CDP: Solicitamos que incorporen a este proceso. Comparto algunas razones para lograr una ley ejemplar
Periodistas.
28 de Julio de 2014 a la(s) 23:03
Hay que recuperar el paso. La capital necesita una ley de protección a periodistas ejemplar para todo México.
Intervención del periodista Rogelio Hernández López como integrante de organizaciones civiles en el inicio de trabajos por una iniciativa de ”Ley de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas». Lunes 28 de julio de 2014, salón Benito Juárez, Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Plaza de la Constitución # 7, Centro Histórico.
Saludo cordialmente a todas y todos los presentes en esta reunión que podría resultar trascendental.
Podría resultar trascendental, lo digo como periodista veterano, porque, asoman aquí varios signos que no se ven en otras entidades: el empuje de organizaciones sociales y de periodistas; voluntad política de los poderes de gobierno y de la defensoría de los derechos humanos, y una coincidencia: general como no se ha dado en ningún otro lado: de que es posible generar una ley con amplia participación social, y otras medidas y políticas públicas para la protección integral para dos actividades de interés público.
Veremos si se cumplen estos signos.
Han tenido que pasar casi cuatro aí±os en que hemos visto acciones positivas de gobierno, muchas vicisitudes lamentables y una atonía gubernamental para llegar a este momento.
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En 2009, cuando ya parecía imparable el ciclo de agresiones contra defensores de los derechos humanos y periodistas en un entorno de violencia focalizada en varias entidades del país, la Comisión de los Derechos Humanos y el Gobierno del Distrito Federal dieron respuestas a demandas ciudadanas para enfrentar esos fenómenos negativos.
La Comisión de Derechos Humanos y el gobierno capitalino, realizaron consultas y se incorporaron planes al respecto en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, varios de esos lineamientos se convirtieron en leyes y políticas públicas que necesitan ser renovadas.
La Asamblea Legislativa a fines de ese aí±o, en consecuencia, aprobó dos planes legislativos uno para comenzar a reconocer derechos humanos de cuarta generación que exigían diversos organismos civiles y que le ganaron a la capital del país un lugar de avanzada en toda la república.
El otro plan legislativo, también multi-demandado socialmente, fue por la Libertad de Expresión, entre otras cosas, para legislar tres derechos para los periodistas: reconocer como de interés público a esta profesión junto a las de abogados, corredores públicos, notarios, ministros de culto y médicos; sus derechos a la secrecía de sus fuentes y la cláusula de conciencia. Además ordenó la instalación de una Casa Refugio para Periodistas en riesgo. El poder legislativo. También dio oportunidad a otras personas de ejercer sus derechos de vida intima y honor; réplica; y mayor acceso a la información en la Ciudad de México.
Iba bien.
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Por otra parte el Gobierno del Distrito Federal, a fines de 2009, Instaló en la Procuraduría de Justicia la Mesa Especializada para atención de delitos contra la Libertad de Expresión y, casi simultáneamente, con el acompaí±amiento de la Comisión de los Derechos Humanos, se instaló la Mesa Multisectorial por la Libertad de Expresión, como una instancia de diálogo permanente entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con representantes de muchas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, de medios y de periodistas.
Esa Mesa, que se instituyó por uno los lineamientos (89) del Programa de Derechos Humanos para el Distrito Federal en su parte de Libertad de Expresión no tenía precedentes en todo México. Pero inexplicablemente dejó de operar casi a la par de que el Gobierno del DF instaló un programa de protección a defensores y periodistas.
Esa mesa, debería reinstalarse por mandato de una ley específica como un Consejo Social y Multisectorial de Gobierno; debería reinstalarse por orden de la Ley de Protección Integral para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.
Y la mesa especializada de fiscales en Procuraduría PGJDF ya no es solamente para libertad de expresión porque le ampliaron sujetos de atención y no le dieron derecho para actuar: es decir no se ha modificado el código penal del Distrito Federal para sancionar a quien obstruya, limite, impida, agreda o atente contra el ejercicio de la libertad de expresión, que incluye los derechos de periodistas, algunos de defensores, de prensa, de manifestación y de protesta.
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Otro resultado de esta inercia de aquella colaboración de gobierno y de civiles, desatada por la comisión de los Derechos Humanos, fue la convocatoria de la Asamblea legislativa para fundar la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP), que el gobierno del Distrito Federal cooperó para que fuera otra singular instancia sin precedentes: de gobierno, con recursos públicos para diseí±ar y operar programas de protección para periodistas y administrar la Casa Refugio, pero atendida, con autonomía y trasparentemente, por una Asociación Civil de los abogados y periodistas especializados que concurrieron a la convocatoria de la ALDF y del GDF.
Pero hoy la Casa Refugio no se ha podido instalar cuatro aí±os después, y el singular centro civil de servicios, que ha operado sin la Casa Refugio, está en riesgo de cerrar sus actividades por falta de los recursos financieros establecidos en la política pública de protección; esto a pesar de que sus resultados fueron más allá de lo esperado. Desde enero de 2011 cuando comenzó a operar ha realizado 113 intervenciones de protección para atender a 1, 040 periodistas de 24 entidades de la república; 30 intervenciones de protección cautelar: 50 de protección correctiva y 32 de protección preventiva. También esta instancia mixta, pública y civil, debería estar en la legislación de protección integral.
