Necesariamente Incómoda
**Campeche, tierra de la ilegalidad para la siembra de semillas genéticamente modificadas.
**Resolución de la SCJN prohíbe a Monsanto la siembra de soya transgénica, pero la transnacional ignora el fallo.
**Tribunal federal suspende construcción de mega-granja porcícola en el estado de Yucatán, para evitar contaminación de mantos friáticos.
Graciela Machuca Martínez
La construcción del Tren Maya y los impactos positivos y negativos que traerá en ámbitos como el económico, social, político, laboral y medioambiental, no es el único megaproyecto del neoliberalismo que marcará la vida de quienes habitamos la Península de Yucatán, sino también otros como la construcción y operación de granjas porcícolas para proveer a países asiáticos como China, los cuales optaron por trasladar su producción a México para enfrentar la fiebre porcina que desaceleró su producción.
Además, comunidades mayas de Campeche, desde hace más de una década han enfrentado a la poderosa Monsanto, hoy propiedad de Bayer, para que el gobierno de México le prohíba sembrar soya transgénica en la región, debido al impacto negativo que tiene en la producción agrícola y apícola, pues la producción de miel descendió drásticamente en toda la península porque las abejas se han estado muriendo prácticamente en pleno vuelo.
Tan es así, que mientras la apicultora Leydy Pech Martín, representante de las comunidades mayas de Hopelchén, Campeche recibió el Premio Ambiental Goldman 2020, el pasado 30 de noviembre, por la lucha colectiva que encabezó al lado de otras personas ambientalistas en la Península de Yucatán, en contra de los transgénicos, que derivó en una sentencia judicial para prohibir la siembra de semillas transgénicas, la empresa Monsanto sigue sembrando soya genéticamente modificada (GM).
Comunidades mayas y organismos civiles como Greenpeace México sospechan que la empresa transnacional también esta sembrando maíz GM, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó los permisos que el gobierno mexicano le había otorgado.
HOPELCHí‰N, EN CAMPECHE, CENTRO DE LA ILEGALIDAD DE LA SIEMBRA DE TRANSGí‰NICOS EN Mí‰XICO
Un reporte de Greenpeace México sostiene que por quinto aí±o consecutivo ”el municipio de Hopelchén, Campeche es el epicentro de la ilegalidad. Se presume que para este ciclo agrícola 2020 de nueva cuenta productores incurrieron en desacato judicial por sembrar soya transgénica, pese a que el permiso 007/2012 de la empresa Monsanto S.A. de C.V. (hoy Bayer) permanece suspendido desde noviembre del 2015 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mientras se realiza la consulta indígena, aunado a la revocación de dicho permiso por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) desde el 15 de septiembre de 2017, confirmada por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el pasado 18 de agosto de 2020″.
Pese a estar prohibida en el país, además, de la presencia de soya transgénica, también se denunció la posible siembra ilegal de maíz transgénico en la región de Los Chenes, en Campeche, donde se observó la aplicación del herbicida glifosato en predios reportados como sospechosos».
Campesinos de Hopelchén y de Los Chenes, consideran que es grave ”la posible presencia de maíz transgénico en la región, dado que a la fecha no existen permisos para su siembra, además de operar, desde el aí±o 2013, una medida cautelar que prohíbe su siembra, derivada de la acción colectiva presentada por un grupo de 53 organizaciones, colectivos y personas para salvaguardar los maíces nativos de México. Una de las razones más importantes para otorgar esa medida es el riesgo de contaminación de los maíces nativos por las semillas transgénicas, de ahí la gravedad de la presencia de esa semilla en el municipio maya de Hopelchén».
La denuncia popular y ciudadana fueron presentadas, por escrito, el pasado 2 de diciembre, tanto en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como ante el Senasica, pidiendo a las autoridades realicen labores de inspección y vigilancia en el área aledaí±a al ejido de Komchén, Hopelchén, donde se presume la presencia ilegal de soya y maíz GM.
Integrantes de las comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, y de las organizaciones Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) e Indignación, presentaron las denuncias ante las autoridades agrícola y ambiental por la probable liberación al ambiente y siembra de soya y maíz genéticamente modificado (soya GM), pese a resoluciones judiciales que expresamente prohíben dichas actividades, se explica en el reporte de Greenpeace México.
SAGARPA ACEPTí“ EN 2016 SIEMBRA DE SOYA TRANSGí‰NICA EN CAMPECHE, A PESAR DE LA PROHIBICIí“N
Se aí±ade que durante el 2016 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), aceptó que se sembró soya transgénica en 16 predios del municipio de Hopelchén, Campeche, a pesar de las restricciones legales.
Las organizaciones y comunidades se lamentaron que sean ellas quienes realicen el trabajo de inspección que les corresponde emprender a las autoridades involucradas, quienes debieran reconocer que hay un grave problema de descontrol y tráfico de semillas transgénicas en la región. Campeche es ejemplo de prácticas de siembra inseguras en materia de bioseguridad donde se opera al margen de la ley.
