Historia de empresarios poderosos y jueces débiles que insisten en cerrar la revista Contralí­nea

PorRogelio Hernández López*

Estaes una historia que causa demasiada irritación entre quienes nosdedicamos a informar y, debe exhibirse para que otros colegas, sobretodo los que tienen publicaciones y otros medios de periodismoprofesional, como Ví­a Libre, tomen las prevenciones necesariascontra los usos y abusos que hay en las instancias judiciales contratrabajadores y empresas de la prensa cuando empresarios poderososhacen sentir su peso.

Estaes la historia resumida de las quince agresiones contra un semanariode periodismo de investigación, la revista Contralí­nea.

Estan grave el caso que el miércoles 5 de diciembre se realizó unareunión urgente de los cinco responsables operativos del Mecanismode Protección a Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas dela Secretarí­a de Gobernación con Miguel Badillo Cruz, director dela Revista Contralí­nea y el Grupo de Protección de la Casa de losDerechos de Periodistas.

Allí­,Juan Carlos Gutiérrez, Director de la Unidad de Derechos Humanos yCoordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo, calificó como”graví­sima» la situación que padece el semanario porque atentacontra las libertades de prensa y de expresión.

Enla reunión extraordinaria, realizada en instalaciones de laSecretarí­a de Gobernación, el Coordinador del Mecanismo deProtección aseguró que allí­ mismo se abrí­a procedimiento para quela Junta de Gobierno conociera este caso, pero en lo inmediato dioinstrucciones para que la Unidad de los Derechos Humanos revisara porqué no se han implementado las recomendaciones de la ComisiónNacional de los Derechos Humanos al Poder Judicial de Jalisco porotros dos procesos judiciales indebidos en contra del Semanario, desu director, de reporteros y hasta de unos de sus columnistas.

JuanCarlos Gutiérrez también resolvió solicitar al Gobierno delDistrito Federal y a la Policí­a Federal la implementación demedidas cautelares de vigilancia y salvaguarda de instalaciones deContralí­nea, debido a los antecedentes de tres irrupciones que hansufrido y por la presencia intimidatoria y agresiva que realizanpersonas vestidas de civil cerca de las oficinas.

LaCasa de los Derechos de Periodistas, que realiza labor deacompaí±amiento a Contralí­nea y su persona, también solicitó, esemismo dí­a. a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,que dicte medidas cautelares urgentes para impedir que procedan lasórdenes de embargo y remate de los bienes inmuebles que sentencióindebidamente un juez civil de Jalisco. La CIDH ya tiene antecedentesde la cadena de agresiones contra el medio de prensa.

PORHACER PERIODISMO DE INVESTIGACIí“N

Lassiguientes son algunas de las agresiones que ha sufrido lapublicación y que este reportero tomó de la Evaluación de Riesgosentregada a la Secretarí­a de Gobernación:

”Elperfil de actuación profesional reciente y en una lí­nea de tiempode la empresa que edita Contralí­nea, y de sus periodistas, indicaque su orientación central es investigar, procesar, cotejar, editary difundir información de interés público con especial incidenciaen temas donde se divulgan actos de corrupción del sector públicocomo de particulares involucrados en ellos. Además de laspublicaciones impresas la empresa periodí­stica ha editado libros yotros productos informativos en sitios electrónicos. La aceptaciónpública de este tipo de periodismo se constata en la permanencia ycirculación amplia de sus productos informativos y en los hechos deque la revista Contralí­nea y varios de sus periodistas han obtenidoreconocimientos nacionales e internacionales de organismosprofesionales.

”Esaorientación profesional explicarí­a las causas de agravios yconflictos judiciales que se han convertido en caudal de riesgos, quehan rodeado a sus directivos y buena parte de sus periodistas —lamayorí­a de ellos enderezados en su contra intencionalmente— enla lí­nea del tiempo de 2007 a la fecha, los cuáles, según severifica en la denuncia de hechos en la PGR, al conjuntarse ocupan prácticamente toda la tipologí­a de agravios que padece el ejerciciodel periodismo en todo el paí­s en los aí±os recientes y losconvierten en caso único nacional:

1. Acosojudicial;

2. Agresionesfí­sicas;

3. Allanamientos;

4. Amenazasde muerte;

5. Asesinatos;

6. Atentadosviolentos con armas de fuego;

7. Censurajudicial;

8. Demandasciviles con intención intimidatoria;

9. Desacatode instituciones y servidores públicos a recomendaciones de la CNDH;

10. Desapariciónfí­sica;

11. Detencionesarbitrarias;

12. Intimidacionesverbales;

13. Ordenesde aprehensión;

14. Vetopublicitario

15. Resolucionesde dos jueces civiles que sin cumplir con el debido proceso,presionados por empresas gaseras, condenan a la revista o a sudirector a pagar ”daí±o moral» y ponen a remate sus bienesinmuebles.