Y el mecanismo de protección en el distrito federal, también fue efecto de la presión de organizaciones y de organismos internacionales para todo el Estado Mexicano. pero que expresó la voluntad política de dar respuestas rápidas y específicas en la capital del país, lo cual se agradeció en su momento, pero hoy también ya fue rebasado.
El primer seí±alamiento que se le hizo fue el de haberse formado, el 29 de marzo de 2012, mediante un acuerdo administrativo y no de una ley específica, lo que significó desde el origen convertirlo en un programa de gobierno y no un mecanismo de protección verdadero, por ende someterlo a un sinfín de decisiones burocráticas, disponer de muy pocos recursos financieros y de personal demasiado insuficientes para enfrentar la magnitud de sus retos.
Es cierto, que con todas sus limitaciones se han hecho esfuerzos por cumplir con algunos de sus objetivos. La Subsecretaría de Gobierno informó hace unas semanas que ”con dicho programa se han atendido 48 casos con medidas de seguridad y de apoyos sociales… (que) del total de casos atendidos, el 70 por ciento de ellos tienen sus fuentes de amenaza en sus entidades… (y que) Desde su diseí±o, creación y operación del Mecanismo han participado en conjunto las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública local, la Procuraduría General de Justicia capitalina, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, acompaí±ados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También participan al menos 22 organizaciones de la sociedad civil».
Sin embargo, esto último es una referencia porque hasta el día de hoy, desde la sociedad civil únicamente acompaí±amos al subsecretario y a su escaso personal de apoyo para protección, Balbina Flores, corresponsal de Reporteros sin Fronteras, la Casa de los Derechos de Periodistas y el periodista Andrés Solís.
Como persona tengo que reconocer que este equipo de gobierno hace muchos esfuerzos pero se topan con todas las limitaciones que se han seí±alado en privado y públicamente, en al menos tres ocasiones:
La organización internacional Artículo 19, en noviembre de 2012, apenas a ocho meses de creado, emitió una fuerte crítica porque el llamado mecanismo era inoperante. Dijo que la crítica ”no va encaminada a cuestionar la voluntad política del Gobierno de la Ciudad de México para la protección de periodistas, sino las deficiencias patentes en la traducción de los mismos en acciones concretas de protección. No es tampoco una crítica en abstracto, sino una lectura de los resultados concretos y tangibles de la política de protección hasta el momento instrumentada por las autoridades de la ciudad.
El 23 de enero de 2013 los representantes de organismo civiles dentro de esta instancia también firmamos una carta al jefe de gobierno con distintas críticas a los problemas de funcionamiento y demandamos ”dotar al mecanismo de un marco legal que dé certeza, sobre las obligaciones que guardan las autoridades para la protección de las personas».
Y hace unas semanas, el 14 de mayo, cuatro de las organizaciones con posiciones en el Comité de Evaluación y en el Grupo consultivo, se retiraron e hicieron pública otra carta que machacó en las insuficiencias detectadas. Escribieron que:
”…no ha dotado a este instrumento de la estructura jurídica, institucional y de presupuesto necesario para su correcto funcionamiento. Hasta el momento no hemos tenido respuesta a nuestras solicitudes de diálogo y nuestras propuestas para asegurar la efectiva implementación del Mecanismo, no se ha tomado en cuenta o se han aplicado parcialmente».
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En resumen, porque los agravios a defensores y periodistas no cesan y ya elevan su violencia en el Distrito Federal, necesitamos un mecanismo de protección de a de verás, creado por una ley, que tenga fuerza jurídica, fondos para funcionar, personal suficiente y, por supuesto, institucionalice la participación de la sociedad civil y sus organizaciones más interesadas —como las aquí presentes— para seguir construyendo el marco jurídico y las políticas públicas que sean necesarias para una protección integral.
Habrá oportunidad de que todos los presentes y otros hagamos propuestas en las mesas de trabajo que se instalan a partir de hoy, pero desde ahora creo no equivocarme en adelantar que los defensores de los derechos humanos y del ejercicio del periodismo queremos un marco legal que no sólo reconozca y proteja nuestras actividades, sino también nuestros derechos, esto sería la protección integral.
Las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos y contra quienes ejercen el periodismo hacen que la mayoría de los presentes coincidamos en que se requiere que los poderes de gobierno y la sociedad civil cumplan con sus misiones y obligaciones, poniendo todos los recursos a su alcance de manera coordinada. Por separado no hemos podido, en ningún lugar del país.
Por todo esto es que es muy buen síntoma la presencia de todos los asistentes .Desde la ciudad de México mandemos el mensaje. Gracias.
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Rogelio Hernández López. Reportero desde 1977. Coordinador del Programa de Protección a Periodistas de la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP); integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, miembro del Comité del Mecanismo de Prevención y Protección a Periodistas, Colaboradores Periodísticos, así como a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Situación de Riesgo con Motivo del Ejercicio de su Labor, del Distrito Federal.
Graciela Machuca
