Michoacán: más allá del periodismo de la «guerra»
lasillarota.com
MARCO LARA KLAHR
Es probable que esta incompetencia se relacione, en parte, con la política comunicacional del régimen calderonista, que nos agudizó la patológica dependencia de información oficial tan profusa y poco fiable, como estridente y polarizante. Y ahora que el nuevo gobierno federal, el de Enrique Peí±a Nieto, cambió esa política por otra más bien parca, nos hallamos fuera de lugar. Así, de tanto maniquiur, nuestro periodismo ha ido perdiendo las garras.
A propósito, haciéndose eco del desconcierto entre medios y periodistas mexicanos por esta razón, la semana anterior una colega reportera de un diario internacional me preguntó si coincidía en que la política comunicacional de la actual administración federal tenía como objetivo verdadero «ocultar la violencia del crimen organizado» y qué tanto lo anterior afectaba el derecho a la información de los mexicanos.
Esto motiva una reflexión en dos dimensiones:
1. Como lo he repetido en este y otros espacios, por ahora no tengo elementos suficientes para afirmar que detrás de la política de comunicación del gobierno de Peí±a Nieto hay móviles inconfesables. Entonces prefiero concentrarme en si esa política está basada legítimamente, o no, en la de seguridad pública y justicia penal.
Toda política comunicacional democrática —es decir, legítima, transparente y movida por la rendición de cuentas— ha de tener una base de realidad: en este caso, el gobierno tendría que estar aportándonos, a través de su comunicación, el correlato más veraz posible de lo que sucede con la seguridad y la justicia. Tenemos derecho a eso.
Por desgracia, el actual gobierno federal, como sus predecesores, sigue centrándose en lo simbólico, olvidándose de lo real. Es positivo, por ejemplo, que al dar a conocer la detención de Miguel íngel Trevií±o, supuesto líder de la organización criminal denominada «Zetas», evite el «linchamiento mediático», el «tribunal paralelo» —lo mismo que hizo en los casos de Elba Esther Gordillo y Andrés Granier—. Lo celebro. Pero lo real es que no tenemos certeza sobre la sostenibilidad de los cargos en su contra, ni de la legalidad del proceso judicial que se les sigue. Tampoco, si constituyen el riesgo social que se dice oficialmente.
Esta falta de información veraz, de certidumbre, sigue siendo sustituida por la especulación colectiva, evidenciándose la nula credibilidad institucional y la proclividad de una sociedad al linchamiento moral —mucho de él a través de los viejos y nuevos medios.
2. Algo semejante ocurre con el crimen organizado. El gobierno federal ha sido mesurado al dar información sobre las acciones criminales violentas y la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado. En cambio, el grueso de los medios y los periodistas vamos construyendo una narrativa sensacionalista enfocada en los polos, sacándole la mayor raja a la escasa información —casi toda iconográfica.
De esta forma, lo que sucede en Michoacán está siendo consignado noticiosamente como una «guerra» —hay medios que hablan del «frente de Michoacán»—, tal cual se hacía en el periodo calderonista. Se informa asimismo que la organización criminal autodenominada «los Caballeros Templarios» estaría actuando reactivamente porque el gobierno, en su política de combate al crimen, está afectando, ahora sí, sus intereses en el negocio de drogas ilegales.
Mi experiencia en Michoacán, como reportero y autor de libros, es que el problema es estructural. Como Tamaulipas, Michoacán tiene un Estado paralelo, donde la mencionada organización criminal hegemónica monopoliza en varias regiones la producción agropecuaria y la industria extractiva, el comercio, los servicios, el transporte y la exportación, así como la recaudación de impuestos y la mediación de conflictos desde civiles y mercantiles hasta penales —aparte de los giros ilegales de producción y tráfico de estupefacientes; tráfico de personas y armas; secuestro, asesinato, extorsión, robo y despojo.
Pero lo más severo es que todo esto le es posible merced al amplio consenso social del que goza. Como parte de mi trabajo he entrevistado y conversado con varias decenas de servidores públicos de todos los niveles —policías incluidos—, empresarios, productores, exportadores, líderes sociales y periodistas, y puedo sostener que, en general, sus opiniones van de la condescendencia y la empatía, al apoyo franco —hay quienes llegan a sostener que «con ‘los templarios’ las cosas han mejorado».
Entre tantos interlocutores, apenas un puí±ado disiente o expresa rechazo, pero lo hace con auténtico temor de ser identificado.
En suma, el escenario michoacano exige una intervención del Estado que va mucho más allá de la reacción punitiva y de ralentizar el timingmediático. Como parte de la política criminal se impone la desarticulación cultural de ese consenso colectivo en favor del crimen.
En cuanto al papel de los medios y los periodistas, podríamos contribuir en esa ruta dejando de concentrarnos solo en los actores polarizados, para mirar también lo de en medio: una población altamente vulnerable a la violencia, cada vez más castigada por la ausencia del Estado democrático.
Graciela Machuca
