El costo social del sobrepeso y la obesidad
Manuel Urbina* / Gilberto Hernández* / Javier Jiménez*
El costo social de tener 44 millones de personas con sobrepeso y 32 millones con obesidad en el país tiene dos aspectos adicionales que dimensionan la magnitud del problema para el nuevo gobierno(II):
«¢ Los escenarios que, en términos absolutos, ha propiciado el crecimiento demográfico sobre los determinantes sociales de la salud (DSS) (III), pues cada minuto nacen tres mexicanos y ya somos más de 115 millones.
«¢ Los 2,454 municipios del país, 1,251 son de muy alta y alta marginación (II); 32 millones de personas son vulnerables por carencia social; hay 28 millones con carencia en el acceso a la alimentación y 36 con carencia en el acceso a los servicios de salud (SS); y de los 52 millones de pobres, 11 millones son pobres extremos (II).
La transición nutricional mexicana cambió nuestros hábitos alimenticios —con nuevas opciones de alimentos, productos mal llamados ”de dieta» y los conocidos como ”chatarra»—, así como diversos estilos de comida rápida y un auge en las grandes concentraciones urbanas, donde se emplea mayor tiempo para ir al trabajoo a la escuela y menos para realizar actividad física, llevaron a varias generaciones a vivir con un marcado desbalance nutricional (IV).
Hay sustento científico y referencias, tanto nacionales como internacionales, respecto de las repercusiones biopsicosociales de esta pandemia individual, familiar y social. Entre las repercusiones biológicas del S-O está el elevado factor de riesgo asociado a enfermedades crónico-degenerativas, como son, principalmente por su alta incidencia, la hipertensión arterial (HTA) (V), la Diabetes Mellitus tipo II (DM-2) (V) y algunos tipos de complicaciones oftalmológicas, cardiacas, vasculares, renales, en órganos blandos y en extremidades inferiores, por mencionar algunas.
En el terreno psicológico destacan, entre otras, la distorsión en la percepción corporal, la baja autoestima y la depresión. En lo social se afectan recursos humanos, médicos, materiales e infraestructura, así como recursos económicos propios para su tratamiento.
La transición nutricional, sumada a la demográfica y la epidemiológica, ha llevado a los sistemas económicos, financieros y de servicios de salud a límites nunca antes vistos, que afectan principalmente a personas entre 30 y 70 aí±os, quienes actualmente sostienen la producción del país, pero también a los nií±os, en quienes recaerá la producción futura.
El reto para la próxima administración pública de los servicios de salud es la atención de más de 70 millones de personas con S-O, de los cuales, 20.5 están enfermas, y de ellos, 18.5 millones son diabéticos o hipertensos, con riesgos en su salud porque ignoran su padecimiento, o que sabiéndolo no están controladas, y tienen secuelas, una menor calidad de vida, impactos psicosociales y una muerte prematura.
¿Cuáles pueden ser los costos sociales directos para los enfermos de HTA y DM-2?
Hay una reducción en su productividad y, en consecuencia, menores ingresos, pues deben acudir para atención médica siquiera a cuatro consultas anuales; por lo tanto, esos días dejan su trabajo, y lo mismo sus acompaí±antes. En algunos casos, debido a la saturación y diferimiento de la atención médica, recurren a servicios privados con el consecuente gasto de bolsillo o catastrófico. En el caso de la DM-2 hay un mayor riesgo de muerte prematura que en promedio ocurre a los 66 aí±os, no obstante que la esperanza de vida es de 75 aí±os actualmente.
Si esto ocurre, ¿qué tiempo y recursos son necesarios?
En relación con el costo social directo en el ingreso (VI), se invierte un tiempo estimado de 164 millones de horas para su atención, que, cotizadas al salario mínimo, implicaría un costo de 1,353 millones de pesos (mdp). Mismo tiempo y monto para sus acompaí±antes.
Si una parte de estos enfermos, por ejemplo el 5%, tiene que acudir para su atención, medicamentos y laboratorio a la medicina privada, se debería erogar un total de 50 mil mdp (VII); y si ocurre muerte prematura de esta población, el ingreso no generado ascendería a 492 mil mdp, ya que se pierden 20.5 millones de aí±os. La SSA estima (VIII) que hay más de 60 mil muertes y 400,000 casos nuevos anuales.
El costo de la atención médica recae directamente en el presupuesto federal, el que, al igual que el servicio médico, será insuficiente para atender a esta población enferma (IX).
Abordar de fondo este problema de múltiples causas implica acciones integrales para que se reduzca la incidencia de personas con S-O en el mediano y largo plazo, se evite que la gente con S-O enferme o que se complique adicionalmente, y que se reduzca el número de personas con S-O. Esto implica que 45 millones de ellas bajen de peso para evitar que se enfermen; además, apoyar a los 18.5 millones que ya padecen HTA y DM-2 para que no desarrollen complicaciones. Son millones los enfermos, y el presupuesto requerido únicamente para consulta y medicamentos básicos es de 2.7 mil mdp anuales. La SSA menciona que tan sólo la DM-2 consumió un tercio del presupuesto anual del IMSS para atención médica en 2005 y que podría duplicarse el gasto en 5 aí±os (VIII).
