La Constitución Federal vulnerada por la 4T en Quintana Roo
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Es preocupante que a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Quintana Roo poco les importe el orden constitucional, que de manera consciente y de mala fe este dispuestos a violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lamentablemente lo mismo hace la 4T en todo el país donde el pueblo le dio la encomienda para gobernar.
Pero esta es una característica de la clase política mexicana, por lo mismo hicieron los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática cuando han tendido mayoría calificada o absoluta en las Cámara de Diputados Federal, en el Senado de la República y en los congresos estatales.
El reciente acto bochornoso para la democracia mexicana es lo que cometió la mayoría morenista en el Senado de la República a aprobar, sin la presencia de la oposición, al menos 20 reformas legislativas, incluso con el voto de una senadora que físicamente estaba en Europa.
Desde luego que las referidas reformas aprobadas por las fracciones de MORENA, PT y PVEM en el Senado mexicano tendrán que pasar por el análisis constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque este tipo de actos autoritarios no pueden dejarse pasar.
Con esa misma conducta dictatorial, a finales del año pasado, a iniciativa de la gobernadora Mara Lezama, el Congreso de Quintana Roo reformó la Constitución local para poder reducir presupuesto a los organismos autónomos de la entidad, una acción que es inconstitucional porque violenta el principio de progresividad establecido en la Carta Magna.
Pero como el gobierno de la 4T tiene la consigna de sacar dinero hasta debajo de las piedras para destinarlo a la campaña electoral de 2024, pues se le hizo fácil pedirle a su mayoría en la XVII Legislatura reformar la ley para poder disminuirle presupuesto a los referidos órganos autónomos, incluyendo a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial del Estado.
Con las facultades que le otorga la misma Ley, el Poder Judicial de Quintana Roo presentó ante la SCJN una controversia constitucional en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como de otras autoridades que participaron en la referida reforma, como los ayuntamientos, la Secretaría de Gobierno y el Periódico Oficial del Estado.
El máximo órgano jurisdiccional del país determino darle entrada a la referida controversia, pero solo en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Quintana Roo y poder analizar de fondo los agravios que haya sufrido la Constitución Federal al dejar abierta la posibilidad de reducir los presupuestos a los citados órganos autónomos.
Por lo tanto, la SCJN admitió a trámite la controversia constitucional 27/2023 que presentó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El18 de abril se llevó a cabo la admisión por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, asignada ministra instructora de este juicio de constitucionalidad.
Dicha controversia constitucional se seguirá en contra del Congreso del Estado y de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, instancias que tienen 30 días hábiles, a partir de las notificaciones de le para contestar la demanda.
Tanto en el Gobierno del Estado de Quintana Roo como en el Congreso del Estado se les paga, con los impuestos, a muchos asesores, principalmente abogados para que guíen a quienes toman decesiones.
Antes de aprobar reformas, nuevas leyes, adiciones, derogar o abrogar, deben trabajar los expertos en Derecho Constitucional, pero tal parece que quienes cobran por estas tareas son un cero a la izquierda porque no les hacen caso o no tienen la mínima autoridad profesional para tomar decesiones técnicas.
Será en los próximos meses cuando la ministra instructora presente el proyecto al pleno de la SCJN en el que se analice las violaciones a la Constitución Federal por autorizar, quitarle, en cualquier momento presupuesto a los órganos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos, entre otros.
Esto nos habla que al actual gobierno morenista, muy poco le importa generar una cultura derechohumanista y mucho menos garantizar el derecho de acceso a la justicia.
Una prueba de lo anterior es la cifra negra de la trata de personas que se registra en Quintana Roo, pero que la autoridad estatal se niega a atender, por el desconocimiento y el negocio multimillonario que se crea alrededor de la necesidad de las personas por cambiarse de lugar de residencia para obtener un mejor nivel de vida o en muchos casos para huir de la violencia que se vive en sus países de origen.
El pasado 28 de abril se dio a conocer que migrantes de India y Brasil solicitaban auxilio a gritos cuando policías, por una denuncia ciudadana, llegaron a una casa ubicada en la calle de Gardenias 3 en la Supermanzana 250, en el fraccionamiento Villas del Mar Plus, en el internacionalmente conocido Cancún, municipio que desde el año 2018 es gobernado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), hasta septiembre del 2022, estuvo gobernador por la entonces presidenta municipal Mara Lezama Espinoza, hoy gobernadora de Quintana Roo. El tráfico de personas es un delito que se comete a diario en la entidad, pero, a pesar que las autoridades lo saben, muy poco pueden hacer, porque dentro de esa estructura delictiva se encuentran inmiscuidas personas servidoras públicas.
Graciela Machuca
