CIDH reclama al Estado mexicano casos Tlatlaya e Iguala
aristeguinoticias.com
Washington.- Como se puede ver en los últimos 3 videos, lo que era una audiencia del gobierno mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -con el fin de presentar su programa nacional en esa materia- se convirtió prácticamente en un juicio al Estado por diferentes casos, como la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, así como la masacre de Tlatlaya, y otras violaciones a los derechos humanos en el país.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio ílvarez Icaza, lamentó: ”Hay un contexto de grave crisis de lo que está pasando. Y es lamentable no solo los hechos de Ayotzinapa, los hechos de Tlatlaya, los hechos de Puebla… lamentable es también es que son patrones que venían sucediendo antes».
Jaqueline Sáenz, coordinadora de Fundar, seí±aló que no ha habido un cambio contundente para prevenir las violaciones de derechos humanos, o combatir la impunidad. Y apuntó que el país enfrenta una crisis por más de 22 mil desaparecidos, entre ellos los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
El relator para México de la CIDH, James Cavallaro, dijo que percibe buena voluntad del gobierno federal, que contrasta fuertemente con la actuación de distintas autoridades estatales y municipales.
En respuesta, la representante del gobierno federal, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, sostuvo: ”Que no quepa duda que ante las circunstancias que se presentaron en Tlatlaya y en Iguala, el Estado mexicano no descansará hasta aclarar los hechos, castigar a los responsables y atender de manera integral a todas las víctimas, también estamos conscientes de impulsar medidas de no repetición, hay un compromiso indeclinable del gobierno de la República por avanzar en el fortalecimiento institucional».
En tanto, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, calificó como falso que haya una política de violación de derechos humanos, aunque reconoció ”desafíos inmensos», pero negó una política de Estado de violación de derechos.
Graciela Machuca