Por ello, son urgentes la decisión política para lograrlo y una intervención de alto impacto e inmediata, como la aplicación de una prueba de tamizaje viable, con razonable especificidad y sensitividad, de bajo costo y rápida realización (X) para así identificar a quienes puedan estar enfermos y que los servicios de salud los incorporen bajo supervisión, atención y control eficientes. Realizarla es un reto de planeación e instrumentación, por etapas, de una logística que demanda miles de personas, recursos, equipos, sistemas de control y seguimiento en donde todas las instituciones públicas y privadas deben participar para lograrlo.
Esta prueba de tamizaje cuesta poco, comparada con el manejo de una persona enferma, que es 30 o 40 veces más caro que la prueba, o del tratamiento de un enfermo que se descontrola o tiene complicaciones y que costará por cada aí±o de su vida 300 o 400 veces más que la misma prueba. Si ayudamos a la persona con S-O a que no se enferme —y si se llega a enfermar, a que no se complique— el mismo presupuesto alcanza para apoyar a muchas más personas; es una acción de ”ganar-ganar».
Reducir la ocurrencia de más personas con S-O es deseable, complicado y requiere aí±os, pues se necesita incorporar elementos educativos, nutricionales, de seguridad pública, de producción y abasto de alimentos, control y seguimiento médico, normas y otros aspectos jurídicos. El país precisa de una política integral y participativa; de los poderes federales, estatales y municipales; de las autoridades sanitarias, los medios de comunicación y las empresas del sector privado, en especial a las relacionadas con la fabricación, distribución y venta de alimentos y bebidas; así como del sector académico, pues es necesario que todo mexicano aumente su nivel educativo en materia nutricional, para aprender la ”aritmética básica nutricional» desde la educación básica hasta la superior.
Esto debe ir de la mano con otras medidas para mejorar la información del etiquetado de un producto y darle una utilidad práctica; reconsiderar el contenido calórico de alimentos y bebidas, en especial de bebidas endulzadas, pan y tortilla; la prohibición del consumo de ciertos productos dentro de las instituciones educativas y en las empresas públicas y/o privadas; y acercar al consumidor productos de valor nutritivo a precios accesibles. Asimismo, las aseguradoras y las instituciones públicas de salud podrían reducir las primas/cuotas a los trabajadores que reduzcan su índice de masa corporal.
Tenemos las evidencias de la magnitud del problema, ahora requerimos de las evidencias operativas integrales que fundamenten las políticas públicas que se propongan.
En el corto plazo se pueden obtener mejores opciones en el nivel municipal, cambiando a una lógica ascendente para el diseí±o de programas y estrategias de intervención en microrregiones; reorientando los recursos ya disponibles del Ramo 33 con líneas de acción conjuntas de todos los sectores involucrados, que consideren los DSS y la Atención Primaria de la Salud para impactar en el S-O; y logrando la equidad en salud a la que tenemos derecho todos los mexicanos.
Todo lo anterior, en el marco del Artículo 4 de la Constitución, que en su tercer párrafo dice: ”Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará».»¢
* Investigación en Salud yDemografía, S. C.
Referencias
I. OMS Nota descriptiva N°311, Mayo 2012; OCDE Franco Sassi, Obesity and the Economics of Prevention. Fit not Fat, 2010
II. Cálculo propio con IMC de la ENSANUT 2006 y cifras del CONAPO 2011; CONEVAL, Julio 2011.
III. Definidos por la OMS como las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, se educan, trabajan, envejecen y mueren; cada minuto nacen tres mexicanos y somos más de 115 millones
IV. Entendido como ingerir algo distinto a lo necesario para nutrirse, de acuerdo con su actividad, ya sea comer de más, comer de menos o comer mal.
V. La Secretaría de Salud estima que hay unos 15 millones de personas con HA y 5.5 millones con DM-2.
VI. El costo social expresa las dimensiones de los tipos de costos en que la sociedad se ve afectada, en este caso, los daí±os a la salud por mala nutrición.
VII. Horas cotizadas al salario mínimo. Tiempo para consulta: dos horas promedio (ENSANUT 2006). Servicio médico particular estimado incluye cuatro consultas, medicamentos, laboratorios y tratamientos en un aí±o, para una población estimada de un millón de usuarios potenciales con DM tipo 2 o HA con y sin complicaciones ulteriores, suponiendo un costo individual estimado de $50,000.00 pesos anuales.
VIII. Fuente: Programa de Acción Específico Diabetes Mellitus. 2007-2012. Secretaría de Salud, Pág. 20
IX. Actualmente se tiene una cobertura de control médico a pacientes enfermos de DM-2 o HA de 20% en el país, muy por debajo de lo deseado.
X. Punción capilar en un dedo para determinar nivel de azúcar en sangre que cuesta $100.00, y toma de presión arterial en el brazo
Graciela Machuca
