La población de segunda, aún existe, también en límites con Campeche
Necesariamente Incómoda
**Juez federal pide agua para la comunidad indígena Xool de Guillermo Prieto.
**Comunidad indígena en medio de un litigio entre Campeche y Quintana Roo.
**Más de dos mil millones de pesos en obra hidráulica durante el actual gobierno.
Graciela Machuca Martínez
El gubernamental Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en su blog institucional tiene un compendio de preceptos jurídicos que sirven para invocar y argumentar que el derecho al agua es un derecho humano y que de acuerdo al Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las mujeres y hombres que residan en el país se les debe garantizar ese derecho, sin embargo, en México existe población de primera y de segunda, la privilegiada y la no privilegiada, quienes tienen el agua a su alcance, con solo abrir una llave y quienes tienen que caminar kilómetros para conseguir unos cuantos litros, sobre todo en las zonas indígenas y colonias irregulares a lo largo y ancho de nuestro pais.
AGUA CON AMPARO A GUILLERMO PRIETO
Quintana Roo ha sido foco de atención a nivel nacional e internacional durante los últimos días, debido a que un juez federal, asentado en el estado de Zacatecas, otorgó el amparo de la justicia federal a la comunidad indígena Xool de Guillermo Prieto, considerada como de alta marginación y pobreza por las autoridades federales, ubicada en los límites con el estado de Campeche, a unos 160 kilómetros de la capital del estado, Chetumal, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco, precisamente en la zona en disputa con el estado de Campeche, pero la Constitución de Quintana Roo, considera a Guillermo Prieto como parte de su territorio y eso es lo que cuenta para evitar evadir responsabilidades.
Sin embargo, hay otras realidades. Al oeste del municipio de Othón P. Blanco, se encuentra el municipio de Calakmul, en cuya jurisdicción se encontraba la localidad de Guillermo Prieto, pero ese municipio fue decretado como parte del estado de Campeche ”y cuya jurisdicción de propiedad se encuentra desde 1996, en litigio entre los estados de Q. Roo y Campeche, por conflicto de límites territoriales», según documentos del municipio de Othón P. Blanco.
POR MANDATO JUDICIAL A HABITANTES DE GUILLERMO PRIETO Y 8 MIL MAS, EL CONGRESO DEBERí ASIGNAR RECURSOS
Ahora, para atender el mandato del juez con sede en Zacatecas, el Congreso de Quintana Roo debe destinar recursos para que durante el ejercicio fiscal 2021 se les dote del servicio de agua potable, no solo a los 700 habitantes de Guillermo Prieto, sino a otros ocho mil personas que habitan en localidades por donde tendrá que cruzar un acueducto que debe partir desde la fuente de agua más cercana.
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo ya trabaja un recurso de impugnación a dicho mandato judicial, con lo cual se retrasaría la posibilidad que este segmento de la población, reconocida por Quintana Roo, como asentada en su territorio, cuente con el suministro de agua potable y como demandante tenga que continuar litigando un derecho humano, el cual, desafortunadamente, para dotárselo, la autoridad tiene a su favor el principio de progresividad, es decir, de entrada el gobierno tiene la obligación de dotar de todos los servicios básicos a la población, pero lo hará en la medida de los recursos materiales y financieros que tenga a su alcance, con lo que se demuestra, una vez más, esa división entre la población mexicana de primera y de segunda.
De acuerdo a la recopilación jurídica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Artículo 4, párrafo 6, de la Constitución Federal, reconoce el derecho humano al agua de la manera siguiente:
”Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines».
Mientras que en el Artículo 27 constitucional se establece que la propiedad de las aguas corresponde originalmente a la Nación y menciona los tipos de cuerpos de agua y las condiciones para que las aguas sean consideradas como federales; fuera de estos casos, podrán ser de jurisdicción estatal o privadas, según el mismo organismo federal:
”La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación…».
El artículo 115, fracción III, inciso a, establece la facultad que tienen los municipios para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
”Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales».
SAN ANTONIO SODA Y CAOBAS
Con el antecedente que en el aí±o 2015, las comunidades de Las Caobas y San Antonio Soda, obtuvieron un mandato federal para que el Congreso y el Gobierno del estado de Quintana Roo les suministrara el servicio de agua potable, lo cual concretó el gobierno de Carlos Joaquín en el 2018, pobladores de Guillermo Prieto, interpusieron un amparo para reclamar su derecho humano al agua.
La demanda de amparo recayó en el Juzgado Federal del Centro Auxiliar de la Novena Región, residente en Zacatecas, el cual otorgó la protección de la justicia federal a la población de Guillermo Prieto, de acuerdo a lo difundido por el abogado y representante legal de la comunidad, Andrés Blanco Cruz, también gestor de la organización Central Campesina Cardenista y quien en su momento, fungió como asesor jurídico de San Antonio Soda.
