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En lo que va del aí±o 2013, en México han muerto tres periodistas: Jaime Guadalupe González, quien fue asesinado en Chihuahua el 3 de marzo; Alonso de la Colina Noriega, en Puebla el 14 de abril; y Daniel Alejandro Martí­nez Bazaldúa, el 24 de abril en Coahuila.

Han desaparecido otros tres: Sergio Landa, en Veracruz, desde enero; José Garcí­a, en Chihuahua, desde marzo; y Gerardo Padilla, desde abril, en Chihuahua. Además, se registraron 181 agresiones graves a reporteros, hubo también amenazas y robo de equipos…

Los medios atacados, según la Casa del Periodista (CDP), son: Diario de Ciudad Juárez y Canal 44, el 6 de marzo, en Chihuahua; diario El Mural, en Guadalajara, el 18 de abril; El Maí±ana, en Nuevo León, el 12 de mayo; el periódico Libre en el sur, del DF, el 15 de mayo; Notivisión, en Veracruz; El Siglo de Torreón, en Coahuila; Presencia de Veracruz; El Pií±ero de la Cuenca, en Oaxaca; revista Luces del Siglo, en Quintana Roo; y Contexto, de Durango…

En diez aí±os han muerto 87 periodistas en México y 17 están desparecidos.

Organizaciones nacionales como internacionales, han advertido de esta grave situación en México y poco o nulo caso se ha hecho a estas voces de alerta: Amnistí­a Internacional, Reporteros sin Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, La Casa del Periodista, insisten en que el ejercicio del periodismo en México es de alto riesgo…

Sobre todo para aquellos periodistas que cubren temas calientes’ en zonas calientes’ del paí­s, ahí­ en donde la criminalidad, la violencia, el narcotráfico, la corrupción gubernamental y la colusión entre unos y otros, o la presencia de gobiernos débiles, hacen que el foco de su atención sea puesto en el periodismo que está obligado a informar de lo que ocurre…

No es infrecuente que se haya caí­do en otro grave problema que, asimismo, atenta a la Libertad de Expresión en México: la censura y la autocensura. La primera, como producto de intereses ya criminales o polí­ticos; la autocensura, porque con frecuencia se evita tocar temas que pongan en riesgo tanto a la empresa periodí­stica, al medio, como a sus operarios… Esto ha derivado en lo peor que puede ocurrirle a toda sociedad: el silencio.

No obstante que la libertad de expresión es uno de los puntos centrales de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos, se han tenido que emitir leyes y reformas que tocan la nueva circunstancia: la del peligro mortal para quienes ejercen este trabajo.

En febrero de 2006, se creó la Fiscalí­a Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. No obstante, desde su fundación, tan sólo ha dado como resultado una condena. Ese mismo aí±o, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permití­a a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los crí­menes y delitos en contra de la libre información y el periodismo.

El viernes 22 de junio de 2012, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, promulgó, en el salón López Mateos, de Los Pinos, los decretos por los que se expidieron la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así­ como la reforma constitucional que permitiera a la Federación, conocer de los delitos contra periodistas. Nada aún…

El problema es de origen social y pasa por lo polí­tico, lo económico, lo cultural. El periodismo tiene como función atender lo que ocurre en nuestro cuerpo social e informar a la sociedad, porque, precisamente, el periodismo es un ejercicio de lo social…

Pero el peligro estará acechando a los medios y a sus operarios mientras exista en el paí­s la criminalidad de alto nivel, la violencia criminal cotidiana, los grupos organizados para atentar en contra de vidas y bienes, los intereses polí­ticos y económicos ocultos tras el crimen organizado para atentar, también, en contra de las libertades; y está, también, en la corrupción de muchos en el gobierno federal, estatales o municipales y en la complacencia de gobiernos frágiles; está en el temor de las autoridades para solucionar y está en la impunidad y en el salvaje ir y venir de la ingobernabilidad que ha cedido el paso a pandillas de maloras que deciden lo que habrá de ser y cómo, en sus espacios de dominio.

Luego hay paliativos. Está, por ejemplo, que apenas el martes 5 de noviembre, la Secretarí­a de Gobernación publicó en el Diario Oficial, las reglas de operación del fideicomiso ”Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas», esto es: ”para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo», dice ahí­. Bien.

Pero…

¿Cómo solucionar el problema? Entendiendo que al defender al periodismo, al periodista y a su medio se defiende la integridad de un paí­s, porque un paí­s sin información es un ente francamente desarticulado y sin futuro…

Es responsabilidad de los gobiernos federal, estatal o municipal, no sólo enunciar que ”harán todo lo posible por solucionar el problema», es indispensable un cambio de estructuras y una limpieza de gobierno… ¿un sueí±o guajiro? Sí­, pero un dí­a tendrá que ser.

Es un reclamo. Si. El reclamo de querer vivir en paz, con trabajo, con alimento, con educación, con salud y bien informados de lo que pasa y lo que ocurre aquí­, y ahora. Esa también es la mejor protección de la mejor de nuestras libertades: la de expresión.

Correo: jhsantiago@prodigy.net.mx
Twitter: @joelhsantiago

Graciela Machuca

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