Comprometen presupuesto del estado
POR ESTO
CHETUMAL, 30 de mayo.- En menos de 24 horas la XV Legislatura del Congreso del Estado aceptó, dictaminó y aprobó la autorización para que se contrate un arrendamiento puro de hasta 2 mil 900 millones de pesos para adquirir herramientas tecnológicas que sólo se aplicarán para la ciudad de Cancún.
La enorme erogación en materia de seguridad no incluye la construcción del edificio que albergará el C5, tampoco implica la adquisición de equipamiento para elementos policíacos, ni cámaras adaptadas a las patrullas.
En la presentación ante las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil, y Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura, previas a la aprobación quedaron diversas interrogantes respecto a este arrendamiento.
La primera es que en la presentación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Planeación y Finanzas, se contempla que los pagos mensuales serán de 39 millones mensuales, que por el plazo de 51 meses del arrendamiento arroja una cantidad de mil 900 millones de pesos, sin que se explique correctamente para qué se ocuparán los mil millones de pesos restantes.
A pregunta expresa de los diputados sobre lo que realmente incluye este monto aprobado por 2 mil 900 millones de pesos, resultó que sólo se atenderá la zona de Cancún, por lo que no se tienen fechas para realizar el circuito de seguridad a nivel estatal ni en las entradas y salidas de las principales ciudades de la entidad que conforman el programa Quintana Roo Seguro.
Aunque en el discurso mencionaron que permitirá una mayor seguridad poniendo como ejemplo otras ciudades con los sistemas de videovigilancia, no se pudo expresar qué resultados han tenido en disminución de la incidencia delictiva.
En concreto, esta enorme erogación que fue aprobada por ”fast-track» sólo incluye la instalación de tres arcos de acceso a Cancún y 450 puntos de monitoreo en la misma ciudad.
Cada punto de monitoreo inteligente, tendrá una cámara PTZ, tres cámaras fijas y botón de pánico instalado en un poste metálico de nueve metros de altura.
También contempla la actualización y ampliación de la Red Estatal de Radiocomunicación Digital Encriptada Matra, una red de comunicaciones de fibra óptica para interconectar el C4 con el C5, y la instalación de un anillo de fibra óptica en la ciudad de Cancún.
También implica un sistema estatal AFIS para tener terminales en todas las cooperaciones para captura y consulta de huellas dactilares, con enlace al Sistema Nacional de Huellas.
De igual manera, se instalará equipamiento tecnológico de procesamiento, almacenamiento y monitoreo, servidores para la operación de este sistema de videovigilancia e inteligencia que estará en el centro de mando integral C5, aunque, quedó claro que la construcción del edificio no está incluida en el monto del arrendamiento.
Arrendamiento ligado al refinanciamiento de la deuda pública
En la reunión previa a la aprobación se mencionó que para este arrendamiento se considera que el Gobierno del Estado tiene la capacidad de pago por el incremento en sus ingresos, y por la renegociación de la deuda se liberarán 120 millones de pesos y que el refinanciamiento permitirá ahorros de 542 millones de pesos en el periodo de 2018-2022.
De tal manera, este arrendamiento en realidad se trata de una deuda de largo plazo por el uso de bienes con vencimiento prácticamente, al cierre de la administración de Carlos Joaquín González, la cual se cargará al gasto corriente.
No se aprobó por unanimidad
Aún cuando el discurso de las bancadas del PAN, PRD, Panal, PRI y Partido Verde fue para exaltar la figura del gobernador, como si la tecnología y este proyecto de ciber seguridad fuera la solución a la violencia, no se logró la votación unánime.
Teresa Sonia López Cardiel, legisladora independiente del municipio Solidaridad, votó en contra al considerar que no sólo Cancún requiere ser incluido en las acciones inmediatas, siendo que en Playa del Carmen también hay temor por la delincuencia.
De hecho, durante la discusión en comisiones se manifestó que no se abatirá la delincuencia sólo con tener grabados en video los delitos, cuando aún hay carencias en equipamiento de la Policía Estatal y existen serias deficiencias en la operatividad de las instancias de procuración de justicia, en específico de la Fiscalía General de Quintana Roo.
El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, no vaciló en mostrar su intolerancia a la crítica en su intervención, al considerar que la Ley de Movilidad aprobada también al ”fast-track» no fue un distractor para meter este arrendamiento multimillonario.
Lo anterior a pesar de que al final de la sesión legislativa, del pasado martes fue ingresada una iniciativa del gobernador Carlos Joaquín González que no estaba en la orden del día, para solicitar autorización para contratar este arrendamiento puro ”para equipamiento y herramientas tecnológicas para la Seguridad Pública por 51 meses», por hasta un monto de 2 mil 900 millones de pesos.
De tal manera, los legisladores que prometieron el cambio se manejan con falta de transparencia y actúan a espaldas del pueblo, pues avalaron que se comprometan unos 600 millones de pesos anuales del presupuesto del gobierno de Quintana Roo por concepto de este arrendamiento.
Graciela Machuca
