Las desaparecidas
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VERí“NICA ESPINOSA
De dos aí±os a la fecha Querétaro se ha convertido en una especie de agujero negro para las adolescentes. El número de muchachas de entre 13 y 16 aí±os que simplemente ”desaparecen» ha aumentado a partir de 2010. Y en lugar de investigar y atender el problema, las autoridades locales falsean las cifras, criminalizan a las víctimas y se escudan en una ley ambigua para justificar su inacción. Son las familias de las desaparecidas y organismos de derechos humanos los que se dan a la tarea de averiguar qué pasa… Todo apunta a la operación de una red de tratantes de mujeres.
QUERí‰TARO, QRO.- El número de mujeres jóvenes desaparecidas en esta entidad se ha multiplicado en aí±os recientes mientras la Procuraduría General de Justicia de Querétaro (PGJQ) ”maquilla» la información para tratar de mostrar la cara de una entidad segura.
En su portal de internet la PGJQ publica las fichas de cuatro varones menores de edad, cinco hombres adultos, tres mujeres adultas y 15 jovencitas, todos en calidad de extraviados, pero el procurador local, Arsenio Durán Becerra dijo a organizaciones civiles que este aí±o tiene ”reportes activos» de 53 mujeres desaparecidas, de las cuales 48 son menores de edad.
Durán presentó estos datos en una reunión de organizaciones defensoras de los derechos humanos con funcionarios de varios estados para revisar el seguimiento a las recomendaciones internacionales por el caso Campo Algodonero.
”Quién sabe hasta cuándo las autoridades estatales podrán sostener esa imagen de que en Querétaro no pasa nada. Los queretanos nos estamos dando cuenta de que sí pasa, de que la violencia también nos alcanza, de que ocurren cosas; hay mujeres asesinadas, hay mantas de grupos delictivos mientras todo el tiempo el discurso oficial es que son casos aislados, que aquí no hay violencia», dice a Proceso la coordinadora en Querétaro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Lluvia Cervantes Contreras.
Alude a las tres mantas que el miércoles 12 aparecieron en el municipio de Corregidora supuestamente firmadas por Los Zetas, en las que se propone una tregua a Los Caballeros Templarios, grupo que ya ha dado seí±ales de presencia en Querétaro.
La activista alerta sobre el hecho de que según datos de la PGJQ —obtenidos mediante solicitudes de información gubernamental— ”se está advirtiendo la desaparición de chicas de entre 13 y 16 aí±os».
En octubre de 2010 desaparecieron siete menores de edad —todas mujeres— en un periodo de 10 días. ”Aparentemente después de eso no hubo nuevos casos hasta julio de este aí±o, cuando desaparecieron otras siete. Y a principios de este mes la Procuraduría publica en el portal otro número igual de casos, pero resulta que estas nií±as habían desaparecido entre 2009 y 2010″, detalla Cervantes.
Con este manejo de la información las dudas sobre lo que realmente ocurre son muchas, dice. La actualización de datos que publica la Procuraduría es confusa, agrega, pero se advierten patrones al revisar los perfiles de las jóvenes desaparecidas; incluso esa institución advierte acerca de la posibilidad de que las muchachas hayan caído en manos de tratantes de personas para la explotación sexual o laboral.
”Observamos la dinámica nacional de las redes de trata que operan en el país. Hace poco la CNDH dio a conocer varias estadísticas que nos indican que no son casos aislados que sólo pasan en Ciudad Juárez o en el Estado de México, sino que son redes que operan para la trata de personas en muchas partes. No podemos pensar que Querétaro es un caso aislado», advierte.
Los familiares de estas jóvenes, por su parte, entran en la misma dinámica que se ha descrito ante tantos otros casos en otras regiones del país: Hacen el trabajo de las autoridades, siguen pistas, buscan a las jóvenes con sus amigos o en las redes sociales.
No ayuda que, al menos en las escasas fichas que divulga el portal de internet de la PGJQ, a varias de ellas se les etiquete como ”rebeldes» o ”con problemas de conducta» o se describa que ”es la tercera vez que se va de su casa»; detalles ”agregados» recientemente.
”Esto es violencia oficial», dice Cervantes: ”En cada foto que vemos la explicación que se pone del momento en que desapareció esa chica tiene que ver con que es muy rebelde, tiene problemas de conducta. Y en un país con un contexto de violencia hacia las mujeres, esta violencia se oficializa, las culpables son las mismas mujeres: Si te golpea tu pareja es porque algo hiciste para que te lo merecieras y si desapareces es porque tenías una conducta rebelde».
