La impunidad y el silencio ya se hicieron costumbre en México para ocultar la violencia contra personas defensoras de DDHH y periodistas

Necesariamente Incómoda 

     En solidaridad con Ciro Gómez Leyva 

Graciela Machuca Martínez 

Al terminar de redactar este texto, en los últimos minutos del día 15 de diciembre de 2022 me enteré del atentado a balazos que fue víctima el periodista y conductor de radio y televisión Ciro Gómez Leyva en la Ciudad de México, por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta. Afortunadamente salió ileso gracias al blindaje de la camioneta que conducía.

Las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia de la capital del país salieron de inmediato a decir que investigaran los hechos y que se castigará a los responsables, como lo han dicho a lo largo y ancho del país, cada que un periodista es asesinado o es víctima de alguna otra agresión, que no solo ponen en riesgo sus vidas, sino el Derecho a la Información de la sociedad mexicana.

Mientras que los círculos de poder político y económico de este país, principalmente los que operan desde la Presidencia de la República, no cambien sus discursos de odio, estigmatización y criminalización en contra de las personas periodistas de este país, la delincuencia y las personas fanáticas tendrán el pretexto y la justificación para seguir asesinando periodistas.

Todos los días en las redes sociales nos encontramos con la viralización de mensajes de odio y venganza en contra de quienes ejercemos el periodismo, un país que aspira a vivir en democracia no puede tener un gobierno que en lugar de trabajar por la paz, la concordia y la conciliación, todas las mañanas, atiza el fuego de la polarización.

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En México se creó la costumbre que ninguna autoridad haga caso de las denuncias que tanto organismos nacionales como internacionales defensores de derechos humanos, y en particular de derechos de periodistas, hacen de manera recurrente ante la violencia perpetrada en contra de esos dos sectores de la sociedad mexicana, ambos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversos tratados internacionales suscrito por el Estado Mexicano.

Cada que asesinan a una persona periodista o defensora de derechos humanos se hacen denuncias públicas, se recurre a las instancias de procuración y administración de justicia, se presentan quejas ante los órganos autónomos defensores de derechos humanos, se le exige al gobierno mexicano se haga justicia, pero solo lo que se recibe de respuesta es el silencio, en el mejor de los casos, y en otros, desde las instancias gubernamentales, se dejan escuchar discursos de odio, de criminalización y acoso en contra de quienes ejercen sus derecho de defender derechos humanos y de quienes ejercen el periodismo y están alejados de la actividad propagandística a favor del gobierno en turno.

En México, disentir del gobierno no es un delito, sino un pecado, porque no solo se es cuestionado por servidores públicos, sino por los grupos de fanáticos, que ante la mínima critica al gobierno, enfilan sus baterías en contra de quien decidió ejercer su derecho a la Libertad de Expresión.

Defender territorios, aguas, bosques, luchar en contra de mineras, proyectos hidroeléctricos o megaproyectos de infraestructura para beneficiar al capital transnacional, es sinónimo de aceptar que se vive fuera de la ley, per de la ley del más fuerte, del que tiene más dinero y poder político.

La lista de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han sido asesinadas en México durante las últimas dos décadas las podemos encontrar con solo un clic en cualquier motor de búsqueda de internet, todos los casos están documentados por la autoridad competente, pero los casos resueltos con sentencias firmes se pueden contar con los dedos de las manos.

Estas circunstancias en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos se resumen en impunidad, corrupción y falta de voluntad política para castigar a los autores materiales e intelectuales de esta violencia; lamentablemente desde la presidencia de la república, todas las mañanas, de lunes a viernes ya se hizo una “ley”, que se estigmatiza, acosa y criminaliza a todo medio de comunicación o periodista que no esté de acuerdo con el régimen de la 4T.

 

 

MÉXICO, CON MÁS VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS, INCLUSO POR ENCIMA DE UCRANIA, QUE SÍ SE ENCUENTRA EN GUERRA

 

 

Casi la mitad de los 57 periodistas asesinados hasta el 1 de diciembre trabajaban en América Latina, de acuerdo al informe anual de RSF.

Con 11 muertos, México lidera por cuarto año consecutivo la  clasificación, incluso por encima de Ucrania, que está en guerra, a estos le sigue Haití. El top 5 cierra con otros dos países en guerra, Siria y Yemen.

Los periodistas mexicanos son víctimas del crimen organizado, la inacción del Gobierno de protegerlos y la precariedad de la profesión.

RSF elabora anualmente este tipo de balances desde 1995 en base a datos recopilados entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de su publicación. El cómputo total del balance 2022 incluye a periodistas profesionales y no profesionales, así como a otros trabajadores de los medios.

 

 

MUJERES PERIODISTAS ACOSADAS POR EL GOBIERNO MORENISTA EN EL ESTADO DE GUERRERO

 

 

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) denunció este miércoles que el gobierno de Guerrero ha hostigado e intimidado a mujeres periodistas en la entidad, específicamente por parte del encargado de Comunicación Social del Gobierno, así como de elementos de seguridad de la gobernadora Evelyn Salgado.

Se recolectaron testimonios de mujeres que ejercen la profesión en la entidad. En ellos, percibieron una intensificación de las agresiones desde que Salgado Pineda llegó al cargo.

Uno de los testimonios recopilados fue el de Alina Navarrete, corresponsal de Latinus, quien relató que el pasado 10 de diciembre, durante la cobertura de la toma de protesta del Comité Promotor de Juventudes de Morena, Jesús Eugenio Urióstegui, jefe de la oficina de Salgado Pineda, detuvo su participación para señalarla y exigirle públicamente que no le tomara fotografías.

Posteriormente, dos colaboradores de Urióstegui le solicitaron de forma intimidante que borrara las fotos, a lo que la periodista se negó. Los asistentes del funcionario permanecieron a su lado durante todo el evento.

Pero este problema de censura y represión no solo es en el estado de Guerrero, tambien se ha registrado en Puebla y en Quintana Roo, donde la exclusión, discriminación, censura y represión se ejerce desde las vocerias de los estados.

 

 

EL ESTADO MEXICANO REQUIERE CORRESPONSABILIDAD PARA GENERAR UNA POLITICA DE PREVENCIÓN

 

 

El titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, este 14 de diciembre, reconoció las condiciones complejas que viven defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas en el país, por lo que durante los últimos cuatro años se ha aumentado a más del 100 por ciento la incorporación de personas protegidas.

“Pasamos de 798 a mil 672, por lo que el mecanismo de protección erogará más de mil 800 millones de pesos en medidas de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, lo cual es superior al recurso destinado en todo el sexenio anterior, en donde solo se erogó 782 millones de pesos”, sostuvo.

Sin embargo, subrayó que, si bien se ha fortalecido la coordinación con los estados y las fiscalías, para robustecer las capacidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “se requiere de la corresponsabilidad y obligaciones de todo el Estado mexicano y poder generar una política de prevención”.

Informó que en 2023 el mecanismo contará con un presupuesto inicial de 569 millones de pesos (mdp) y se autorizó un aumento del 70 por ciento para las plazas del mismo, sumándose así en noviembre, un grupo interdisciplinario de 30 personas que fortalecerán todos los servicios que se brindan.

Existe una iniciativa de reforma constitucional para que el Congreso de la Unión tenga atribuciones para emitir una ley general en la materia y elevar a rango constitucional el derecho a promover y defender derechos humanos, mismo que fue promovida por 26 diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados.

Mientras las instancias gubernamentales navegan con doble discurso, los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas continúan, mientras la impunidad ya sentó sus reales.

Graciela Machuca