Gobierno de Quintana Roo empieza de cero en materia de seguridad para aplicar Ley de Seguridad Ciudadana, mientras la delincuencia cogobierna
Necesariamente Incomoda
Graciela Machuca Martínez
La XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, en sesión del 18 de abril, aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, y de esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cambia de nombre a Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con lo que busca el gobierno de Mara Lezama compartir responsabilidades en materia de seguridad pública con la ciudadanía, ya que a más de medio año de haber tomado posesión, su gobierno no ha podido resolver el grave problema de la violencia en la entidad, la cual semana tras semana se incrementa.
El 20 de abril, en la Edición Especial Número 6 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo se publicó la nueva ley, por lo que se ya se encuentra en vigor, ahora corresponde a la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana y demás instancias estatales contempladas por la ley acatarla, pero para que pueda ser operable, se tienen que cambiar diversos instrumentos financieros administrativos, técnicos, circulares, protocolos, planes de acción, entre muchos otros, porque recurrir a los instrumentos con los que operaba la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública será repetir los mismos errores y tener los mismos resultados, desde luego, que todos nativos, como nos muestra la realidad que vive hoy en día la sociedad quintanarroense.
La ahora seguridad ciudadana requiere de infraestructura, de instrumentos jurídico-administrativos, así como de políticas públicas idóneas para cumplir su cometido, pero eso no se logra de la noche a la mañana, ni con discursos, se requiere de una reestructuración integral de todo el sistema de seguridad pública, incluyendo la generación de una cultura de participación ciudadana, prevención efectiva del delito, pero la acción más importante es que el gobierno del estado se gane la confianza de la ciudadanía, lo cual se logrará solo con hechos, con una disminución tangible de la incidencia delictiva.
Si los asesinatos continúan a lo largo y ancho del territorio quintanarroense, a la par de el cobro de piso, las extorsiones, los asaltos, las desapariciones de personas, los secuestros, la trata de personas, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, será una pérdida de tiempo; las disposiciones de la Ley podrán verse reflejadas en las normas municipales en un año, cuando se cumpla el plazo para armonizar la normatividad municipal a la estatal y así hay varias etapas del proceso que no podrán cumplirse en un corto o mediano plazo, sino que requerían de estrategias a largo plazo, quizás los cuatro años y medio que le quedan a la actual administración sean insuficientes para lograr que la incidencia delictiva disminuya en Quintana Roo.
Los últimos años de violencia en Quintana Roo han generado que diversas instituciones hayan colapsado y las que aún no, tiene una sobre carga de trabajo que les dificulta atender la demanda de manera eficiente y expedita. Ya no hay espacios forenses para colocar cadáveres y restos humanos, el número de carpetas de investigación crece y crece el sistema de procuración de justicia documenta, reúne evidencias, pero la acumulación de trabajo le impide avanzar en las investigaciones; ahora el secretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Oyarbide Pedrero vuelve a tocar el tema de la sobrepoblación del 44 por ciento de los penales, el de Cancún es el que representa el problema más grave.
Recodó que durante las primeras semanas que asumió el cargo, en su comparecencia ante el Congreso del Estado dio a conocer las condiciones en que recibía el sistema de seguridad, como es el C5 y los penales.
A finales de enero pasado, dijo que ante la sobrepoblación de los penales de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, principalmente, ya se estudiaba la posibilidad de construir un nuevo penal en el municipio de Benito Juárez.
Mientras el ahora secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y las demás instancias estatales ponen en marcha lo establecido en la nueva legislación, el diario Cambio 22 dio a conocer que durante la tercera semana del mes de abril se incrementa la violencia en Cancún, con 21 ejecuciones, de las cuales, fueron cuatro víctimas mujeres, siendo el día sábado, el que rompió el récord de más asesinatos en el referido destino turístico.
Por ejemplo, el sábado, a las cuatro y media de la tarde, se encontró el cuerpo de una mujer en un edificio, sobre la prolongación de la Avenida La Luna, en la Supermanzana 313, a pesar del hermetismo, el hallazgo se confirmó el día domingo.
La víctima de feminicidio presentó huellas de violencia, como una puñalada cerca del ojo izquierdo, corte en la región occipital, fracturas en ambos brazos y otros golpes en las rodillas.
Hasta el pasado domingo, en el municipio de Tulum, ya sumaban 48 asesinatos, de los cuales 35 se perpetraron en el periodo que lleva de presidente municipal Diego Castañón y eso que aún no cumple el mes y medio.
También hay que rescatar el recuento de la violencia en Cancún durante la administración de Ana Patricia Peralta, que hace Cambio 22, ya sumaron las 250 ejecuciones, resultado de la falta de una estrategia de seguridad tanto a nivel municipal como estatal.
Los 11 municipios de Quintana Roo no diseñaron una estrategia de seguridad pública, esperaron a que el gobierno de Mara Lezama la diseñara y después subirse en ese barco, pero al llegar la primera gobernadora al poder, se confió de que el trabajo de seguridad lo harían los municipios y la federación, por lo que la sociedad se quedó en estado de indefensión, a expensas del crimen organizado y de la incapacidad gubernamental.
Graciela Machuca
