Estado mexicano no ha cumplido a las mujeres
Socorro Chablé/poresto.net
El aí±o 2014 no es la excepción en relación a otros aí±os, una vez más el Estado mexicano no le ha cumplido cabalmente a las mujeres y las nií±as y concluye con grandes pendientes que no permiten el avance en el respeto y garantía de los derechos humanos de la mitad de la población.
Prueba de lo anterior es la incorporación de un nuevo sistema penal que excluyó la perspectiva de género, con las consecuentes desventajas para las mujeres que las sigue manteniendo en una brecha de desigualdad en su acceso a la justicia.
La incorporación de instancias que fueron creadas para prevenir y cerrar el paso a la violencia pero que han sido inoperantes por falta de voluntad política, es otro gran pendiente, como es el caso del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), que debía registrar los hechos de violencia contra las mexicanas, pero que en la práctica a mostrado un severo desfase en los datos, a pesar del gran presupuesto que se le destina.
La violencia ejercida en contra de activistas y periodistas y la impunidad respecto a los cientos de casos no resueltos, es otro de los muchos pendientes que no ha resuelto el Estado mexicano y que agrandan la brecha de desigualdad que enfrentan las mexicanas hoy en día.
Deficiente en perspectiva de género el Código Penal íšnico
Critican organizaciones civiles su implementación
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/Cimac
A 10 meses de que entrara en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, organizaciones civiles lo calificaron como ”insuficiente» para juzgar con perspectiva de género, especialmente durante su implementación.
Al participar en el Foro de Diálogo ”El Código Nacional de Procedimientos Penales y la propuesta de Código Penal íšnico: un análisis desde la perspectiva de género», organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) criticaron que estas herramientas no cuenta con los elementos suficientes para asegurar el respeto a los Derechos Humanos (DH) durante los procesos de justicia que enfrentan las mujeres víctimas e imputadas.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, fue publicado el pasado 5 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Establece los procesos a seguir en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos y regulará la implementación de los juicios orales que entrarán en vigor a partir del mes de julio del 2016.
Al respecto, especialistas en derecho observaron que este instrumento no garantiza que se proteja la privacidad de las víctimas de violencia sexual; permite la conciliación de la pareja en caso de violencia intrafamiliar; y no asegura que se realicen investigaciones exhaustivas y con perspectiva de género.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) José Antonio Caballero Juárez, seí±aló que la principal deficiencia del Código Nacional está en su implementación, ya que no establece ninguna medida para que las y los funcionarios del sistema de justicia estén obligados a respetar las garantías de las mujeres.
Criticó que actualmente los agentes del Ministerio Público cuestionan el testimonio de la víctima, se niegan a recibir denuncias por supuesta falta de pruebas y no llevan a cabo investigaciones con perspectiva de género.
Además, acusó que la Procuraduría General de la República (PGR), ”maquilla cifras», no aporta información desagregada por sexo ni cuenta con mecanismos eficientes de acceso a la información.
El experto apuntó que es importante que las y los jueces tengan un enfoque de género, más allá de lo que dicte la norma penal, ya que esto asegurará que en cada caso se evalúe la situación de vulnerabilidad de la víctima o la imputada para que la sentencia respete sus DH.
Agregó que la violencia intrafamiliar no debe ser conciliada como lo establece el Código Nacional actualmente, ya que instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, seí±ala que si las víctimas permanecen viviendo con el agresor, el riesgo de sufrir nuevamente la violencia e incluso feminicidio, continúa latente.
El investigador del CIDE propuso destinar más recursos públicos para documentar y sistematizar cada sentencia vinculada con mujeres a fin de evaluar cuál es la actuación del sistema de justicia en los temas que más impactan la vida de la población femenina.
Caballero también seí±aló la necesidad de que las instituciones de justicia generen información desagregada por sexo y mantengan procesos asequibles de transparencia para que la comunidad académica y las organizaciones civiles puedan monitorear y observar los primeros resultados del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Regina Tamés Noriega, directora del GIRE, criticó que las capacitaciones y cursos de sensibilización a policías y servidores públicos es un tema rebasado al que se destinan demasiados recursos, y que la creación de protocolos para juzgar con perspectiva de género resultan insuficientes.
Dijo que otorgar certificados de perspectiva de género a los agentes de justicia, sin que hayan aprobado diversos mecanismos de evaluación, sólo hace que la sociedad caiga en una ”autocomplacencia» pero no que se respeten efectivamente las garantías de las mujeres.
La también abogada propuso que se dé seguimiento a cada sentencia; que se visibilicen las buenas prácticas de juzgados locales; que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se involucre más en cada proceso; y que desde la formación universitaria de las y los litigantes en derecho penal se incluya un enfoque de DH y de género.
Las y los expertos también cuestionaron la consolidación del Código Penal íšnico, el cual es una propuesta del titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peí±a Nieto, que aún no ha sido aprobada, pero que forma parte del compromiso 78 suscrito por los tres principales partidos políticos en los ”Acuerdos para la seguridad y la justicia», del llamado ”Pacto por México».
En caso de aprobarse esta herramienta, las y los activistas concluyeron que debe homologar los códigos penales estatales para que en todos ellos se despenalice el aborto hasta las 12 semanas de gestación, se unifiquen las causales legales para acceder al aborto, y que se anule cualquier tipo penal que condene la interrupción del embarazo.
Criticaron que la creación de la policía única (como lo plantea el Código Penal íšnico) está pesada para combatir el crimen organizado, pero no para generar mayor confianza con la población femenina y resolver las situaciones de violencia que enfrentan día a día.
