Protección y defensa de los derechos humanos, “rehenes” de la clase política en Quintana Roo
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
La atención a la sistemática violación a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno en el estado, no solo es un asunto de seguridad nacional para las instancias gubernamentales, sino es el momento que la sociedad se involucre en acciones ciudadanas que le marquen la ruta a quienes están obligados por ley a proteger, observar, promover, estudiar y difundir los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
Por ejemplo, en Quintana Roo se vienen violando derechos humanos en el ámbito de la salud, la educación, el acceso a la justicia, vivir en un medio ambiente sano, vivienda, movilidad, trabajo, libre empresa y si revisamos uno por uno de los derechos contemplados en los pactos internacionales de los Derechos Civiles y Políticos, así como el de los derechos Sociales, Económicos y Culturales, además, los de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los que forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no encontraremos con la realidad, que todos son violados.
Una aclaración que es pertinente reiterar, es que cuando el Tribunal Colegiado resolvió la demanda de amparo que presentamos en contra del desaseado proceso de selección de la persona que encabezaría la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CEDHEQROO), no estudió de fondo ni el proceso ni las reformas que de manera fraudulenta le hizo la XVI Legislatura a la ley, solo determinó que como organización civil no teníamos el interés legítimo de presentar la demanda referida.
Si bien es cierto, que con esa omisión del tribunal, en los hechos se quedó intacta la reforma de ley, aún el Poder Judicial de la Federación puede estudiarla y resolver al respecto, pero parece que a muchos actores de la sociedad civil y desde luego, a lo que queda de los partidos de oposición no les interesa el tema.
Quintana Roo no puede seguir con esa ley de derechos humanos que denota el anacronismo con que se observan los derechos humanos por estos rumbos, por lo que la XVII Legislatura tiene la obligación política y ética de hacer reformas sustanciales a la Ley de la CDHEQROO, de lo contrario seguiría avalando las incongruencias de su antecesora.
En este aspecto, la misma Legislatura debe recordar que una de las razones por las que las recomendaciones de la CDHEQROO han perdido su fuerza moral, es porque el Congreso le ha permitido que se burocratice y que solo responda a los intereses de la clase política en el poder.
¿Pero qué fuerza moral, política y ética puede tener un órgano público defensor de los derechos humanos que es presidido por una persona que llega a presidirlo con un cúmulo de violaciones a derechos laborales dentro de la misma institución, más señalamiento de fraude?
Si quienes integran el Congreso del Estado y quienes toman las decisiones políticas quieren que se empiece a construir una cultura derechohumanista en Quintana Roo tienen la obligación de subsanar la deteriorada imagen de la CDHEQROO. Una institución con ese desprestigio no puede servirle a la sociedad quintanarroense.
El abogado César Cervera Paniagua dio a conocer que recurrirá a la justicia federal para impugnar el nombramiento de la ahora presidenta del organismo en mención, pero no solo él y algunos de sus colegas deben sumarse a este tipo de acciones ciudadanas, sino como sociedad tenemos que interactuar con la clase política partidista que ha secuestrado a la voluntad popular.
Cervera Paniagua, uno de los aspirantes a ese cargo argumenta: “Lo ideal es que se hubiera realizado un nuevo proceso de entrevistas, debido a que desde un principio los demás aspirantes advertimos la participación tanto de Judith Villanueva, quien fue la persona que elaboró la convocatoria, como de Omega Ponce, pues increíblemente su tío participó en el proceso”.
Además, por el bien del organismo, ya que le hace falta mucha credibilidad se deben investigar y aclarar los señalamientos de fraude por 800 mil pesos, de quien ahora es encargada de investigar las violaciones a derechos humanos que cometan en Quintana Roo autoridades estatales y municipales.
La crisis que se vive en Quintana Roo no es un asunto que se le deba dejar exclusivamente a la clase política partidista y a la que está en el poder, el pueblo se debe involucrar, porque desde la prospectiva, se observan escenarios difíciles para poder ejercer con plenitud nuestros derechos humanos.
El pasado jueves 13 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), al señalarlos de celebrar la liberación de ‘torturados’ por el Caso Ayotzinapa y de no permitir que el gobierne informe de manera directa sobre los avances de las investigaciones a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
El Centro PRO se ha inconformado que durante casi 20 minutos, Andrés Manuel López Obrador haya emitido juicios de valor y denostara el trabajo que han hecho en pro de las víctimas por más de 35 años y que sugiriera que su labor está influenciada por actores políticos de la oposición, pues recordó que su trabajo es apartidista y cuenta con el pleno respaldo de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
El presidente, dijo durante esa conferencia que organización civil pro derechos humanos ha sido defensa de las personas torturadas y liberadas por el caso, a la par de asesorar a las familias de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Aseguró que ahora que está a cargo de la investigación, “ha encontrado cosas muy raras”, como que supuestamente el Prodh no haya exigido un proceso contra los creadores de la llamada ‘verdad histórica’.
Por su parte, el Centro PRO, por medio de un pronunciamiento sostuvo que todo lo dicho por el presidente es falso, ya que desde el día uno después de la desaparición de los 43 normalistas, tanto el Prodh como otras organizaciones de la sociedad civil han acompañado a las familias, poniéndolas en el centro como víctimas y defendiendo sus derechos y exigencia de justicia. “Eso nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la ‘verdad histórica’, que paradójicamente es la que hoy respalda el presidente de la República con sus dichos”.
“Lamentamos estas falsedades y descalificaciones, especialmente graves, proviniendo del titular del Ejecutivo. Seguiremos con nuestra labor, denunciando las violaciones a derechos humanos, acompañando víctimas y formulando propuestas. Hasta que la dignidad se haga costumbre”, de acuerdo al documento del Centro PRO.
Graciela Machuca
