El tren que pasa sobre las leyes que protegen recursos naturales y culturales de la cultura maya
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Lo que está pasando con el patrimonio cultural y natural por donde pasa la ruta del Tren Maya es resultado de la falta de planeación y profesionalismo para actuar conforme a lo que marca la legislación mexicana en la materia, la cual está muy avanzada en comparación con la de otros países de la región, sin embargo, para poder dar paso al Megaproyecto del Tren Maya se está actuando de facto por las mismas instituciones responsables de hacer guardar el Estado de Derecho, como lo es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuyos directivos tienen la encomienda de documentar todo lo que puedan y aplicar un llamado “salvamento arqueológico”, mismo que está plagado de lagunas jurídicas y por ende, no reúne los requisitos técnicos y jurídicos para su desarrollo.
Integrantes de organizaciones de la sociedad civil han recurrido a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para solicitar su intervención por las inconsistencias del llamado salvamento arqueológico, el cual se está desarrollando por personal del INAH, por pasantes de arqueología, elementos del Ejército Mexicano, así como por pobladores de la zona, pero los expertos en la cultura maya, los mayistas no fueron llamados para que encabezaran estos trabajos.
En un principio llamaron a algunos, pero fueron descartados para coordinar los trabajos porque proponían respetar la ley y trabajar de acuerdo a las técnicas y tiempos establecidos por la misma ley, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene tiempo para ello, por lo que los directivos del INAH optaron por poner al frente del proyecto a otros especialistas que no son expertos en la cultura maya, por lo que no se opusieron a la premura de los trabajos, tiempos que son definidos por las constructoras, las cuales quieren avanzar lo antes posible para cumplir con sus contratos, por lo que no están comprometidas con una verdadera conservación del patrimonio cultural.
Es posible que los arqueólogos que coordinan los trabajos sepan de técnicas, pero desconocen el trabajo de 30 o 40 años que otros investigadores del mismo INAH han realizado, a quienes se les ha dado la instrucción que guarden silencio, de lo contrario serán despedidos sin respetarles sus derechos laborales, lo que representa otro atropello a la ley.
El desprecio por la ley se observa en las diferentes instancias del gobierno federal, como lo verifica un cable de la agencia española EFE, fechado en la ciudad de México este 26 de junio, donde el secretario de Turismo, Miguel Torruco, calificó de “ampareros” a los ambientalistas opositores a la construcción del Tren Maya para el sureste del país y aseguró que todas las obras prioritarias de la actual administración concluirán sin retrasos.
“Todo se habrá de concluir, a pesar de los obstáculos que se nos han puesto por un nuevo cartel, el de los ‘ampareros’, pero nos hacen los mandados porque el pueblo manda y saldremos adelante por el bien del turismo de México”, según la referida agencia internacional.
Torruco Marqués se refirió así a las protestas de diversas organizaciones medioambientales como Greenpeace o Sélvame del Tren, entre otras, así como colectivos indígenas de la Península de Yucatán que han insistido en detener la construcción del “mal llamado Tren Maya”, obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste mexicano, porque implica un «ecocidio», se lee en el reporte de EFE.
En una carta dirigida a medios de comunicación y suscrita por el historiador Felipe I. Echenique March, profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia con 47 años de antigüedad en la Institución y con la categoría de titular C, y doctor Juan Manuel Sandoval Palacios, profesor investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social, con una antigüedad de 48 años y con categoría de titular C, manifiestan su inconformidad por los trabajos arqueológicos que se realizan a lo largo de la ruta del Tren Maya y que hasta el momento no garantizan que se esté cumpliendo con la ley.
Recuerdan que desde agosto de 2018 se dieron a la tarea “de advertir al antropólogo Diego Prieto, desde entonces director general del INAH, los peligros que correrían pueblos y comunidades del sur sureste y los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos existentes descubiertos o sin descubrir en la península de Yucatán, de concretarse la construcción de lo que comenzaba a denominarse Tren Maya, si no se llevaban a cabo los trabajos de prospección antropológica e histórica que permitieran vislumbrar los problemas y posibles alternativas en las materias de competencia de la institución”.
Relatan en su misiva que la respuesta a esa petición fue que no era posible y que el INAH, en caso de darse las obras, “llevaría a cabo los trabajos de salvamento arqueológico. Posicionamiento al que nos opusimos desde el principio pues esa acción no sólo no aparece en la legislación como un trabajo institucional, sino que tampoco está reglamentado conforme a derecho, pues en tratándose de bienes nacionales todos los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos que van de una semilla asociada al trabajo humano hasta plataformas, casas habitación o ceremonial, instrumentos de trabajo o enseres domésticos, etcétera, son inalienables, imprescriptibles e intransferibles, que deben de ser protegidos de su destrucción, bajo el entendido de que son fuentes de conocimiento de las sociedades que nos antecedieron y que están bajo la custodia del INAH para ser investigados, custodiados, conservados y difundidos los conocimientos que aportan su estudio y conservación; y cuyo único poder que está autorizado para legislar sobre los mismos es la cámara de diputados (art. 73, fracción xxv), por lo cual no hay legislación para que los arqueólogos del INAH o cualquier otra institución puedan decidir la suerte de los mismos que no sea la de su conservación”.
Ambos investigadores, en mayo de 2020 nos llevaron presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la presunta destrucción de un indeterminado número de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos de llevarse a cabo la construcción del llamado Tren Maya y del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec si no se llevaban a cabo los trabajos de prospección antropológica e histórica. Denuncia de hechos que no sólo no ha sido atendida por esas instancias sino tampoco por el mismo INAH.
Hasta el momento expertos en la cultura maya, ambientalistas nacionales y de otros países se han pronunciado en contra de las acciones del gobierno federal para construir las vías del llamado Tren Maya, para lo cual se están cometiendo diversos atropellos para la conservación de los recursos naturales y culturales de la zona, sin embargo, ese movimiento nacional e internacional no se ve reflejado a nivel local.
Graciela Machuca