Inoperante y desfasado Banco que registra violencia contra mexicanas
OCNF destaca que en 4 aí±os recibió 40 mdp y no hay resultados
Por: Anaiz Zamora Márquez/Cimac
A cuatros aí±os de entrar en funciones y contar con un presupuesto de más de 40 millones de pesos (mdp) el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) —que debe registrar los hechos de violencia contra las mexicanas— es inoperante y tiene un severo desfase en los datos.
La plataforma nacional que entró en operaciones en 2010 —pese a estar mandatada desde 2007— no registra todos los hechos de violencia que están padeciendo las mexicanas de acuerdo con un análisis que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) realizó.
María de la Luz Estrada, directora ejecutiva del OCNF, explicó que las datos que se encuentran publicados en la herramienta nacional —que tiene como función principal proporcionar y administrar la información procesada sobre violencia contra las mujeres para la definición de políticas públicas— no concuerdan con lo que reportan algunas procuradurías estatales.
Estrada observó que desde que comenzó a operar (mediados de 2010 a noviembre de 2014) el sistema registró 83 mil 466 hechos de violencia contra las mujeres en el país, lo que contrasta con la información que -mediante el recurso de transparencia- el OCNF pudo obtener: en sólo dos aí±os (2012 y 2013) y en 12 entidades se registraron 104 mil 470 hechos de violencia familiar.
Es de mencionar que la cifra que da el Banavim al 11 de diciembre de este aí±o es de 84 mil 61 hechos de violencia y un total de 31 mil 511 agresores (la información no se desagrega por tipos o modalidades de violencia).
Ese desfase de información del Banavim se hace más evidente al analizar las estadísticas por entidad federativa.
Por ejemplo, el Banco Nacional registra 184 hechos de violencia en Chihuahua ocurridos de 2010 a noviembre de 2014, mientras la procuraduría estatal chihuahuense informó al OCNF que de 2012 a 2013 tiene un registro de 17 mil 485 casos de violencia familiar. ”Esta situación nos preocupa porque el Banco es fundamental para tener diagnósticos actualizados y permanentes que permitan que las acciones que se emprendan para erradicar y atender la violencia sean lo que se necesita en las entidades, pero no sabemos cómo lo están alimentando las entidades» seí±aló la defensora.
En tanto que Yuridia Rodríguez, asesora jurídica del OCNF, recordó que el gobierno mexicano ”se ha cansado de presumir a nivel internacional el Banavim como uno de sus grandes logros en materia de igualdad de género» pero la realidad es que no está funcionando.
Cabe destacar que el Banavim es una de las obligaciones que se desprende de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) publicada en 2007.
En 2008, la Cámara de Diputados destinó 15.3 mdp a la Secretaría de Seguridad Pública —dependencia en la que recaía la responsabilidad del proyecto— para elaborar el Banavim.
Sin embargo fue hasta el 16 de abril de 2009, que finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual, la hoy extinta SSP estableció los lineamientos de funcionamiento y operación del Banavim.
En 2010 funcionarios de la SSP justificaron ante la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados que el proyecto aún no estaba listo debido a que existían estados que no habían integrado su información, ese aí±o el proyecto recibió otros 15.3 mdp para su ejecución.
Para enero de 2013, mediante un decreto presidencial dejó de existir la SSP, por lo que la responsabilidad del Banavim pasó a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Para 2014 el presupuesto fue de 10 mdp, mientras que para el próximo aí±o (2015) sólo se le etiquetaron un millón 900 mil pesos.
Exigen seguridad para directora de Centro de Derechos Indígenas
Carmen Santiago Alonso es hostigada por su labor humanitaria
Redacción Cimac
La Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca pidió a las autoridades federales que se garantice la seguridad de Carmen Santiago Alonso, directora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, a quien le robaron su vehículo el pasado 9 de diciembre.
La red, que agrupa a 100 activistas y defensoras oaxaqueí±as, envió una carta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, entre otras instancias federales, para condenar el robo y pedir una investigación expedita al considerar que el hecho está relacionado con su labor humanitaria.
En la misiva, las activistas afirmaron que el robo es de particular gravedad porque imposibilita a la defensora y demás integrantes de su organización a desplazarse a las comunidades donde laboran, por ello criticaron que a pesar de la denuncia hasta la fecha la defensora no ha recibido respuesta satisfactoria.
Activista desde hace más de 20 aí±os, Santiago Alonso ha sido una de las principales defensoras del derecho a la tierra y el territorio, en particular del derecho al agua, por lo que la red pidió garantías para su seguridad, ya que ahora defiende el derecho a la consulta de las comunidades de Ocotlán y Zimatlán, en el estado de Oaxaca.
Según los registros de las organizaciones, desde 2010 y hasta la fecha Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en ataques contra mujeres defensoras. En el transcurso de 2014 la red registró 171 agresiones contra 43 defensoras, seis periodistas y 10 colectivos u organizaciones.
De estos ataques, aproximadamente el 40 por ciento se perpetró contra mujeres u organizaciones que defienden el derecho a la tierra y el territorio, y más del 70 por ciento contra defensoras, periodistas y organizaciones que laboran en contextos comunitarios.
”Frente a esta grave situación, exigimos garantías urgentes para el ejercicio del derecho a defender los Derechos Humanos en el estado de Oaxaca, en particular para quienes trabajan en contextos comunitarios y defienden el derecho a la tierra y el territorio, así como el cese a cualquier tipo de hostigamiento, intimidación o nuevo ataque», dijo la red.
Tequio Jurídico, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, entre otras organizaciones civiles, pidieron una investigación pronta y castigo a los responsables.
Comentarios
obreramaya@yahoo.com.mx
Graciela Machuca
