Miradas de reportero: Ocho mensajes contra afectaciones al periodismo… Y nada

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Rogelio Hernández López

Inusualmente, en tan solo 18 dí­as el gobierno federal de México fue el destinatario de ocho declaraciones abiertas, la mayorí­a del más alto nivel, sobre afectaciones al ejercicio del periodismo. En cualquier lugar del mundo eso provocarí­a al menos zozobra en los gobernantes. Pero la única respuesta pública fue la preparada por los operativos de la Presidencia de la República a Enrique Peí±a Nieto, un discurso abstracto, con información diacrónica y rebosante de los mismos lugares comunes que se acostumbran. O sea, nada.

Van los datos en sentido retroactivo. El 2 de noviembre, con motivo del Dí­a internacional para poner fin a la impunidad de los crí­menes contra periodistas, declarado por la ONU, se difundieron en México los recuentos y posicionamientos sobre asesinatos de periodistas que reflejan las condiciones en que se desempeí±an muchos medios y periodistas en zonas de alta violencia en México:

Uno. La Relatorí­a Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), que ha hecho dos reportes especiales sobre el tema, recordó que la impunidad de estos crí­menes sigue siendo uno de los mayores desafí­os para el ejercicio seguro de la libertad de expresión en las Américas.

La CIDH nuevamente reiteró que se requiere de una estrategia estatal integral, que incluye la adopción de medidas legislativas y la puesta en marcha de polí­ticas públicas efectivas, además de investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

Dos. Reporteros Sin Fronteras (RSF), organismo no gubernamental con sede en Francia, calificó como depredadores de la libertad de prensa a 35 jefes de Estado, polí­ticos, lí­deres religiosos, milicias y organizaciones criminales, donde incluyó por primera vez a Los Zetas de México

Los criterios de RSF para calificar como depredadores se basan en el registro de censuras, encarcelamiento, torturas, asesinatos de periodistas.

Tres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que el í­ndice de impunidad aumentó de 89 l 90 por ciento de noviembre de 2015 a la fecha.

La CNDH aseguró en su comunicado especial que de 2000 a la fecha han sido 119 homicidios de periodistas, 12 de ellos mujeres, en tanto que en 11 aí±os han desaparecido 20 y se han registrado 50 atentados contra instalaciones de medios.

Cuatro. El mismo dí­a, la asociación civil mexicana Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) reportó que tan sólo en diez meses de 2016 se registran ya 15 asesinatos, el número más alto desde 2000, ”tres mujeres y doce hombres comunicadoras y comunicadores, principalmente periodistas».

La CDP, que también hace seguimiento y documenta la mayorí­a de los casos, reporta que desde el inicio del sexenio de Vicente Fox (2000) el total de crí­menes ya asciende a 140, veintiuno más de los registrados por la CNDH y aí±adió que bajo el régimen de Enrique Peí±a Nieto (cuatro aí±os) ya suman 46.

Y dí­as antes se incrementó el miedo a una reforma de ley que presionarí­a por la ví­a jurí­dica a todos los medios de prensa.

Temor a otro apretón

Cinco. El 25 de octubre, el diario mexicano más grande y antiguo, El Universal, destacó una información de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara un dictamen sobre la Ley del Derecho de Réplica que pretende imponer sanciones a periodistas y medios que difundan información, aunque sea cierta, cuando el presunto agraviado solicite difusión de sus desmentidos y los medios se nieguen.

Seis. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), que agrupa a 66 corporativos empresariales del ramo, reaccionó dos dí­as después con un comunicado oficial y advirtió que ”sólo por una mención o contenido que se considere agraviante harí­a que cualquier información pueda ser replicada por decenas, incluso cientos o miles de partidarios, dejando al medio la responsabilidad de asignar tiempo y espacio indefinidos para atender esas peticiones».

Siete. Sobre el mismo tema, la poderosa organización continental de empresarios de medios, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), también alertó que el gobierno mexicano, ví­a su Poder Judicial, pretende acotar más los espacios de libertad de la prensa con una ley de réplica que en el fondo pretende silenciar.

La respuesta

Ocho. La misma SIP habí­a celebrado en México su Asamblea General número 72 el 14 de octubre. El mensaje que mandó ante la presencia de enrique Peí±a Nieto fue de protesta por la acumulación de asesinatos de periodistas en México.

Frente a todo este entorno, del cual ya muchos medios y periodistas llevamos al menos seis aí±os quejándonos, el presidente Peí±a Nieto respondió en la asamblea de la SIP:

La libertad de expresión y de prensa es el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira.

La libre manifestación de las ideas es un derecho irrenunciable de la ciudadaní­a, cuya defensa nos compromete a todos

El gobierno es respetuoso de lo que piensan, opinan, publican o transmiten los periodistas.

La obligación de un Estado democrático es otorgar garantí­as a los periodistas para el ejercicio de su profesión, especialmente ante la amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado.

Y también informó con datos desactualizados que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas protege a 452 personas: 285 son activistas de las garantí­as individuales y 167, informadores.

Aseguró que la Fiscalí­a Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) cuenta con nuevas atribuciones legales contra ataques a periodistas y que ha atraí­do 48 casos (nadie le informó que la impunidad, con todo y la Feadle aumentó a 98 por ciento del total de agravios denunciados, como reportó la CNDH).

En resumen, si los organismos más acreditados le mandan mensajes directos al gobierno mexicano y éste, cuando responde, lo hace con vaguedades, muestra insensibilidad a pesar de lo execrable del fenómeno. ¿Habrá quien pueda ayudar a los titulares de los poderes Ejecutivo y del Judicial? No se percibe.

Graciela Machuca

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