Una reforma que no rinde cuentas
La propuesta de reforma energética presentada por el gobierno federal el pasado lunes supondría la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para permitir una mayor participación de la iniciativa privada en los sectores petrolero y eléctrico. Esta reforma eliminaría la prohibición de que Petróleos Mexicanos (Pemex) lleve a cabo contratos con empresas privadas para la explotación de los hidrocarburos, desde la exploración y producción, hasta la refinación. De esta manera, implicaría que dicha explotación dejaría de estar a cargo del sector público de manera exclusiva.
El argumento desde el gobierno y otros actores sociales y políticos para impulsar estos cambios se basa fundamentalmente en la necesidad de revertir la caída en la producción de petróleo, aumentar la producción de gas, incrementar la incorporación de reservas y mejorar la eficiencia de la refinación y la petroquímica para disminuir importaciones y abaratar los energéticos. Una de las principales apuestas para mejorar la producción de petróleo y gas es la explotación de los hidrocarburos no convencionales; en concreto, el gas shale—o gas de esquisto— y el petróleo de aguas profundas.
La reforma energética plantea además la necesidad modificar al régimen fiscal de Pemex, de tal forma que permita a la paraestatal retener mayores recursos para reinvertir en su propia operación. En su propuesta, el gobierno seí±ala que la caída en los ingresos públicos que representará esta medida se compensará a través de una mayor producción. Sin embargo, para compensar una disminución en los derechos que paga Pemex —que representan el 33.5% de los ingresos del sector público— sería necesario también llevar a cabo una reforma fiscal que permita al gobierno obtener mayores ingresos tributarios.
Todos estos cambios, bajo argumentos similares, ya han sido impulsados con anterioridad. Sin ir más lejos, la última reforma energética (la de 2008) también incluyó la ampliación de la iniciativa privada para mejorar la producción petrolera a través de proyectos no convencionales —en aquel entonces, aguas profundas y el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), también conocido como Chicontepec—. De igual forma, se plantearon modificaciones al régimen fiscal de Pemex: en concreto, para la explotación de estos proyectos no convencionales, los cuales —debido a sus complejidades técnicas y altos costos— necesitaban un régimen especial para resultar rentables. Así, en 2009, se modificó la Ley de Derechos para establecer un pago de derechos específico para los proyectos de aguas profundas y de ATG.
Sin embargo, el diagnóstico en el cual el gobierno basa su propuesta no incluye un análisis de los resultados obtenidos tras las medidas adoptadas en 2008 para así conocer su efectividad y mejorar el objetivo último de las mismas; es decir, mejorar la producción de hidrocarburos y aumentar la incorporación de reservas. En este sentido, los datos que se tienen al respecto —publicados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF)— muestran que la explotación de estos hidrocarburos no está cumpliendo con las metas de producción iniciales e, incluso, no están resultando rentables en muchos casos.
Por ejemplo, los datos de la CNH indican que en 2010 Pemex calculó una producción de hidrocarburos en el proyecto ATG de 265 millones de barriles diarios (mbd) para 2013; sin embargo, la producción a julio de este aí±o se situó en 70.8 mbd. Sobre este mismo proyecto, la ASF en su informe de auditoría de la cuenta pública de 2011 seí±aló que pese a que hasta ese aí±o Pemex había gastado el 115.4% de los recursos previstos del proyecto, éste presentaba un avance físico de tan sólo el 63.9%. En el caso de aguas profundas, la CNH seí±aló en 2012 que el 75% de los proyectos exploratorios en aguas profundas tenían rentabilidades negativas.
Frente a estos datos, y si tenemos en cuenta que México se ha comprometido a nivel internacional y nacional a la reducción de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) —producidos en su mayor parte por la combustión de hidrocarburos para la generación de energía y el transporte—, vale preguntarse cuál es la lógica de presentar una reforma que se basa en seguir manteniendo un modelo energético cimentado en la explotación de estos recursos. Esto, además, con el agravante de que los proyectos no convencionales conllevan más costos, graves impactos socio ambientales y mayores emisiones de GEI que los tradicionales. Sin duda estas son cuestiones que tanto el Poder Legislativo como la sociedad debemos poner en la mesa durante las discusiones de la reforma que tendrán lugar los próximos meses.
*Aroa de la Fuente es investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar.
Graciela Machuca
