La CEDAW y el feminicidio en Sonora
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Las recomendaciones de la CEDAW salpicaron a todo mundo. No sólo el Estado mexicano salió exhibido por la incapacidad para brindar seguridad y garantizar la vida sin violencia para las mujeres, sino que esto se hizo extensivo a las entidades de la república.
El 7º. Y 8º. Informes periódicos no satisficieron al comité de expertas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, CEDAW. Este julio nos trajo un documento que lejos de contener felicitaciones por el cumplimiento de las recomendaciones de 2006, reclamó no sólo la falta de atención a éstas, sino el exacerbado crecimiento de la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades.
Las expertas se fueron directo al corazón del problema: la guerra contra el crimen organizado no ha servido más que para aumentar la impunidad y hacer más lejano el acceso a la justicia para las mujeres. Este periodo de guerra civil disfrazada de acciones por la seguridad ha arrojado a las mujeres a terreno minado, convirtiéndolas en las más vulnerables y como siempre ocurre en las batallas, en botín de guerra.
El documento del 2012 con respecto del de 2006 es exactamente inverso a lo esperado. México no cumplió ninguna de las recomendaciones, exhortos, ni urgencias del comité. Por el contrario, en algunos temas involucionó aprobando leyes que hicieron retroceder los derechos de las mujeres como las reformas constitucionales que iniciaron en Sonora en octubre de 2008, que otorgan la supremacía del feto en desarrollo, por sobre la ciudadanía de la mujer embarazada.
En otros, en un aparente afán por cumplir, hizo un desastre. Es el caso de los tipos penales autónomos feminicidio, aprobados en 17 estados de la república, en su mayoría inacreditables, con aberraciones jurídicas tales como el del Estado de Durango que ni siquiera expone que el feminicidio es la privación de la vida de una mujer.
Por eso Sonora no se salvó, porque el comité de la CEDAW se refirió a las políticas públicas federales, pero también las estatales y locales. Es la primera vez que las recomendaciones baí±an a todo el país, mencionando particularidades. A unos por teí±ir de rojo la geografía del sureste y noreste, por donde las mujeres sufren mientras migran voluntaria o involuntariamente hacia el norte en la ruta de las y los migrantes. Esclavizadas por la necesidad de buscar un mejor trabajo o por el crimen organizado, las mujeres deben sortear toda clase de vejaciones para llegar a su destino, si es que no son secuestradas y pierden la vida en el trayecto.
La homologación del tipo penal autónomo feminicidio en todo el país, fue una de las más notorias exigencias en las recomendaciones del 27 de julio pasado. Las entidades que creen que ya cumplieron con incluirlo en el código penal, tendrán que revisar sus descripciones para atender a esta recomendación.
Por su parte, los estados como Sonora, que cumplirá un aí±o con una iniciativa de tipo penal limitada e imposible de acreditar en la práctica, y a la que las mujeres organizadas hicieron una propuesta de enmienda, debe tipificar ya. Pero también debe hacerlo en los términos que la CEDAW recomienda.
Esta entidad también está en el paquete de estados a los que el comité de la CEDAW urge a que rectifiquen su legislación para dejar de discriminar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo, y que se los impide la reforma que dio derechos de persona al embrión. Aunado a esto, el estado de Sonora nunca aplica la Norma Oficial Mexicana, NOM-046-SSA2-2005, que especifica los criterios para atender la violencia intrafamiliar y sexual, incluida la posibilidad de practicarse un aborto en caso de embarazo por violación.
Sonora al igual que otras entidades se ríe de las disposiciones jurídicas que protegen y garantizan una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Esto queda claro también cuando evade la legislación federal y local, y no cumple con las cuotas de género en el ámbito de la participación política. La prueba es la legislatura local electa recientemente. Dos mujeres serán diputadas por mayoría, y cuatro por representación proporcional. Esto continúa la escasa presencia de sólo seis mujeres de un total de 33 curules, lo que mantiene el incumplimiento de la ley electoral de porcentajes de: 40-60 federal, y 50-50 local, para ambos géneros.
La escasa política de educación sexual y dotación de anticonceptivos tiene a Sonora con un alto índice de embarazos en adolescentes incrementado en un 35 por ciento en diez aí±os.
Sonora no debe sentirse a salvo de las recomendaciones ya que fue mencionado sin ser nombrado. De veinte recomendaciones en 2006, el número creció a 52 en 2012. Todos los temas están pendientes, y otros nuevos han hecho de México y de sus estados, un lugar peligroso para las mujeres. Sin mecanismos prácticos para implementar la Alerta de género, y sin protocolos de investigación sobre violencia y feminicidio, las mujeres están en la indefensión.
Por eso las expertas refrendan su exigencia, su urgencia al Estado mexicano, pues su ineficacia aumentó junto con los casos documentados de impunidad y ausencia de investigaciones adecuadas. Las expertas escucharon a las organizaciones civiles y creyeron en sus informes sombra. Por eso ni México, ni Sonora, pueden hacer oídos sordos. 31 mujeres han sido asesinadas en Sonora en lo que va de 2012, muchas otras lastimadas física y emocionalmente. Las estadísticas de violencia previa al feminicidio saltan a la vista en la ENDIREH 2011. Por ello, y porque la CEDAW los está observando, los gobiernos ya no pueden hacerse tontos, pues aunque finjan que no se dan cuenta, México quedó exhibido ante el mundo como un país misógino y corrupto.
Graciela Machuca
