Juan Carrillo litiga para evitar que la Auditoria Superior audite irregularidades en más de 90 millones de pesos del presupuesto 2020 en Isla Mujeres
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Los principios de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública no fueron consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas servidoras públicas los cumplan o los dejen de cumplir de acuerdo a su voluntad o estados de ánimo, forman parte del ARTÍCULO SEXTO constitucional para que toda persona que maneje recursos públicos, ya sea servidora pública o privada, deben explicar en que se gastaron el dinero y porque, nadie que tenga esa responsabilidad la puede eludir.
LA IMPUNIDAD ES UNA COSTUMBRE EN QUINTANA ROO
Comento lo anterior porque en Quintana Roo ya se hizo costumbre que quienes pasan por los gobiernos municipales consideran que los recursos presupuestales que manejan son de su propiedad y nadie y mucho menos la ley los puede obligar a rendir cuentas, es una práctica común en los ayuntamientos gobernados por personas impulsados por los diferentes partidos políticos, ninguno se salva, en ese aspecto, todos están cortados con la misma tijera, se gastan el dinero del pueblo a su antojo, asignan obras, firman contratos con proveedores que son sus socios en empresas que en su mayoría son creadas para prestar servicios al Ayuntamiento de que se trate.Dicen que cumplen con informar a la sociedad de cómo gobernaron solo dando a conocer sus anacrónicos informes de gobierno, los cuales carecen de una metodología ara verificar que lo que anuncian con bombo y platillo es cierto, por ello vemos que obras que ya están pagadas en el papel, en la vida real están inconclusas o en no pocos casos inexistentes.
TODOS CARACTERIZADOS POR EL SAQUEO DEL DINERO PUBLICO
Tanto las instancias estatales como las federales encargadas de revisar la forma en que se ejercieron los presupuestos asignados a los ayuntamientos cuentan con evidencias suficientes de la opacidad con la que se ejercieron recursos municipales en las administraciones de José Esquivel Vargas en Felipe Carrillo Puerto, Víctor Mas Tah en Tulum, Sofía Alcocer en José María Morelos o Laura Beristain en Solidaridad, Nivardo Mena en Lázaro Cárdenas y Otoniel Segovia en Othón P. Blanco, Alexander Zetina Aguiluz de Bacalar.
UNA LEGISLATURA COMPLICE, COMODA Y COMPLACIENTE
La XVII Legislatura de Quintana Roo, así como el Congreso de la Unión, tienen pendientes con el pueblo, de acuerdo a sus respectivas facultades, reformar la legislación vigente en materia de auditorias a los gobiernos municipales, ya que existen lagunas en la actual normatividad para que los gobiernos municipales entrantes, dejen pasar las anomalías de las administraciones antecesoras solo con omitir su responsabilidad de denunciar en el tiempo establecido.
NEGOCIAN VOTOS POR IMPUNIDAD!!
Hoy en día, existe la práctica que los gobiernos salientes negocian con los entrantes para que dejen pasar los términos legales para presentar denuncias o realizar las investigaciones internas necesarias, de esta manera los que llegan solapan a los que se van, mientras que durante las campañas electorales gritaban a los cuatro vientos que en cuanto tomaran posesión actuarían para combatir la corrupción y que ningún robo a la hacienda municipal quedaría en la impunidad, esto se le escuchó repetidamente a Maricarmen Candelaria Hernández Solís, actual presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien utilizó la corrupción de José Esquivel Vargas para ganar votos, pero al llegar a la presidencia municipal el mismo Esquivel Vargas dio a conocer que la justicia no lo llamaría a rendir cuentas porque él había financiados la campaña de Maricarmen Hernández, lo que se ha comprobado meses después, la señora solo en actos de protagonismo y simulación pero la verdad no movió un dedo para que se investigaran los malos manejos de los recursos públicos de su antecesor.
EL COLMO DEL CINISMO….
Hay un caso que amerita suma atención porque un expresidente municipal está recurriendo a todos los recursos legales que tiene a su alcance para no rendir cuentas, porque considera que los recursos que manejó durante su administración son de su propiedad y no tiene ninguna obligación de explicar el uso que les dio a la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo.Recientemente se dio a conocer que el expresidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no rendir cuentas de su administración ante la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, una instancia que depende del Congreso del Estado.Lo que busca con un litigio, el ahora diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es evitar que la Cuenta Pública de 2020 sea revisada por la Auditoria Superior,El pleno de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, aprobó un informe de la Auditoria Superior el día primero de junio pasado, en el que se asienta que el Ayuntamiento de Isla Mujeres presentó irregularidades por 91 millones 598 mil 122 pesos con 46 centavos en el referido ejercicio.El ahora legislador busca que la Auditora Superior no le revise las cuentas del año 2020, a pesar que ya hay una investigación y un dictamen que avalan que existen irregularidades en la aplicación de más de 90 millones de pesos.Ahora la Auditoria Superior del Estado debe invertir recursos económicos, humanos y tiempo para litigar el caso ante el Poder Judicial de la Federación, simplemente porque al expresidente municipal no quiere responder por el mal uso que hizo de más de 90 millones de pesos. A partir del primero de junio, cuando el pleno del Congreso aprobó el Informe de la Auditoria Superior, las autoridades municipales de Isla Mujeres y las otras que tuvieron observaciones contaban con 120 días para solventar dichas observaciones y así evitar que la Auditoria Superior presentara las denuncias correspondientes, pero Juan Carrillo, en lugar de aclarar las irregularidades presentó una demanda de amparo para que la Auditoría no lo audite y así quedarse con esos 90 millones de pesos en sus cuentas personales. El exmunícipe alega que por la autonomía municipal nadie lo puede auditar, mejor que reconozca que el dinero lo utilizó para fines personales.
OPORTUNIDAD HISTORICA PARA EL PARTIDO VERDE EN EL CONGRESO
El partido verde que hoy encabeza la XVII legislatura al frente de la JUGOCOPO, tiene la oportunidad histórica con el caso de la demanda desde Isla Mujeres vigente en la Auditoria Superior, para demostrar que no tolerará mas impunidad y que los recursos públicos deberán ser auditados y el manejo deberá ser transparente, ese es su reto….ante los ciudadanos, de ahí y solo a partir de ahí será viable la construcción de una imagen confiable en sus representantes populares, esperaremos y apuntaremos…
Graciela Machuca
