Quintana Roo: De gobierno y periodistas
Graciela Machuca—
Detrás de las agresiones a periodistas ”se observa una política pública fallida a escala federal y/o estatal». Michael Chamberlain—
En Quintana Roo, antes de la entrada en vigencia de Ley para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Quintana Roo es urgente, una revisión de los elementos actuales con los que inicialmente se contemplaron, y luego si ajustar la norma aprobada desde 2015, y crear los órganos que contemplen, lo que recientemente ha posibilitado el ataque desde el gobierno en contra de los dedicados a este oficio, pero también excesos por parte de los que diariamente ejercemos la labor. Y ambas situaciones deben denunciarse y terminarse antes de que se agranden.
La situación no es mera casualidad, el equipo de transición que en materia de comunicación encabeza Haide Serrano, organizó dos foros denominados: ”comunicación e información de gobierno» uno en Cancún y otro en Chetumal, en donde una nota claramente mostraba el desconocimiento total de la responsable de comunicación hoy en día NO oficial del gobierno de Carlos Joaquín el pasado 30 de agosto: ”Un total de 32 ponencias fueron vertidas en el ”Foro comunicación, información y gobierno» que van desde retomar y poner en práctica el decreto que dio origen al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) hasta derogar la ley de periodistas que propuso el gobierno actual» sic…
Hoy la aplicación actual de la ley es urgente por diversos motivos, no sólo para frenar abusos gubernamentales en contra de periodistas o defensores de derechos humanos, redefinir en la norma la figura de periodista en su mas estricto concepto, pues lo plasmado era limitativo, y que finalmente modificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio del presente aí±o.
Apenas ha transcurrido un mes de la administración y los ataques, enfrentamientos y amenazas han provenido de algunos colaboradores, no por instrucciones del gobernante; no como signo sistemático de la actuación gubernamental, pero insisto también en que la profesionalización de la relación requiere de instrumentos normativos que eviten los excesos de ambas partes; que se sancionen las malas actuaciones desde el poder, pero se acaben también los periodistas intocables.
El Congreso quintanarroense revisa aun las cuentas del gobierno anterior, aprobará luego el paquete fiscal y la reforma al Poder Judicial, pero el ajuste a la ley para la protección de periodistas representa una necesidad en este arranque de administración; Tomando en cuenta que el proyecto inicial de la Ley lo tiene el diputado Emiliano Ramos desde el pasado 11 de septiembre, no se trata de ”pieles sensibles», sino que los asuntos de esta naturaleza no deben distraer la actividad gubernamental, sino remitirse a las respectivas instancias; pero por ahora falta crearlas.
La entrada en vigencia de la seí±alada ley, similar por cierto a las que ya existen en 16 estados de la República Mexicana, no aminorará las duras críticas periodísticas, ni la reacción de dos o tres ”impolutos» que califican el ejercicio periodístico como la mera búsqueda del ”chayo», pero sí evitará que el golpeteo mediático derivado de esas agresiones seí±aladas recientemente sea interminable, si se atienden a través de denuncias concretas ante instancias especializadas, que hasta ahora hay que crear; ahí la opción para la XV Legislatura y para el propio gobernador.
La instalación de un mecanismo de protección estatal sería el siguiente paso derivado de la Ley de Protección a Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Quintana Roo, para que se pueda hablar de avance en esta materia y seriamos el decimo estado por contar en esta modalidad de protección.
Recientemente el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resaltó las deficiencias del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, entre las que mencionó la lentitud en los procedimientos, carencia de interlocutores gubernamentales con conocimientos en prevención de agresiones y resguardo, así como insuficiencia de fondos, parámetros suficientes que deberán tomarse en cuenta para integrar los instrumentos que verdaderamente sirvan a quintanarroenses, es decir sociedad periodistas y gobierno.
Mencionó que cuatro aí±os después de su puesta en marcha, el mecanismo tiene operatividad limitada en estados y municipios; falta estabilidad para el personal; los convenios de colaboración no vinculantes ”disminuyen las responsabilidades de los gobiernos locales», y un alto porcentaje de la población desconoce el instrumento.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), reconoció que faltan cosas por hacer. Pero también, dijo, ”deben admitirse los avances que (el mecanismo) ha tenido para mejorar los procesos y procedimientos de atención, a fin de fortalecer y continuar con la capacitación y sensibilización de los actores, y para crear políticas públicas de prevención»? lo que hasta ahora es una mera UTOPIA. Recordó que en el instrumento de protección hay aproximadamente 501 personas, entre defensores de derechos humanos y periodistas, contra quienes no ha habido un incidente grave en los dos aí±os recientes, sic… Claro que Campa no incluyo al periodista Pedro Tamayo, quien fue asesinado pese a estar con la protección del citado Mecanismo.
El titular de la CNDH dijo que a los periodistas: ”los hace especialmente vulnerables en el desempeí±o de sus labores».
Edgar Cortez, consejero del mecanismo, se pronunció porque se adecuen las normas administrativas de la SG para adaptarlas a un mecanismo que responda de inmediato a situaciones de riesgo, pidió crear nuevas medidas de protección y que el Estado redoble esfuerzos para combatir la impunidad.
Otro consejero, Michael Chamberlin, consideró que detrás de las agresiones ”se observa una política pública fallida a escala federal o estatal».
La CNDH tiene registrados 119 periodistas asesinados desde 2000, 20 desaparecidos a partir de 2005 y 50 atentados contra medios de comunicación desde 2006.
Eso ”da cuenta de la gravedad de la situación y de la necesidad de establecer políticas públicas adecuadas para prevenir agresiones y proteger a los comunicadores y medios», agregó.
Respecto a defensores de derechos humanos, se han contabilizado 29 muertes en los recientes diez aí±os y cuatro desapariciones desde 2009, cifras que varían mucho a las que las ONG manejan.
Graciela Machuca