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LA HORROSA CADENA DEHECHOS

Un resumen de loshechos de agresión fue expuesto por elDirector General de la empresa, el periodista Miguel Badillo Cruz,ante la Procuradurí­a General de la República en 2011, los ratificóen la Fiscalí­a Especial el 4 de diciembre de 2013 y los reconfirmóen la Segob el 5 de diciembre de este mismo aí±o:

1. El suscrito es presidente de Comunicación Colectiva y Periodismo Investigación, S.A. de C.V., que edita las revistas ”Contralí­nea, Periodismo de Investigación» y ”Fortuna, Negocios y Finanzas», dedicadas a la investigación y análisis polí­tico y económico de los problemas que vive nuestro paí­s. Es conveniente seí±alar que con motivo de ese trabajo periodí­stico, quienes laboramos para estos medios informativos hemos sido objeto de acoso y amenazas por parte de diversas personas involucradas en los reportajes que se realizan.

2. Como antecedente seí±alo que el 05 de agosto de 2007 representantes del Grupo Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones de Contralí­nea amenazando con desaparecer la revista y exigiendo que se les revelaran los nombres de fuentes de información de reportajes publicados.

3. Al dí­a siguiente, el 06 de agosto de 2007, se iniciaron acciones judiciales por parte de Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, quién presentó 4 demandas por supuesto daí±o moral ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el expediente 757/2007, ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, en el expediente 905/2007, en el Juzgado Quinto de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, en el expediente 383/2008 y en el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, en el expediente 393/2008. Las demandas se formularon en contra del suscrito Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez, reportera de este medio informativo. Uno de los casos se resolvió en diciembre de 2008 con una resolución condenatoria. Entre las irregularidades de ese expediente destaca que el juez se excedió al dictar su resolución e impuso obligaciones de imposible cumplimiento; además, el juzgador de primera instancia pretendió respaldar su decisión con consideraciones no jurí­dicas, sino de apreciaciones personales y de valor en contra de los periodistas y del medio.

4. El 07 de noviembre de 2007 Oceanografí­a, SA de CV, interpone un juicio civil por ”daí±o moral» ante el Juzgado 40 de lo Civil, en contra de la revista Contralí­nea y de los periodistas Miguel Badillo, Nancy Flores, Ana Lilia Pérez y Jorge Meléndez. Durante las audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas, así­ como de las pruebas ofrecidas por ellos. Se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que las ofrecidas por la parte demandante, sin que a ésta se le hayan desechado.

5. El 13 de agosto de 2008 los abogados Graham Alberto Zubí­a Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanan las instalaciones de Contralí­nea acompaí±ados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretarí­a de Seguridad Pública del Distrito Federal.

6. El 12 de septiembre de 2008 Contralí­nea interpone una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte.

7. El suscrito el 16 de enero de 2009 fue objeto de un arresto administrativo, ordenado por el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, así­ como al intento de acceder el 1 de febrero de 2009, a los archivos de la revista ”Contralí­nea», a través de diversa orden librada por la misma autoridad judicial, ambas determinaciones judiciales fueron dictadas en diferentes expedientes.

8. El 11 de febrero de 2009 representantes del Grupo Zeta Gas allanan las instalaciones de Contralí­nea; exigen ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas.

9. El 22 de abril de 2009 ”Blue Marine Technology Group» demanda a Contralí­nea y a los periodistas Miguel Badillo, Nancy Flores y Ana Lilia Pérez y al cartonista David Manrique por ”daí±o moral».

10. Un funcionario de Petróleos Mexicanos amenazó a la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza, con no permitir que los funcionarios de esa empresa otorgaran entrevistas al citado medio de comunicación, y que no se le contratarí­a publicidad oficial, en razón de lo que escribimos.

11. Derivado de estos hechos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 57/2009 donde determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación y que concluyó en la inédita recomendación —”sobre el caso de los seí±ores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Marcela Yarce e integrantes de la revista Contralí­nea»— se acreditaron como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodrí­guez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos con sendos puntos Recomendatorios contra el ”acoso judicial, para atentar contra la libertad de expresión« y para que la paraestatal se comporte ”con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos.»

12. El 14 de septiembre de 2009 fueron allanadas y robadas las instalaciones de la revista Contralí­nea siete meses después de que la CNDH emitiera la recomendación 57/2009.

13. En el mes de abril de 2010 fueron nuevamente allanadas las instalaciones de la revista Contralí­nea, ubicadas en la avenida Balderas 33, Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. Esta vez, los delincuentes violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y expedientes periodí­sticos, equipo de cómputo, celulares, chequeras y diversos objetos de valor, así­ como actas constitutivas de la empresa que edita Contralí­nea.

14. Los hechos se denunciaron la maí±ana del 12 de abril de 2010 ante la Procuradurí­a General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la Agencia Investigadora del Ministerio Público Cuauhtémoc: expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04.

