23 febrero 2024

El conflicto en el Ejido X-Mabén se complica porque funcionarios estatales y municipales ya tomaron partido

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Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

Un proceso viciado por omisiones y malas prácticas, dilación del Tribunal Unitario Agrario con sede en Chetumal para resolver una demanda de usurpación de funciones como autoridad ejidal de uno de los grupos confrontados en el ejido X-Mabén y Anexos, la inconsistencia legal del acto del Registro Agrario Nacional (RAN) de ingresar como válido un documento impugnado por una de las partes, así como la injerencia de servidores públicos estatales y municipales en el conflicto, son algunas de las causas para que este asunto se complique en periodo electoral, en espera que la siguiente instancia agraria emita su resolución y llegado el momento, se inicie un juicio de amparo directo, mientras tanto el núcleo agrario estará hecho pedazos y el día de la jornada electoral habrá pasado.

Las promesas electorales de sumarse a tal o cual proyecto político a cambio de interceder para que la resolución definitiva salga a su favor, es el pan de todos los días en los ejidos y comunidades donde los diferendos internos han llegado a órganos jurisdiccionales, administrativos o políticos.

En entrevista, Margarito Cituk May, presidente del comisariado ejidal de X-Mabén, electo en el mes de marzo de 2022, recuerda que desde hace meses, antes que el conflicto se agudizará y que decidieran prescindir de los servicios como asesor técnico del subsecretario de Desarrollo Rural, Marcelo Carreón Mundo, en instancias del gobierno estatales le recomendaron que le diera vuelta a la hoja y que trabajara con Carreón Mundo; ahora les piden lo mismo, que trabaje de manera coordinada con el comisariado reconocido por el Registro Agrario Nacional (RAN), lo que representa un agravio para la mayoría de los ejidatarios, porque el tejido social no se repara por decreto.

Cituk May hace referencia a que el Tribunal Unitario Agrario debe revisar los informes de la Procuraduría Agraria y de la Policía Estatal, autoridades que estuvieron presentes tanto en el mes de febrero como en el de marzo del presente año, cuando con convocatorias validadas por la Procuraduría Agraria, se pretendió realizar la sustitución del Comisariado, pero la mayoría de los ejidatarios lo impidieron, circunstancias que certificó la misma Procuraduría Agraria y que ratificó en su informe enviado al Tribunal, así como lo hizo en su momento la Policía Estatal.

Margarito relata que la gente de su poblado está muy enojada porque considera que el gobierno les está imponiendo a una autoridad ejidal a la cual no reconocen, porque se autonombraron al elaborar un acta falsa de asamblea, con muchos errores, borrones, inconsistencias de procedimiento, que no son aceptadas por las instancias agrarias: “cuando yo llevo un acta u otro documento con algún error me hacen que lo vuelva a corregir y ahora, el Registro Agrario Nacional validó un acta falsa, con muchos errores…”, expuso Citiuk May.

El acta falsa que validó el Registro Agrario Nacional no tiene lo sellos ni de la autoridad ejidal que debió sancionar la asamblea, ni de la representación de la Procuraduría Agraria, porque simplemente esa asamblea no se llevó a cabo, solo elaboraron el acta de manera ilegal, misma que fue certificada por el Notario Público con residencia en Chetumal, Alonso Serrato.

La postura de la mayoría de los ejidatarios que encabeza Margarito Cituk May es solo una, que el Tribunal Unitario Agrario emita la resolución por medio de la cual demuestre que el acta de asamblea que el RAN registró es falsa, después que Banejército libere la cuenta del ejido y todo vuelva a la normalidad, porque no hay otra solución, ya que el comisariado que él encabeza es el que fue electo legal y legítimamente.

La intervención de un subsecretario del gobierno del estado en este conflicto complica más la situación, porque el grupo de ejidatarios que elaboraron el acta falsa y que después fue certificada por un notario, para ser llevada ante el Registro Agrario Nacional, están convencidos de que tienen el apoyo del gobierno del estado y que a pesar de las presuntas ilegalidades saldrán victoriosos, escenario que la mayoría del Ejido no comparte.

Actores políticos que operan en la zona maya, como Marcelo Carreón Mundo, han utilizado a las instituciones de procuración y administración de justicia, para su beneficio.

Recuerdo que en el año 2008, la entonces regidora Teresa Cruz, me comentó que una mujer indígena se encontraba injustamente encarcelada y que además, estaba enferma, así fue como conocí a Anastacia May Bacab, mujer de 52 años mayahablante, que no sabía ni leer ni escribir encarcelada acusada del delito de administración fraudulenta en contra de una organización de mujeres artesanas pertenecientes a la UNORCA.

Se le acusó injustamente por el Ministerio Público, luego de haber ocupado el cargo de secretaria del comité de la referida agrupación. El juez de la causa le dictó auto de formal prisión, a pesar, que no existían los elementos materiales del delito y menos la probable responsabilidad de la acusada.

En el caso de Anastasia se llegó hasta el amparo, turnándose el asunto a un Tribunal Colegiado de Circuito de la ciudad de Cancún, pero antes que este tribunal federal resolviera, el procurador de justicia del estado, en un hecho inédito, por lo menos para la zona maya, se desistió del ejercicio de la acción penal en contra de May Bacab.

A pesar de ello, a los pocos días el Tribunal Colegiado resolvió  a favor de la acusada,  y ordenó al juez que absolviera a Anastasia May Bacay por falta de elementos en su contra, toda vez que a criterio de dicho Tribunal no se configuraba el delito de administración fraudulenta, dejando en evidencia los argumentos del Ministerio Público y del juez, en el sentido de que la señora Anastasia era culpable por haber ocupado el cargo de secretaria de la agrupación y por ser quien ayudaba a la presidenta de la agrupación. El Colegiado consideró que en el Código Penal no existe un supuesto jurídico que diga que la administración fraudulenta también abarca al que ”más o menos ayuda”.

Por estos hechos de injusticia propiciados por el Ministerio Público y avalados por el Juez de Felipe Carrillo, Anastasia May tuvo que pasar 8 meses en la cárcel, de marzo a noviembre de 2008. Como consecuencia de esa reclusión Anastasia padece graves afectaciones físicas (artritis reumatoide que no le permite realizar ninguna actividad) enfermedad que antes de ir a la cárcel no padecía, así, como secuelas psicológicas.

En la zona maya, tenemos un cúmulo de casos de injusticias cometidas por dirigentes políticos y solapados por instituciones. La manipulación del dirigente de UNORCA en Quintana Roo y subsecretario del gobierno estatal, es un asunto que debe ser investigado por alguna autoridad, porque es un servidor público que no puede ser juez y parte.

Graciela Machuca

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