Diputada sin experiencia legislativa ni política, quiere limitar libertad de expresión en Quintana Roo; busca una ley censora de memes
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Luego de la atropellada llegada de la diputada Jissel Castro Marcial, a la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, quien fue impuesta por las personas legisladoras que pidieron licencia para ir en busca de un mejor nivel de vida, en las “primeras de cambio” está demostrando que no está hecha para la política porque tiene la piel muy sensible.
Esa sensibilidad a que no la toquen ni con el pétalo de una rosa es muy respetable, porque esa es su personalidad, pero como presidenta de la Jugocopo, pero, además, como la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Legislatura, no se puede dar el lujo de exponer públicamente su ignorancia en materia constitucional; es cierto que como diputada no está obligada a ser experta en Derechos Constitucional, pero sus asesores no la pueden exponer de tal manera, porque es la representante del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo, ya no es la secretaria de Finanzas de MORENA a nivel estatal, donde no se notaba su actuar, ahora, su investidura y el pueblo de Quintana Roo, merecen respeto.
La señora diputada llegó con la espada desenvainada y decidió enfrentar a los medios de comunicación que no están dispuestos a ser agencias de su imagen personal o de la de sus padrinos políticos, por lo que presentó la iniciativa de adicionar un párrafo al Artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo en materia de derechos a la intimidad, privacidad y libertad de expresión, por lo que de aprobarse esa ocurrencia, meterá al Congreso en un nuevo litigió federal, el cual perderá, porque como “lo ha dicho» la SCJN, la facultad de legislar en materia de Libertad de Expresión solo la tiene el Congreso de la Unión.
Los derechos a la intimidad y a la privacidad están regulados por la legislación civil local, así como por las leyes estatal y federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y de Datos Personales, ya sea en poder de instituciones gubernamentales o particulares, pero, además, existen jurisprudencias y antecedentes de cómo se deben tratar estos derechos para las personas servidoras publicas y la diputada Castro Marcial, ya es una servidora pública, desde el primer día que le fue asignado un salario proveniente del presupuesto público y desde que rindió protesta para respetar y hacer cumplir la Constitución.
Con la iniciativa se pretende adicionar un párrafo al Artículo 13 de la Constitución de Quintana Roo que diría: “Toda persona tiene el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen en los términos dispuesto (SIC) por la ley”.
Si la diputada Castro Marcial no sabe, tanto el derecho a la intimidad personal, a la privacidad, como a la imagen propia, ya están protegidos por la legislación civil, penal y de derechos de autor, lo que le hace falta es una eficiente asesoría jurídica.
En estas materias no está el problema, porque con la normatividad vigente ya se han iniciado muchos juicios en la materia donde las partes han litigado de acuerdo a sus intereses y allí están las sentencias firmes a las que por ley se tienen acceso.
Lo cuestionable del caso de las intenciones de la diputada y del grupo político al que pertenece, es querer legislar en materia de libertad de expresión, querer cuartar la libertad de expresión tanto de la sociedad en general, como de las personas periodistas en particular.
Quienes la asesoran, si es que se deja, le deben decir que el Congreso de Quintana Roo, ya perdió una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el caso que los diputados, por ignorancia, le metieron mano a una iniciativa ciudadana que luego de aprobarse, el gobierno panista decidió abrogarla.
Pero en esa Acción de Inconstitucionalidad están los argumentos de la SCJN sobre las irregularidades cometidas por el Congreso de Quintana Roo al legislar en materia de Libertad de Expresión.
Además, a la diputada, autora de la referida iniciativa de adición constitucional, le hace falta experiencia y sentido común para vivir de la política, le “hace falta barrio”, como se diría por otros rumbos, poque a nadie, con tablas en la política, se le ocurre querer censurar a los medios de comunicación en plena campaña electoral, más aún, cuando el fundador de MORENA, su partido, se confronta todos los días con los medios de comunicación, considero que a estas alturas de la campaña presidencial en alguien debe caber la cordura.
Para poder iniciar un debate sobre esta iniciativa de adición constitucional, se debe partir de los establecido por el Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en sus dos primeros párrafos dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Además, hay que tomar en cuenta el Artículo 7 que establece que se considera inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.
Hay que poner sobre la mesa lo dispuesto en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el Articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hay un detalle que se le ha pasado a la diputada quintanarroense, el cual espero que lo aprenda pronto, toda persona servidora pública, al aceptar contratarse para que una instancia gubernamental le pague un salario, el cual proviene de los impuestos de la ciudadanía, está más expuesta al escrutinio público, porque como servidora pública debe responder a los principios de transparencia y rendición de cuentas de los cuales son vigilantes quienes le pagan, los contribuyentes.
Quien le redactó la iniciativa a esta diputada también debió leer antes los informes de las relatorías de Libertad de Expresión de la CIDH y de la ONU, que de forma conjunta y por separado han publicado durante las últimas décadas.
En México, hay muchas personas abogadas expertas en Libertad de Expresión, si sus asesores del Congreso no le dan el ancho, debe contratar servicios externos de asesoría, para no afectar su imagen por desconocimiento y desinformación.
Durante las épocas de máximo esplendor priista, algunos cómicos que utilizaban su arte para cuestionar a la clase política gobernante fueron objeto de intimidación, persecución fiscal y hasta cárcel; ahora que la comedia se cambió a los escenarios del poder, y con las redes sociales surgió un nuevo tipo de crítica política, en Quintana Roo, se quieren censurar hasta el contenido de los “memes”, pero en otras entidades federativas, iniciativas similares han fracasado.
Graciela Machuca
