Estigmatización contra personas defensoras de DDHH
Política, Políticas & DDHH
Víctor Ruiz Arrazola*
Un asunto que pasó desapercibido por los medios de comunicación en México y que denota que muchos de ellos carecen de criterios editoriales para incluir el tema de los derechos humanos y, en particular, la actividad de las personas defensoras de derechos humanos, fue el hecho que el defensor de derechos humanos mexicano Alejandro Cerezo Contreras fue detenido y deportado el pasado primero de octubre por agentes migratorios panameí±os.
Esta deportación se realizó durante su escala rumbo a la ciudad de Asunción en Paraguay, donde presentaría una ponencia en el marco del ”III Seminario Internacional Mecanismos de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: Entre el Compromiso y el Riesgo» a celebrase el día miércoles 3 y 4 de octubre de 2018.
Más de una veintena de organizaciones civiles de México, aglutinadas en el llamado Espacio de la Sociedad Civil, emitieron este 8 de octubre un pronunciamiento en el que cuestionan que ”el silencio del Estado mexicano ante este abuso facilita nuevos atropellos hacia él y su familia».
En el documento referido se dice que esta ”es la segunda ocasión en la que el defensor es impedido de ejercer su defensa de derechos a nivel internacional lo que evidencia que la inacción diplomática del Estado mexicano es un llamado a la repetición».
Las organizaciones defensoras de derechos humanos que suscribieron el pronunciamiento exponen que México debe asegurar los derechos de asociación, reunión, protesta y libertad de expresión de Alejandro Cerezo, por todos los medios disponibles, incluidas las gestiones diplomáticas, especialmente en casos reconocidos de criminalización de la defensa, como es el del Comité Cerezo México.
Además, el Estado está obligado a garantizar la integridad física y psicológica del defensor, su familia y su organización.
Según la declaración de las personas defensoras de derechos humanos, es labor de las y los defensores impulsar el más alto estándar de derechos a nivel local, nacional e internacional.
”Negar la participación del defensor en el foro internacional al que fue invitado es una violación al derecho de defender derechos humanos y sus derechos asociados como el derecho a la libertad de asociación, protesta y de libertad de expresión».
”El estado mexicano debe borrar la información referente a los antecedentes penales de Alejandro, toda vez que existe una sentencia de amparo que determina su inocencia. Esta omisión ha provocado la existencia de atropellos para realizar su labor de defensa de derechos humanos, lo cual no es permisible dentro de un Estado de Derecho», concluye el documento, que se espera ser tomado en cuanta por medios de comunicación para su difusión.
*Periodista y maestrando en Victimología.
Graciela Machuca
