Las fuerzas armadas mexicanas vuelven a salir a la calle
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Después de las elecciones presidenciales del primero de julio de 2018 y luego de darse a conocer esa misma noche el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, quedó registrado en la colectividad que las instituciones armadas del país, solo estarían al servicio de la población civil en las circunstancias que claramente establecía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que además, ya no se les darían funciones de seguridad pública, las cuales desarrollaron en otras administraciones federales y que fueron perjudiciales tanto para las instituciones como para la ciudadanía.
Por lo menos durante diez aí±os antes de esa fecha, López Obrador externó su inconformidad por todos los rincones del país, porque el expresidente Felipe Calderón Hinojoza, sacó al Ejercito Mexicano y a la Marina a las calles a realizar actividades de seguridad pública.
A casi dos aí±os de esos comicios, el fundador del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional (Morena) cambió de opinión y determinó que la Fuerza Armada de este país, si debe estar en las calles para realizar funciones de seguridad pública, bajo el mando de la Guardia Nacional, una policía que en la forma es civil, pero que está dirigida por militares y su tropa está integrada por un amplio número de militares en retiro o en activo que solo cambiaron de área.
Este 11 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
El presidente de la república, justifica su acuerdo en el ejercicio de la facultad que ”me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 29, 30 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el transitorio Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, (…).
Entre otros fundamentos legales, también considera: ”Que la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, debe presentarse de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en términos del mandato constitucional».
El Acuerdo, en su Artículo Primero ”ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco aí±os contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación».
El Segundo Artículo sostiene que ”La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeí±o de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional».
”TERCERO. En el apoyo en el desempeí±o de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.
”CUARTO. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional.
”QUINTO. Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda».
Atendiendo al Artículo Primero Transitorio, el acuerdo entrará en vigor este martes 12 de mayo de 2020 y concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024.
Mientras que el segundo transitorio establece que ”Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Acuerdo, deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la dependencia que reciba el apoyo, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes».
Andrés Manuel López Obrador firmó este acuerdo el 8 de mayo de 2020 en el Palacio Nacional, Residencia del Poder Ejecutivo Federal. Cuenta con las rúbricas de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaí±o.
Durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojoza y Enrique Peí±a Nieto, altos mandos del Ejército y de la Marina, externaron su inconformidad por tener que realizar labores de seguridad pública y eso que ambas secretarías dirigían los operativos. Pero ahora, que estarán subordinadas a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, es una afrenta a su autoridad militar, a pesar de que el presidente de la república en los dichos y los hechos considera a las fuerzas armadas sus consentidas, pues les ha entregado el presupuesto para construir el Aeropuerto de Santa Lucía y les ha advertido a constructores privados y a servidores públicos, que si no se ponen las pilas con el avance de las obras públicas podría llamar a los militares para que las desarrollen.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual México está obligado a respetar, seí±ala entre sus diversos tratados, que la Seguridad Pública de un país no debe estar militarizada, por las frecuentes violaciones a derechos humanos que se han cometido en el mundo y porque su función y sus capacidades están diseí±adas para otros menesteres y no las de brindar seguridad pública a la población civil.
A lo largo de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojoza y Enrique Peí±a Nieto, tanto elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, como de la Marina fueron acusados de violaciones a derechos humanos y esos casos siguen en la impunidad. Un gobierno democrático, como el que dice ser el de López Obrador no puede encargarle a militares la seguridad pública, incluso, la Guardia Nacional, una policía que por mandato constitucional es civil, tanto en sus mandos como en su tropa está integrada por militares que estaban en activos antes de pedir su alta o en retiro. La formación de la tropa de la Guardia Nacional es militar, sus entrenamientos son militares, a pesar que tenga un mandato constitucional como una corporación civil.
Desde luego que este mismo lunes, partidos opositores a López Obrador, así como organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su rechazo a este acuerdo presidencial, como lo hizo Amnistía Internacional México a través de su cuenta de Twitter: ”Esta maí±ana, el Estado reafirma su nula intención de desmilitarizar México, por el contrario confirma y formaliza que el ejército y la marina seguirán en las calles por los próximos 5 aí±os».
Por su parte, el PRI Nacional, a través de la misma red social, escribió: ”Expresamos nuestro rechazo al decreto por el que se ordena a las Fuerzas Armadas asumir funciones de seguridad pública. Nuestro respaldo total a los hombres y mujeres que forman parte de la SEDENA y de la SEMAR ante esta embestida».
Este tipo de decisiones presidenciales requieren de transparencia y rendición de cuentas. El presidente de la república de explicar al pueblo de México por qué cambio de opinión sobre la presencia de militares funciones de seguridad pública. ¿Acaso es parte de los acuerdos que ha suscrito con Estados Unidos? ¿Así como puso a disposición del vecino país del norte a la Guardia Nacional para que los migrantes no cruzarán la frontera, ahora las fuerzas armadas también realizarán esa función?
México, después de la pandemia, al igual que el resto de América Latina se enfrentará a graves problemas sociales y económicos generados por el desempleo, empresas en bancarrota, disminución y estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB). Este es un tema que le preocupa no solo a la mayoría de los jefes de gobierno de la región, sino a los grupos de poder en Estados Unidos y de las llamadas potencias mundiales.
Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentará este martes 12 de mayo el Informe especial COVID-19 Nâ° 3 sobre el seguimiento de los efectos económicos y sociales del coronavirus en la región, titulado El desafío social en tiempos del COVID-19.
El organismo dio a conocer que el nuevo documento, ”el tercero de una serie que examina la evolución de la pandemia y sus efectos en la región, entregará esta vez una estimación del impacto social y los desafíos relacionados que tendría la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe, tanto en 2020 como en el mediano y largo plazo».
La CEPAL, recientemente ha estimado que ”el COVID-19 impacta a las economías de América Latina y el Caribe a través de factores externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930. Para 2020 se prevé una contracción de la economía regional promedio de 5,3%. Asimismo, se espera un fuerte aumento del desempleo, con efectos negativos en la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad. La magnitud aproximada de estos desafíos sociales, así como los detalles de una propuesta de un ingreso de emergencia para la población en situación de pobreza, serán parte del nuevo informe que entregará la Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de las Naciones Unidas, este martes 12 de mayo».
¿Sacar nuevamente a la calle a las fuerzas armadas, para que coadyuven a mantener la seguridad pública, es una acción gubernamental preparatoria para inhibir las manifestaciones sociales que se avecinan?
Graciela Machuca
