COMUNICADO MAYA SIN FRONTERAS
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
A la Oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU
A la CIDH
Al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
A la opinión pública nacional e internacional
Presente:
La que suscribe, Graciela Machuca Martínez, con domicilio en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, de actividad periodista, defensora de derechos humanos de mujeres e integrante de la organización civil Maya sin Fronteras, por mi propio derecho, me dirijo ante ustedes para denunciar actos de intimidación y acoso de personas de la clase política de Quintana Roo que se han visto afectados sus intereses por haber logrado el amparo de la justicia federal luego de haber solicitado su protección ante actos de autoridad de representantes del Congreso local que vulneraron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos.
Desde mi labor como periodista y defensora de derechos humanos hice pública mi inconformidad y desacuerdo por el proceso desaseado tanto de las reformas legislativas en materia de derechos humanos, como por las inconsistencias en la elaboración y publicación de la convocatoria del Congreso de Quintana Roo para elegir a la persona que se debe hacer cargo de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, situación jurídica, que como ciudadana me motivo a recurrir al juicio de amparo.
En la primera ocasión la demanda de amparo suscrita por otras personas y quien esto escribe fue rechazada, pero luego de un recurso de queja, fue admitida conforme a derecho, un juez federal resolvió la suspensión provisional y días después la definitiva para que el proceso de elección del ombudsperson de Quintana Roo se suspendiera en tanto el Poder Judicial de la Federación resuelve el fondo del asunto.
Se trata del Amparo Indirecto 83/2022-I-A que se encuentra en la jurisdicción del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Chetumal.
Esta decisión judicial motivó que los planes de los grupos parlamentarios de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo se detuvieran, por lo que no han podido imponer como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a la diputada con licencia Judith Rodríguez Villanueva, quien durante los meses previos a la publicación de la convocatoria del proceso de elección se desempeñó como presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, fue la responsable de elaborar la convocatoria y en la víspera de su publicación solicitó licencia a su cargo de legisladora para poder ser nombrada titular del referido organismo público defensor de derechos humanos.
La inconformidad ciudadana motivó que el nombramiento se fuera aplazando. En tiempo y forma, una servidora y otro grupo de personas presentamos la respectiva demanda de amparo. Tanto en la suspensión provisional como en la definitiva, el juez federal nos considera como demandantes, por lo que se me notificó conforme a derecho y estamos en espera que el juicio continúe para actuar conforme a la ley y estar atentos a los requerimientos del juez.
Sin embargo, hace dos semanas recibí en mi domicilio particular la visita de dos personas que me llevaron el mensaje que aceptara la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a pesar de que carezco del perfil académico para ello, o de lo contrario tenía que aceptar el nombramiento de Judith Rodríguez Villanueva como presidenta del organismo, al negarme a la propuesta se retiraron.
Este lunes 13 de junio de 2022, acudió a mi domicilio el abogado Héctor Pulido, diciendo que por encargo de “un grupo de amigos” de Cancún me ofrecía la cantidad de 50 mil pesos mexicanos a cambio que le firmara un oficio de desistimiento de juicio de amparo, el cual ya llevaba redactado, solo para firmar.
La insistencia a que yo me desista del juicio de amparo es evidencia que mi proceder como periodista, defensora de derechos humanos y ciudadana, al ejercer mi derecho al juicio de amparo vino a mover intereses de la clase política, la cual ha decidido que un organismo autónomo y ciudadano como es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo se convierta en una cuota de poder sin importarles que se vulnere la Constitución federal de México.
De acuerdo a lo dicho por el mensajero, el propósito de quienes dirigen el Congreso es que el nombramiento de quien presidirá la citada comisión debe hacerse antes de que termine la actual legislatura y para ello se debe aprovechar un periodo extraordinario al que próximamente se convocará. Pero mientras el juez federal no resuelva el fondo del asunto sobre las inconsistencias encontradas en el proceso de selección, el referido nombramiento no lo podrán hacer, de allí su urgencia de que yo me desista del amparo, para dejarles el camino libre para que sigan torciendo la Constitución a su antojo.
He tomado la determinación de continuar con el juicio de amparo hasta que el juez resuelva el fondo del asunto y si es necesario hacer uso de mi derecho a irme a la siguiente instancia. Estoy sabedora que esto pone en riesgo mi integridad física, mi vida, así como las de mi familia y mi patrimonio, por ello, responsabilizó de lo que me llegue a pasar, así como a mi familia, a quienes se empeñan en que me desista de un juicio de amparo que se está convirtiendo en emblemático en el país, porque hay muy pocos casos en que una ciudadana logra una suspensión definitiva a un proceso legislativo viciado de origen.
Solicito al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del cual soy beneficiaria, así como a las autoridades estatales y federales, que tomen cartas en el asunto para brindarme protección, porque una omisión en sus facultades es sinónimo de complicidad.
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 13 de junio de 2022.
Graciela Machuca Martínez
Graciela Machuca
