Uruguay: Medidas hacia un país libre de violencia doméstica
Por Isabel Pérez de Sierra
(isabelperezdesierra@gmail.com)
Montevideo, noviembre (SEMlac).- En ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, el gobierno uruguayo presentó un paquete de medidas elaboradas en el marco del Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica, conformado para dar seguimiento a la aplicación de la ley 17.514 de violencia doméstica.
Según las cifras que manejan las organizaciones, en lo que va de 2012 fueron 32 las víctimas del feminicidio, sumándose además nií±os, nií±as y adolescentes que quedaron sin su madre (o también murieron) por esa causa.
Con motivo de la presentación oficial, el vicepresidente de la República Danilo Astori destacó que el contexto de esta política que asume el gobierno en su conjunto es el «respeto irrestricto a los derechos humanos» de las personas, particularmente de las mujeres.
A su vez, destacó que no se separa de la aspiración mayor de la actual coalición de gobierno de la «igualdad», entendida como la eliminación de todas las discriminaciones.
Respuesta integral
Entre las medidas propuestas por el gobierno en el marco de una «Estrategia por la vida y la convivencia», se destaca la necesidad de poner a consideración del parlamento un nuevo proyecto de ley en materia de violencia basada en género.
La propuesta pretende reemplazar la actual fragmentación en materia normativa respecto a fenómenos que deben verse desde una misma perspectiva, aunque sean específicos en sus manifestaciones y consecuencias: acoso, trata, violencia intrafamiliar, violencia sexual, entre otros.
Por ello, el proyecto se orientará a normalizar en un único texto las diversas manifestaciones de la «violencia basada en género».
De hecho, esta es una de las observaciones que Uruguay ha recibido por parte del comité internacional de seguimiento a la Convención para «Prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia hacia la mujer» (Belém do Pará): la falta de integralidad en sus respuestas normativas.
Por otro lado, las medidas propuestas incluyen la perspectiva de transitar hacia una política de Estado en materia de violencia doméstica en la que, por primera vez, se incluya la atención y rehabilitación de los agresores.
Asimismo, la implementación del dispositivo de Seguimiento y Monitoreo de Personas, más conocido como implementación de las «pulseras», al tratarse de aditamentos que se colocan en la muí±eca o el tobillo, permitirá combatir uno de los agujeros más grandes de la ley actual: la incapacidad del sistema judicial y policial para hacer cumplir las medidas cautelares.
Respuesta que llega con retraso
El 28 de julio de 2010, la sociedad civil organizada se presentó en audiencia pública contra el Estado uruguayo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema Violencia Doméstica.
Como resultado de aquella instancia, los comisionados exhortaron al Estado a continuar adoptando medidas para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia.
En uno de los pasajes del documento la Comisión expresa que «considera particularmente preocupante la información recibida sobre la falta de implementación efectiva de las medidas cautelares que garanticen la protección de las mujeres que han realizado la denuncia correspondiente».
De hecho, un gran número de las mujeres que mueren en Uruguay por violencia doméstica habían ya denunciado a su agresor con anterioridad, por lo que resolver el problema del cumplimiento de sus medidas cautelares es un asunto clave en la acción efectiva del estado para proteger el derecho de las mujeres a vivir -en primera instancia-, y además a hacerlo sin violencia.
Graciela Machuca
