El proceso de asignación de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, solo es una simulación en agravio a la dignidad humana en Quintana Roo
Necesariamente Incómoda
**Ante el conflicto de intereses de la XVI Legislatura, un juez federal podría otorgar la suspensión provisional ante actos de autoridad viciados en el Congreso local.
**Cinismo y falta de ética política llevarán a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo a perder la poca autoridad moral que aún tiene.
Graciela Machuca Martínez
Las comisiones estatales de Derechos Humanos fueron creadas por un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y si por alguna razón alguna de las autoridades involucradas en el funcionamiento de estos órganos públicos autónomos violenta el espíritu constitucional que le dio origen, la sociedad, en esta caso la quintanarroense tiene la ruta de pedir el amparo de la Justicia Federal, porque ninguno de los tres poderes del estado, argumentando la libertad y soberanía puede vulnerar la Carta Magna y, en Quintana Roo, está sucediendo en el proceso de renovación de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos.
El Congreso local se tomó atribuciones que dañan la participación ciudadana en el funcionamiento de una institución a la que se le otorgó autonomía para poder separarla de los tres poderes del estado en beneficio de la defensa y protección de los derechos humanos y así garantizar el ejercicio pleno de estos derechos fundamentales, pero ahora, todos los partidos representados en la XVI Legislatura decidieron quedarse con este organismo público durante los últimos cuatro años para su beneficio personal y de grupo, sin tomar en cuenta la verdadera función social que le otorgó la Constitución Federal.
Será este martes 8 de febrero, cuando quienes ahora integran la Comisión de Derechos Humanos del Congreso empezarán las entrevistas a las 13 personas que aspiran a ganar la presidencia de la referida institución, desde luego, entre ellas, la diputada local con licencia Judith Rodríguez Villanueva, quien ya tiene negociado el lugar, a pesar de que ella fue juez y parte tanto en el proceso legislativo para reformar la ley, como en la elaboración de la convocatoria respectiva, pues fungió como presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, la misma instancia que preparará el dictamen de designación de la persona que presidirá durante los próximos cuatro años dicha organismo público defensor de los derechos humanos en Quintana Roo.
Después de la ronda de entrevistas a las personas aspirantes a convertirse en ombudsperson, continuará la farsa, cuando la Comisión legislativa de a conocer la invitación a la ciudadanía a que de u opinión sobre el perfil de las personas participantes. Digo que es una farsa porque ya existe los dados están cargados, el acuerdo es que se quede al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo la diputada Judith Rodríguez Villanueva y para ello ya cuentan con el aval de organizaciones civiles que durante los últimos años se han dedicado a utilizar de bandera casos de violaciones de derechos humanos para negociar cargos públicos en universidades, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Congreso y ahora en la Comisión de Derechos Humanos.
Las primeras demandas de amparo en contra de las reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y al contenido de la convocatoria para elegir a la persona titular de ese órgano autónomo llegaron el pasado 2 de febrero a un juzgado federal con sede en Chetumal, la capital de Quintana Roo y antes de que el Congreso sesione en pleno para hacer el nombramiento, dicho juzgado debe pronunciarse en el sentido de si otorga o no la suspensión provisional del acto
El Observatorio Ciudadano “Designaciones Públicas” activó los hashtag #SinCuotasNiCuates y #PerfilesIdóneosYa. Se llamó al Congreso del Estado de Quintana Roo a garantizar que la persona designada al frente del organismo “sea y parezca independiente”.
Entre los argumentos que jurídicamente se pueden utilizar para solicitar el amparo de la justicia federal es que las reformas de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo del 21 de septiembre de 2021 eliminó el requisito que no se podría ser senador, diputado federal o local un año antes del nombramiento, con lo que benefician personalmente quienes aprobaron dicha reforma.
Las iniciativas de reformas que ha tenido la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo durante la XV y XVI Legislatura tuvieron su origen en la fracción parlamentaria de Acción Nacional, pero la que la promovió para sacar su ganancia personal fue Judith Rodríguez Villanueva, ella vio que eliminando el requisito de no haber sido legisladora durante el último año la beneficiaba directamente y con ello aseguraba un excelente salario durante los próximos cuatro años. Rodríguez Villanueva debe ser cuestionada desde el punto de vista ético y constitucional, pues sabiendo que una reforma a la ley la beneficiada de manera personal, la impulso, la promovió y obtuvo la aprobación del pleno, para después preparar una convocatoria a modo y con todo el cinismo del mundo solicitar licencia como legisladora para participar en el juego que ella misma diseño. Juez y parte. En dónde están los cambios en la clase política de Quintana Roo, si el agandalle y cinismo sigue siendo su distintivo.
Será en los próximos días cuando un juez federal le responsa a la Federación Estatal para el Desarrollo Humano de los Adultos Mayores, AC, Víctimas del 9N, Consejo de Pueblos Mayas, AC, así como a varias personas en lo particular, su les otorga la suspensión provisional o no. Desde luego que los demás actos de autoridad del Congreso son materia de la protección de la justicia federal.
A Judith Rodríguez Villanueva la cuestionan víctimas del 9N de 2020 como la periodista Cecilia Solís, Que relata la forma en que la legisladora se negó a trabajar por las víctimas luego de la agresión que sufrieron en frente al palacio municipal de Cancún por parte de elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez y de la Policía Estatal. Además, su opinión sirvió para que se diera por cumplida una recomendación de Derechos Humanos, al decir que a las víctimas se les había reparado el daño de manera integral, lo cual es totalmente falso, pues las víctimas continúan con secuelas de las agresiones, pero principalmente no se las ha hecho justicia, la represión que sufrieron sigue en la impunidad.
Entre quienes también aspiran a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo se encuentra el licenciado en Derecho Eduardo Ovando Ribera, quien se ha desempeñado como secretario técnico del organismo entre 2010 y 2018.
Del 2009 al 2010 se desempeñó como visitador adjunto de la Comisión en el municipio de Tulum.
A partir del 2018 a la fecha se desempeña como profesional jurídico de la Notaría No. 43, en Tulum, cuya titular es la licenciada Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar.
Eduardo Ovando Ribera tiene 37 años de edad, originario de Chetumal y estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán. Sus estudios anteriores los realizó en la ciudad de Chetumal.
Las violaciones a los derechos humanos, no solo es un asunto interno de Quintana Roo, sino de todo el país y incluso, más allá de las fronteras, porque el Artículo Primero de la Constitución Mexicana reconoce que toda autoridad defenderá, protegerá y promoverá los derechos humanos a partir de la misma Carta Magna y los Tratados Internacional suscritos por México.
Si bien es cierto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada con la participación de México el 10 de diciembre de 1948, no es un texto vinculante por su origen, pero si una fuente de derecho consuetudinario internacional. Además, el Congreso de Quintana Roo debe apegarse al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que si es vinculante para México, así como los diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y ratificados en su momento por el Senado de la República.
Esta será una más de las violaciones a derechos humanos perpetradas por el Estado mexicano, ya no será el Congreso de Quintana Roo, sino el Estado mexicano, la instancia que tendrá que rendir cuentas a los organismos internacionales por esta aberración jurídica y política en la que se priorizaron los intereses de una clase política estatal a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En la relación de 13 personas que aspiran a presidir la Comisión de Derechos Humanos hay profesionales del Derecho y expertos en la defensa de los derechos humanos, a quienes se les debe dar la oportunidad de limpiar la imagen de la institución, porque entregársela a Judith Rodríguez Villanueva, será una afrenta a la dignidad humana de quienes integran la sociedad quintanarroense.
Graciela Machuca
