconfianza hacia la proclamada imparcialidad de las autoridades y hacia la acción de los adversarios es ahora la columna vertebral del sistema de renovación de los poderes públicos. Es un principio constitucional implí­cito. Sin esa desconfianza no habrí­a vigilancia y tampoco existirí­an las quejas administrativas y judiciales ni las denuncias penales. Pero cuando la autoridad no demuestra probidad, entonces la calle es la respuesta para hacer valer la protesta. Todo eso es algo normal y, más aún, casi siempre ha sido benéfico para el paí­s.Sin embargo, ahora se trata de voltear la historia y la realidad polí­tica. Se habla de un paí­s que no existe, en el cual el fraude electoral es ”insignificante» según la ifelandia con la que se pretende convertir la coacción y compra de votos en un ”mito». Pero no solo se trata de esto, sino también del uso ilegal de dinero, como lo hemos visto en los últimos meses. ¿De dónde ha sacado el PRI tantos millones que se alcanzan a ver con solo asomarse a la calle y también en videos donde se advierte la entrega de efectivo a votantes, así­ como en tarjetas-monedero. ¿Hay que callar para no faltar al respeto a las instituciones?La Fiscalí­a Especializada en Delitos Electorales (Fepade) es la institución electoral que acusa el mayor fracaso, sencillamente no existe, pero las autoridades remiten a la gente a ese Ministerio Público fantasma. ¿Hay que confiar en la Fepade? Eso nos dijeron cuando el Pemexgate y Amigos de Fox, por solo mencionar dos casos emblemáticos correspondientes al PRI y al PAN. Las multas fueron solo en la esfera administrativa, tras aí±os de lucha y de estruendosas denuncias públicas, pero la justicia penal brilló por su ausencia.No puedo estar de acuerdo con la confianza en las instituciones electorales como principio democrático.

Graciela Machuca

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