La entrevistada rechaza tajante esos juicios de valor. ”El trabajo de la procuraduría tendrá que ser apegarse a la ley y a la objetividad, no juzgar por qué se fueron».
Aunque prevalece el pesimismo en cuanto a la modificación de esas posturas oficiales, pues lo mismo ocurre en el ámbito legislativo y en el gobierno estatal, donde no se ha terminado de instrumentar cabalmente la ley de atención a mujeres víctimas de violencia.
Querétaro es una entidad que aún no tipifica el delito de feminicidio. ”Algunas organizaciones de la sociedad civil han tratado de poner sobre la mesa esta tipificación, pero la Legislatura que está por irse no abordó el tema», lamenta Cervantes y el panorama para la siguiente no es más alentador, dice. El próximo Congreso sólo tendrá dos diputadas.
Celia
A cuentagotas y luego de engorrosos trámites ante las instancias de acceso a la información, la PGJQ reveló que hasta mediados del aí±o pasado tenía en sus registros a 330 personas reportadas como desaparecidas en la entidad, número que ha aumentado de manera exponencial en 2010 y 2011, sin que se sepa a ciencia cierta qué ha pasado en el último aí±o.
A petición del semanario local Libertad de Palabra —único medio queretano que ha abordado el tema— la Procuraduría entregó un reporte de personas extraviadas y desaparecidas —y aún no localizadas— de 2006 a 2011: cinco en 2006, nueve en 2007, 26 en 2008 y 25 en 2009. El número se disparó en 2010 cuando desaparecieron 126 personas. Hasta julio de 2011 ya había otras 139 desaparecidas.
La solicitud de información fue presentada a principios de marzo y ante la falta de respuesta el semanario interpuso un recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Información Gubernamental, que resolvió en agosto ordenar a la Procuraduría que entregara la información, lo que se hizo un mes después.
Pero la dependencia se limitó a elaborar un informe que incluyó, sin diferenciación alguna, a personas extraviadas y desaparecidas. Abordado por un reportero de ese semanario Durán dijo: ”La gran mayoría son personas, insisto, que después de su extravío simplemente a las horas o a los dos días, tres, llaman a su casa, explican que, pues no sé, se fueron repentinamente a algún lugar de breves vacaciones y regresaron inmediatamente después y así sucesivamente».
El martes 11 Proceso solicitó al procurador una entrevista acerca de ese tema. Aún se espera una respuesta.
Si los datos oficiales son confusos más lo es el procedimiento que enfrentan los familiares de las desaparecidas cuando acuden ante las autoridades y esperan que se inicie una investigación. La PGJQ registra una ”constancia de hechos» que califica todos los casos como ”personas extraviadas» bajo el supuesto de que en ese momento ”no se establecen delitos contra la libertad, la vida o la salud personal».
Este formato se basa en un acuerdo oficial publicado en julio de 2008 en La Sombra de Arteaga —periódico oficial del estado de Querétaro—, que establece que los agentes del Ministerio Público que conozcan de hechos ”que por su propia naturaleza o por carecer de los elementos constitutivos necesarios, aun no puedan ser considerados delitos» deberán iniciar la constancia de hechos en el caso de personas desaparecidas ”simplemente por ignorarse su localización o se haya interrumpido algún modo de comunicación con ella» y no se establezca la existencia de un posible delito.
A esto se ha tenido que enfrentar la madre de Celia Serrato Becerra, cuya fotografía no aparece entre las fichas de desaparecidas del portal de internet de la PGJQ pese a que la joven fue reportada el 24 de agosto.
Celia cumplirá 17 aí±os el 22 de octubre. Estudia bachillerato en el SABES en Punta de Obrajuelo, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, donde vivía con su familia hasta el día que desapareció.
La joven tiene amigos y familiares en la capital queretana, como otros vecinos de su comunidad, situada en los límites entre ambos estados.
Su madre reportó la desaparición en ambas entidades. El 27 de agosto se presentó en la agencia IV de Querétaro, donde fue levantada la ”constancia de hechos» IV-CH/270/2012, misma que consigna ”extravío de menor, adulto mayor o persona con capacidades diferentes» y en la agencia I de Apaseo el Grande el 4 de septiembre, donde se abrió el expediente 13072/2012.
