Afirmativa indígena en la agenda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para evitar que se cuelen “cachirules” al Congreso de la Unión
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
**Inconformidad de indígenas mayas por el registro de Anahí González como candidata indígena al Senado de la República, compatible con criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
La hoy candidata al Senado de la República por Quintana Roo, Anahí González Hernández, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se siente segura que llegará a la máxima tribuna del país, a pesar del rechazo de que es objeto, porque desde el padrinazgo que la cobija, hablaron directamente con Andrés Manuel López Obrador, para garantizarle que aunque su aún estructura electoral no es morenista, pero tienen el control de un amplio sector del electorado quintanarroense.
Que Anahí González haya llegado a integrar una fórmula, rumbo al Senado de la República, no es gracias a su trabajo en la Cámara Federal de Diputados, ni mucho menos por la gestoría e incidencia entre el Pueblo Maya, sino porque el presidente de la república tiene compromisos por cumplir y a ella le tocó la rifa del tigre.
Carece del perfil para contender por la presidencia municipal de Benito Juárez, como era su proyecto, pero en el Senado podría hacer buen papel, porque para la integración de la próxima Legislatura Federal, según los planes de MORENA, no se requieren personas legisladoras con experiencia y capacidad para legislar, sino solo basta que garanticen el triunfo, para poder alcanzar la mayoría calificada, después todo será miel sobre hojuelas, porque bastará que voten a favor de las iniciativas del aún presidente de la república durante el mes de septiembre de 2024, para hacer cambios sustanciales a la Constitución y después plegarse a los designios de su colega morenista, ya que afirman que llegarán a la presidencia de la república, sea como sea.
Sin embargo, quienes tuvieron la encomienda de organizarle la precampaña y conseguir las supuestas pruebas de que es indígena, no tomaron en cuenta que iba a tener serios cuestionamientos por querer usurpar una representación indígena que no tiene, por lo que desarrollarán las primeras semanas de la campaña en la incertidumbre, hasta que las autoridades electorales jurisdiccionales resuelvan en definitiva los recursos de impugnación al registro que le otorgó el Instituto Nacional Electoral (INE), como candidata al Senado de la República como cuota de afirmativa indígena.
A pesar de su soberbia y usurpación de la representación indígena que no tiene, Anahí González Hernández tendrá que ser llamada a juicio por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por su Sala Regional y de darse el caso por la Superior, lo cual la mantendrá en la zozobra, en la incertidumbre y en el riesgo de no llegar a participar en los comicios.
El equipo jurídico de MORENA y el despacho privado al cual ya consultó le dicen que será un proceso de mero trámite y como el tribunal trabaja contra reloj, porque debe resolver en unas cuantas semanas, la alientan para que no se preocupe y se concentre en la campaña, pero los asesores jurídicos y dirigentes de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) de Quintana Roo, dicen lo contrario, porque tienen a su favor jurisprudencia y antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las diversas salas del mismo Tribunal Electoral, así como tratados internacionales sobre derechos indígenas suscritos por el Estado mexicano.
En la asamblea general de ANIPA que se desarrolló el pasado 9 de marzo en la Casa Ejidal de Felipe Carrillo Puerto, unos 60 representantes del Pueblo Maya, acordaron continuar con el proceso de impugnación del registro de Anahí González Hernández, como candidata al Senado de la República, por parte de MORENA.
La inconformidad surgió porque a pesar, que organizaciones como ANIPA han luchado por muchos años en la defensa de los pueblos indígenas del país, ahora, “indígenas falsos están usurpando esos cargos de elección popular que le corresponden a los verdaderos indígenas”.
Determinaron que continuaran con la impugnación del referido registro, “porque esos indígenas falsos le mintieron a las autoridades electorales, al manifestar en su registro que hablan el idioma maya y que son nacidos en comunidades mayas”.
En dicha asamblea se integró una comisión indígena para que dé seguimiento a las demandas de impugnación jurídica e investigación sobre quienes autorizaron los registros indígenas, ya que autoridades del Consejo Maya presentes manifestaron que ellos tampoco están de acuerdo sobre las candidaturas, porque consideran que son usurpados los espacios indígenas que por ley les corresponde.
También se recordó que la acción afirmativa indígena, es resultado de muchos años de lucha de los pueblos indígenas de este país, por lo que están dispuestos a defender su autonomía.
Recordemos que apenas el 15 de noviembre de 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, en sesión pública y por unanimidad de votos, el acuerdo 527 del 2023, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que determinó las medidas afirmativas aplicables para los grupos en situación de vulnerabilidad, para el registro de las candidaturas al Congreso federal que soliciten los partidos políticos nacionales y coaliciones para el proceso electoral federal 2023-2024.
De acuerdo al TEPJF, el asunto se originó a partir de la emisión del acuerdo por parte del INE, por el cual se estableció el número de fórmulas que deberán postular los partidos políticos, tanto para las diputaciones como para las senadurías de las personas indígenas, así como de personas afromexicanas, de la diversidad sexual, mexicanas residentes en el extranjero, con discapacidad y en situación de pobreza. En contra de ello, se presentaron 104 demandas ante la Sala Superior.
El pleno revocó el acuerdo impugnado debido a que el modelo propuesto por el INE para este proceso, disminuía los espacios que les fueron otorgados en el proceso electoral 2020-2021. Con esto, el acuerdo del INE vulneró los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos.
Por tanto, se le ordenó al INE emitir un nuevo acuerdo en el que retome las medidas implementadas en el proceso electoral y, atendiendo a la densidad de la población indígena, defina los distritos en los que se reservarían para las personas pertenecientes a comunidades indígenas (SUP-JDC-338/2023 y acumulados).
Ahora que empiecen a llegar a las salas regionales y en su casa a la superior, los casos de impugnación por violentar la ley y los criterios del Tribunal las personas magistradas tendrán mucho cuidado de que sus acuerdos sean respetados conforme a la ley electoral del país, con la finalidad de que no se cuelen “cachirules” al Congreso de la Unión.
Graciela Machuca
