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El caso Basilia y la ineficacia del estado

En la sección Mujeres3 por el 26 febrero 2011 a las 7:35 am

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Basilia Ucán Nah se convirtió brevemente en una figura nacional cuando su caso se dio a conocer a principios de febrero. La mujer, indígena maya de Felipe Carrillo Puerto, fue detenida ilegalmente por la Policía Judicial del estado, y luego de un procedimiento amañado e irregular, fue encarcelada a la espera de un juicio por lenocinio y corrupción de menores, que concluyó con una condena a 12 años de prisión.
Hasta allí, sucintamente, los hechos. El entorno del caso desnuda otras fallas que atañen directamente al estado y sus funciones. Ningún organismo oficial de defensa de las mujeres, por ejemplo, llevó adelante una asistencia permanente para Basilia. No hubo funcionaria pública o diputada o regidora que se interesara por el destino de esta mujer maya.
El Instituto Quintanarroense de la Mujer recibe cada año decenas de millones de pesos, pero aún así parece haberse convertido en una enorme máquina burocrática sin capacidad de reacción para casos concretos.  El IQM apoya a “las mujeres”, pero la dinámica que tiene le hace difícil, parece, apoyar a una mujer concreta, de carne y hueso.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por otra parte, se enteró del caso por los diarios. El actual Ombudsman, Enrique Mora Castillo, reaccionó rápido ante los hechos, y confirmó la existencia de  graves irregularidades en el proceso, intentando cumplir su función. Sólo el tiempo dirá si cumplió cabalmente esa tarea, o si su impulso fue una reacción a la atención prestada por los medios de comunicación a este tema.
El ex ombudsman, Gaspar Armando García Torres, cuya función en la CEDH coincidió con el caso, es ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que es justamente la instancia que tiene la última palabra sobre el caso Basilia. Poco puede decirse de su actuación.
El caso llama la atención, más de allá de sus pormenores, que son desgarradores, porque pone al descubierto todas las citadas fallas del sistema, por la morosidad que han tenido todos esos actores para reaccionar. Hubo tres años de tiempo para que los diferentes organismos asumieran el papel, primero, de investigar el caso, y luego, si lo ameritaba, apoyar a la mujer y exigir justicia.
Nadie lo hizo, y el apoyo para Basilia surgió de mujeres carrilloportenses que no aceptaron la afrenta, y del interés que supieron despertar en organismos nacionales y peninsulares de derechos humanos.
La pesadilla de Basilia comenzó el 18 de marzo de 2007. Fue detenida arbitrariamente por elementos de la Policía Judicial; se la acusaba de regentear a dos mujeres menores de edad, a quienes habría llevado asiduamente hasta una cuartería de la zona a tener relaciones sexuales con hombres.
De acuerdo al procedimiento, la mujer había sido señalada por las menores de edad, según consta en las declaraciones de éstas. Basilia Ucán declaró ante el Ministerio Público por esos hechos, y luego quedó detenida en la espera de un juicio.
La otra versión de los hechos, que fue constatada  por la CEDH, es distinta. Basilia nunca fue asistida por un traductor, a pesar de que sólo habla maya, ni formalmente por un defensor de oficio. Por si solos, esos hechos deberían generar la nulidad del proceso.
Pero aún hay más. Ante el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Ramón Jesús Aldaz Bencomo, las menores dijeron que habían sido presionadas para hacer las declaraciones que inculpaban a Basilia, y que en el momento de esa diligencia no habían estado acompañadas ni de sus padres ni de autoridades del DIF. Otra irregularidad determinante para el caso.
La pregunta parece ser porqué una autoridad se tomó tantas molestias para meter en la cárcel a una mujer que encontró en la calle casi por casualidad. La respuesta podría estar en las palabras del otro detenido por este caso, Ambrocio Granados Mohedano, el dueño de la cuartería donde supuestamente sucedieron los hechos.
El hombre dijo que él sólo rentaba los cuartos, y que no tenía relación alguna con lo que se pudiera o no hacer allí, pero dijo otra frase inquietante. Aclaró que “omitía el nombre de las personas que rentaban los cuartos porque eran personas que ocupaban funciones públicas en Carrillo Puerto, que trabajaban en el gobierno o eran policías”. Esa frase, increíblemente, nunca abrió una línea de investigación.
Todas estas irregularidades, mientras no llamaban la atención de autoridades u organismos locales, sí lo hicieron con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Yucatán.
Estos organismos coincidieron que en este caso hay una doble discriminación contra Basilia, por indígena y por mujer; falta de voluntad para investigar la posible conexión de figuras públicas con la explotación de menores, y una clara señal de que la Justicia quintanarroense no cumple con los estándares mínimos de derechos humanos en casos de personas marginales o de bajos recursos.
La posibilidad de que trabajadores del juzgado pudieran haber pedido dinero para liberar a Basilia Ucán, es la perla final de un caso sorprendente.
Otro aspecto que deja claro el caso Basilia es que la lucha por los espacios de género en Quintana Roo parece haber quedado en la mera disputa de espacios de poder. Realmente,  no parece que la mujer quintanarroense se haya empoderado, lo que sería el objetivo final del proceso. Mucho menos si esa mujer es pobre e indígena.  Simplemente, algunas han llegado a compartir el poder de los hombres, cuyo beneficio no trasciende de sus propias carreras políticas o cuentas bancarias.
A la hora del cierre de esta columna, el caso no ha tenido ninguna resolución en el Tribunal Superior de Justicia del estado. Ojalá que el Máximo Tribunal comience a enderezar un poco esta turbia historia.

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