El 24 de agosto Celia pidió permiso para ir a una fiesta en Querétaro. Se vería con unos amigos en el jardín Guerrero —en el centro de la ciudad— y dormiría en la casa de una prima, a donde nunca llegó.
Con ayuda de vecinos, familiares, amigos y conocidos la madre de Celia ha encontrado pistas que la hacen pensar que su hija fue enganchada desde semanas antes de su desaparición por tratantes de mujeres.
Ella ha denunciado esto en algunos espacios informativos locales y habla con Proceso sobre los mensajes, las seí±as, los datos que ha seguido, ”porque tengo que encontrarla». Ha ido a la agencia IV de Querétaro varias veces a ampliar su declaración. Ha pedido, sin éxito, que tomen en cuenta las pistas que ha encontrado y que el caso de su hija sea atendido como trata de personas.
”El día que fui a la agencia la persona que me recibió la denuncia me dejó hablando sola porque agaché la cabeza; estaba agotada, sin comer ni dormir. Me fui a quejar y les dije: Un funcionario público debe tratar a las personas igual, vengan descalzas o con zapatos, sean pobres o ricas’. No me da miedo buscar a mi hija porque no se vale quedarnos calladas».
En la comunidad sus vecinos la han apoyado con dinero, con despensas, ”con su compaí±ía más que nada; qué cabeza voy a tener para hacer de comer», dice a este semanario en una sala de Radio Universidad, de la Autónoma de Querétaro, donde acaba de contar su historia y pidió ayuda una vez más.
Un par de oficios —uno de ellos a Locatel— y alguna diligencia de la que no se dan mayores detalles es todo lo que aparece en el seguimiento de la constancia de hechos por la desaparición de Celia.
”No sé por qué no han puesto su foto. Yo les dejé una. Pregunté en qué van y me dijeron que no me podían informar nada», comenta la mujer que se encuentra con un funcionario diferente cada vez que acude a entregar nuevos datos, a ampliar su declaración, a preguntar si ya hay algo.
”Yo revisaba su cuarto, sus libros, su mochila, porque ya ve lo que se dice de las drogas. Nunca le encontré nada. Ella no se arreglaba; cuando su prima la invitó a trabajar para que ganara un dinerito le regaló una bolsota de ropa para que pudiera ir presentable».
El martes 11 la madre de Celia acudió al DIF estatal a pedir apoyo. La mandaron de nuevo a la Procuraduría para hacer otra ampliación de su declaración. Cuando imprimieron el testimonio para que lo firmara reclamó que no hubieran incluido su petición de que el caso fuera investigado como trata de personas. Y anunció que el jueves siguiente buscaría al gobernador de Guanajuato, Héctor López Santillana, para exponerle el caso.
”Entonces rompieron la hoja que habían hecho y me dijeron que para todo había que buscar palancas. Le agregaron lo que yo pedí y me la dieron otra vez a firmar.»
A cada lado de la frontera estatal ha encontrado un trato distinto, trámites distintos, sin un protocolo homogéneo, atenida a veces a la buena disposición del funcionario en turno.
”Los de Guanajuato ya citaron a varias personas. En Querétaro mi esposo fue hoy (jueves 13) y le dijeron que ya se iban a mover; que se dieron cuenta por la queja que yo puse de que no habían hecho mucho…»
Ese jueves la madre de Celia interceptó a López Santillana durante una gira de trabajo de éste por Apaseo. Ahí le entregó una carta que le redactaron en la presidencia Municipal:
”Le solicito de su gran apoyo y ayuda ya que es de emergencia. El 24 de agosto del presente aí±o desapareció mi hija Celia y presiento que la tienen privada de su libertad, ya que no hay comunicación con ella. Pido intervenga la Procuraduría del estado de Guanajuato a lo que se pueda hacer, ya que no encontramos una salida. Ya puse denuncia en el Ministerio Público en la agencia 4 (de Querétaro) y también ya tiene conocimiento el ministerio público de Apaseo el Grande. Seí±or gobernador, siento que a mi hija la tienen secuestrada o amenazada, ayúdeme por favor».
El gobernador la recibió con premura ”porque todavía tenía que ir a León», cuenta la madre de Celia Serrato.
”Me dijo que me van a llamar».
Graciela Machuca