De acuerdo a la sentencia, es el Congreso del Estado de Quintana Roo, la instancia que deberá autorizar a la mayor brevedad el presupuesto, considerando que, debido al periodo, los recursos necesarios para hacer valer este derecho a los habitantes de Guillermo Prieto, podrían etiquetarse en el ejercicio 2021 ha comentado Blanco Cruz, quien se ha especializado en litigar este tipo de casos y ha participado en foros de expertos desde el aí±o 2016.
El mandato judicial, según el abogado, seí±ala que la comunidad de Guillermo Prieto, es la que debe ser dotada de agua potable, pero al considerar que la fuente de abastecimiento estaría ubicado a unos 20 kilómetros, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) ”deberá, al igual que en San Antonio Soda, construir un acueducto que tendría que pasar por 9 comunidades más, por lo que el beneficio podría multiplicarse de 700 a 8 mil habitantes».
En el aí±o de 2016 el Juzgado Primero de Distrito resolvió a favor de los habitantes de San Antonio Soda, el amparo 575/2015-I-A, aun siendo gobernador Roberto Borge, cuya administración no atendió la referida resolución.
EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL AGUA
Las circunstancias políticas en la entidad estaban a favor de San Antonio Soda, tanto la recién instalada XV Legislatura, como el Poder Ejecutivo buscaban marcar la diferencia con sus antecesores, y el 15 de septiembre de 2016, unánimemente, el Congreso aprobó una asignación presupuestal de 50.93 millones de pesos, ”para que las comunidades de Caobas y San Antonio Soda, en el municipio de Othón P. Blanco, ejerzan sin distinción alguna el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.»
Para el 15 de febrero de 2017, el secretario de Finanzas de ese entonces, Juan Vergara Fernández, por medio de un comunicado informó que desde el 13 del mismo mes, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ”ya cuenta con el recurso económico para realizar la obra Sistema Integral de Abastecimiento de Agua Potable para las comunidades de Caobas y San Antonio Sosa».
Un aí±o después, el 26 de febrero de 2018, el gobernador Carlos Joaquín González, ”para garantizar la distribución de agua potable en las comunidades de Caobas y San Antonio Soda», inauguró el Sistema Integral de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, ”obra que beneficia a mil 914 habitantes de estas demarcaciones», de acuerdo a un comunicado de su oficina de comunicación social.
”Estas comunidades, localizadas en la zona limítrofe del municipio de Othón P. Blanco con el estado de Campeche, en septiembre de 2015 demandaron a la administración anterior, por juicio de amparo, el abastecimiento y la garantía del servicio de agua potable al que no tenían acceso para el consumo personal y doméstico. Pese a que el juez ordenó el cumplimiento de esta sentencia, el gobierno anterior nunca la acató», se lee en el comunicado, en el cual se agrega:
Al inaugurar esta obra, el gobernador Carlos Joaquín destacó: ”El agua es uno de los principales motores de la salud pública. Al garantizar el acceso al agua salubre, avanzamos en la disminución de la desigualdad profundizada por gobiernos anteriores que abandonaron a la gente para privilegiar a unos cuantos.»
Espero que los 700 habitantes de Guillermo Prieto y sus vecinos de otras nueve comunidades, no tengan que esperar la llegada de un nuevo gobierno e integrantes de la XVII Legislatura para que se les dote del servicio de agua potable. Hay que recordar que son sujetos del derecho al agua, como todas las personas, independientemente que vivan en una zona en disputa por los gobiernos estatales de Quintan Roo y Campeche.
Inversión en obra hidráulica durante los últimos cuatro aí±os en Quintana Roo.
LA VERSION OFICIAL
De manera coincidente con la difusión de esta resolución judicial a favor de la comunidad Xool de Guillermo Prieto, el gobierno del estado de Quintana Roo organizó una conferencia de prensa, durante la cual se dio a conocer que se han invertido más de 2 mil millones de pesos en cuatro aí±os de la actual administración estatal. También se precisó que en el municipio de Othón P. Blanco se han destinado más de 940 millones de pesos.
Se detalló que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ha invertido más de 2 mil millones de pesos en obras de infraestructura de agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y drenaje pluvial, suma histórica que supera lo que se invirtió en cada una de las últimas tres administraciones; así lo dio a conocer el titular del organismo Gerardo Mora Vallejo en conferencia de prensa virtual junto al coordinador general de comunicación, Carlos Orvaí±anos Rea, de acuerdo a la versión institucional.
El director general de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, detalló que tan sólo en este 2020 se ejercen más de 700 millones de pesos con obras que benefician a más de 400 mil habitantes de 19 localidades urbanas y rurales en los municipios de Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Othón P. Blanco y Tulum.
Graciela Machuca