15. Ese robo a las instalaciones de Contralí­nea ha formado parte de la serie de acososque los periodistas de este medio de comunicación hemos padecido desde 2007, derivadas de nuestro ejercicio profesional, acoso y agravios que incluyen elallanamiento a sus instalaciones en tres ocasiones (entre 2007 y 2009), y elarresto contra el suscrito el 16 de enero de 2009, y la orden de arresto contra la reportera Ana Lilia Pérez.

16. Desde 2007 distintos colaboradores de la revista Contralí­nea han recibido amenazas de muerte e intimidaciones por parte de corporativos privados contratistas de Petróleos Mexicanos como Zeta Gas, Oceanografí­a y Blue Marine.

17. Además de la denuncia ante la PGJDF, Contralí­nea ha dado vista de hechos al relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de la Naciones Unidas y a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

18. El 27 de abril de 2010 la ”Caravana de la Paz» que se dirigí­a a San Juan Copala, Oaxaca es emboscada. Entre sus integrantes estaban los reporteros de la revista Contralí­nea í‰rika Ramí­rez y David Cilia, quienes estuvieron en calidad de ”desaparecidos« dos dí­as. Es hasta el 29 de abril de 2010 en que son rescatados.David Cilia presentaba tres heridas de bala.

19. El 3 de enero de 2011 la jueza 54, Yassmí­n Alonso Tolamatl, condena al ahora denunciante así­ como a las reporteras Nancy Flores y Ana Lilia Pérez y al caricaturista David Manrique, por el ”uso abusivo de su libertad de expresión» y porque, según su consideración, la información relacionada con el uso de recursos del gobierno federal ví­a contrataciones no es de ”interés público».

20. En el mes de Abril de 2011 Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal revocaron la sentencia por daí±o moral dictada por la jueza 54, Yassmí­n Alonso Tolamatl.

21. En el mes de Agosto de 2011 el senador Juan Bueno Torio interpone una demanda por ”daí±o moral» contra la reportera Ana Lilia Pérez, por la información contenida en su libro ”Camisas azules, manos negras».

22. Las periodistas Ana Marí­a Marcela Yarce Viveros y Rocí­o González Trápaga aparecieron asesinadas el 1º de septiembre de 2011; sus cuerpos —con signos de violencia— fueron abandonados en un parque a espaldas del panteón San Nicolás Tolentino, en la colonia El Mirador, delegación Iztapalapa. Se informó que ambas periodistas de 46 y 48 aí±os de edad, respectivamente, estaban cubiertas con una lona azul, se encontraban desnudas, atadas de pies y manos, con un cordel alrededor del cuello y presentaban golpes en diversas partes del cuerpo.

23. Marcela Yarce Viveros se desempeí±aba como apoderada legal de la revista Contralí­nea, en donde también se desempeí±aba como gerente de relaciones públicas, medio del que fue reportera y fundadora; a su vez, Marcela Yarce es madre de dos hijos adolescentes: Jesús Matus Yarce y Marí­a Fernanda Matus Yarce, de 18 y 20 aí±os de edad, quienes actualmente realizan sus estudios universitarios y dependí­an económicamente de su madre. Rocí­o González Trápaga fue reportera de Televisa y en los pasados aí±os trabajaba de manera independiente; asimismo fue directora de Comunicación Social del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y accionista de un centro cambiario ubicado en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

24. El caso se turnó a la agencia especializada para la investigación de feminicidios, de la Fiscalí­a de Homicidios de la PGJDF, que ya inició la averiguación previa correspondiente; además se me informó que la Procuradurí­a General de la República (PGR) abrió también una indagatoria e informó que coadyuvará con las autoridades locales en materia pericial y lo que se le requiera del que desconozco los avances de la misma.

25. El martes 3 de diciembre el Director se enteró, casi accidentalmente, que habí­a otra resolución de juez civil para poner en remate su casa por una multa de 500 mil pesos. Nunca se le notificó del juicio y tampoco de esta resolución judicial. Eso mismo pasó con el mismo patrón de jueces débiles y empresas poderosas, ó a mediados de 2013 por otra demanda también en Guadalajara, pero como no se enteró a tiempo Badillo tuvo que pagar de multa 280 mil pesos,

Si,como dice el Coordinador del Mecanismo de Protección de la Segob, esuna situación graví­sima, que de no frenarse sentara precedentespara que otras publicaciones padezcan esos o más agravios coniabsoluta mpunidad.

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*Reportero desde 1977. Coordinador del Programa de Protección aPeriodistas de la Casa de los Derechos de Periodistas; integrante delConsejo consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensorasde los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretarí­a degobernación. Miembro del Consejo Editorial del Sistema InformativoVí­a Libre.

Graciela Machuca

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