Personas defensoras de DDHH y periodistas olvidadas en México

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Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martí­nez*

Con motivo de la emergencia sanitaria nacional decretada por el gobierno federal ante la pandemia de COVID-19, se incluyó el trabajo de los medios de comunicación como esenciales para la sociedad que debe estar en cuarentena, por lo que la mayorí­a de los colegas que deben abastecer de noticias a las redacciones de estas empresas tienen que salir a la calle a realizar sus actividades, pero la mayorí­a de las grandes y medianas compaí±í­as y el gobierno federal se olvidaron de darle garantí­as al gremio periodí­stico para que realice su labor.
Quienes se encuentran reporteando, cubriendo la pandemia u otro sector, fueron tomadas por sorpresa al salir a las calles sin conocer las medidas adecuadas de seguridad sanitaria, así­ como carecer del equipo necesario para su protección, además, de herramientas alternativas para realizar su trabajo a distancia.
El texto de la Emergencia Sanitaria Nacional es muy claro no se trata de un estado de excepción de acuerdo a lo previsto por la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ningún derecho fundamental será limitado por ninguno de los tres niveles de gobierno, sin embargo, los gremios periodí­stico y de personas defensoras de derechos humanos han sido ví­ctimas de violaciones a sus derechos humanos y prueba de ello es que continúan los asesinatos.
Ví­ctor Fernando ílvarez Chávez, periodista del diario Punto por Punto, en el estado de Guerrero, desapareció el dí­a primero de abril, luego que integrantes de la delincuencia organizada asentada en Acapulco lo amenazara de muerte. El dí­a 8 de abril fue localizada una extremidad cefálica en Ciudad Renacimiento, en el municipio de Acapulco, horas después se confirmó que se trataba del periodista desaparecido.
El lunes 30 de marzo fue asesinada la periodista Marí­a Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa en la zona norte de Veracruz y directora del portal de noticias Quinto Poder. Fue atacada a balazos a las 14:00 en una calle de Papantla, Veracruz, cuando iba a abordar su automóvil, por un hombre que viajaba en una motocicleta. Alrededor de las 20:00 horas fue reportado su fallecimiento por los médicos que la atendí­an en un hospital local.
La periodista presentó una denuncia penal por amenazas de muerte en el aí±o 2016 en contra de Camerino Basilio Picazo, ex alcalde de Coyutla y ex diputado local prií­sta, a quien se involucró en 2005 en el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, ex sí­ndico de Coyutla.
Tanto Marí­a Elena (Veracruz), como Ví­ctor Fernando fueron asesinados después del 23 de marzo, fecha que inició el periodo de la emergencia sanitaria nacional. Fidel ívila, locutor de la radiodifusora La-Ke-Buena, en el estado de Michoacán, fue encontrado muerto el 7 de enero, luego de más de un mes de haber sido reportado como desaparecido. Es el primer comunicador asesinado en México durante este 2020.
El 22 de marzo, en El Salvador, Zacatecas, fue encontrado el cadáver de Paulina Gómez, ”guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, y amiga del pueblo wixárika», quien se dedicaba proteger la tierra protestando y luchando en contra de las explotaciones mineras en el ”territorio sagrado» para los Wirikuta. Un dí­a antes de que Paulina Gómez fue encontrada, la policí­a detuvo a un hombre en posesión de una navaja y 20 mil pesos que llevaba Paulina cundo desapareció. Horas después el hombre fue encontrado muerto en instalaciones de la policí­a.
Un dí­a después, en Jiutepec, Morelos, fue asesinado a balazos en la puerta de su domicilio, Isaac Medardo Herrera Avilés, abogado y defensor del territorio. En los últimos meses habí­a estado defendiendo la reserva natural ”Los Venados», además de ser representante legal de los 13 pueblos en defensa del manantial ”Chihuahuita». Sus agresores tocaron a la puerta de su casa y cuando Herrera Avilés abrió, le dispararon.
La tercera ví­ctima mortal de personas defensoras de derechos humanos en México, durante los últimos diez dí­as del mes de marzo, fue Karla Valentina Camarena, de 33 aí±os de edad, asesinada en la ciudad de Salamanca Guanajuato.
Era conocida como ”Valentina Ferrety» e identificada como una activista por los derechos de las personas trans, coordinó la primer marcha gay Salamanca, encabezó la corrección de datos en actas de nacimiento por identidad de género a cerca de 40 guanajuatenses, además, de desempeí±arse como coordinadora para la Atención a Personas Transgénero de la Secretarí­a para la Igualdad y la no Discriminación en aquella entidad del centro del paí­s.
El 29 de enero de 2020 fue encontrado dentro de un poso el cadáver de Homero Gómez González, activista y defensor de la mariposa monarca y los bosques de Michoacán, luego de 16 dí­as de haber desaparecido. Su cuerpo fue encontrado en un predio de la localidad de El Soldado, donde fue visto por última vez el dí­a 13 de enero. Habí­a recibido amenazas de muerte por taladores clandestinos de los bosques donde anida la mariposa monarca.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el dí­a 3 de abril emitió un comunicado en el que resume que durante los últimos 40 dí­as condenó varios casos de violencia contra periodistas, como el homicidio de la locutora Teresa Aracely Alcocer, conocida como Bárbara Greco, en Ciudad Juárez, Chihuahua; el secuestro del comunicador Adrián Fernández Guerra, en Cuernavaca, Morelos; el ataque contra el periodista Alberto Carmona, del medio Pií±ero de la Cuenca, golpeado salvajemente por policí­as de la Fuerza Civil del municipio de Isla, Veracruz, y el hecho violento contra un grupo de fotógrafos y reporteros, atacados por varias personas en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) en Oaxaca.
El mismo organismo desaprobó la agresión de que fue objeto la periodista Mireya Ulloa Valencia, directora editorial del periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz, quien fue apuí±alada cuando llegaba a su casa. Condenó el homicidio de la periodista Marí­a Elena Ferral, ocurrido la tarde del lunes 30 de marzo en Papantla, Veracruz.
Condenó la ola de ataques y amenazas por ”bots» que ha sufrido la periodista Lourdes Mendoza, a causa del ejercicio de su profesión en la ciudad de Puebla. La columnista y colaboradora de Eje Central denunció los comentarios amenazantes que constantemente le dirigen a través de su cuenta de Twitter.
Por otra parte, el 13 de abril, el corresponsal de la revista Proceso en el estado de Guerrero, Ezequiel Flores, recibió amenazas por medio de un comunicado de la organización Frente Unido de Policí­as Comunitarias de Guerrero.
El discurso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en contra de periodistas y medios de comunicación que no comulgan o no reproducen al pie de la letra sus opiniones y acciones ha generado un clima de linchamiento en contra de quienes ejercemos el periodismo.
La impunidad que existe a favor de las personas que agreden a periodistas y personas defensoras de derechos humanos ha sido imposible erradicarla en México, a pesar de los gobiernos panistas, prií­stas y ahora morenista, pero las fobias y las filias en la escena polí­tica nacional en nada ayudan a proteger a estos dos sectores de la sociedad.
*Periodista en Quintana Roo. Consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretarí­a de Gobernación.

Graciela Machuca

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