La intervención de las autoridades debe ser de manera urgente, por la gravedad del problema, seí±alan las comunidades y organizaciones inconformes, ”debido a que la cosecha de maíz se hace en diciembre, para la aplicación expedita de la ley y de las sanciones a todo aquel que haya incurrido en la violación de la legislación nacional y en detrimento de la bioseguridad del país».
Las comunidades demandantes también exigen ”se proceda tanto al aseguramiento del material, como a la identificación de los puntos de distribución y/o las rutas de ingreso de la semillas genéticamente modificada, allegándose de la información correspondiente sobre la movilización, almacenamiento, distribución y venta de la semilla utilizada para la siembra de maíz y soya transgénica en el estado de Campeche, estableciendo en consecuencia adecuadas medidas de bioseguridad para salvaguardar el medioamebiente y el territorio de las comunidades mayas de esa región».
Hay que recordar que la siembra de semillas transgénicas en Campeche podrían alcanzar multas de hasta 2 millones 600 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad en México, pudiendo duplicarse dicha cantidad en los casos de reincidencia (art. 120 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados). Debemos resaltar que esa siembra, además, implica el desacato de una orden judicial, lo cual es muy grave.
GRANJAS PORCICOLAS DETERIORAN EL MEDIO AMBIENTE EN LA PENíNSULA DE YUCATíN
La asociación civil Indignación, fundada en 1991, así como Greenpeace México, dieron a conocer que el viernes 6 de noviembre de 2020, por mayoría de dos votos contra uno, las magistradas que integran el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán, determinaron mantener la suspensión de las operaciones de la mega-granja porcícola de más de 49 mil cerdos. Las magistradas tomaron en cuenta los posibles riesgos que la actividad de esta mega-granja porcícola representaba para el medio ambiente, el agua y la nií±ez de las comunidades mayas de esa zona del estado de Yucatán.
Esta determinación garantiza que las actividades de la granja porcícola permanecerán suspendidas hasta que se resuelva el recurso de revisión que se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cual es una batalla ganada, considerando que se votó a favor de la protección de los derechos de las comunidades a un medio ambiente sano, a la salud y a la libre determinación, al mismo tiempo que se garantiza la protección del medio ambiente y que los servicios ambientales que porporciona este ecosistema estén disponibles para las futuras generaciones.
Dicha resolución marca un precedente para las comunidades y personas que continúan luchando en contra de las granjas porcícolas industriales en toda la Península de Yucatán y en el país, porque es una muestra de que es posible ganar una batalla a favor de los recursos naturales, la tierra, el territorio y la libre determinación de los pueblos, sostienen en un comunicado conjunto Indignación y Greenpeace México.
Recordaron que el problema ocasionado por las granjas porcícolas es sistémico y regional que pone una gran presión sobre el acuífero maya, que es la fuente más importante de agua con la que las comunidades cuentan, y que al estar en riesgo, las hace más vulnerables. La contaminación del acuífero a causa de las granjas porcícolas se ha demostrado científicamente, sin embargo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) deben de garantizar información ambiental suficiente, en un lenguaje y formato culturalmente adecuado sobre el proyecto y los impactos a corto, mediano y largo plazo que estas mega-granjas pueden ocasionar o están ocasionando en su territorio, de manera que les permita, a los pueblos mayas, tomar decisiones informadas.
UNA BATALLA GANADA EN LA LEGALIDAD, AHORA VIENEN LOS PODERES FACTICOS A QUERER IMPONER SU VOLUNTAD
Mantener vigente esta suspensión judicial ”nos permite continuar con la batalla a favor de la protección medioambiental y del derecho de los pueblos y las comunidades mayas. Pues este solo es un caso de los muchos que existen en la Península de Yucatán en los que las granjas carecen en muchos casos de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que es un requisito que deben tener por ley, además de que no se ha llevado a cabo consultas indígenas que sean previas libres, informadas y culturalmente adecuadas, sin mencionar que algunas mega-granjas que ya operan rebasan la NOM-001-SEMARNAT que establece los límites máximos permisibles para la contaminación del agua y la NOM-127-SSA que estipula los límites máximos de contaminantes de agua para consumo humano».
Suspender judicialmente las operaciones de la mega-granja de Homún ”marca un precedente para la denuncia popular regional interpuesta por 52 ciudadanas y ciudadanos de 21 pueblos mayas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo y acompaí±ada por Indignación, Greenpeace México y Misioneros A.C. en la que se espera que la SEMARNAT, la PROFEPA y CONAGUA ordenen una revisión minuciosa de la situación en todas estas instalaciones de fábricas de cerdos»
Se debe investigar, desde la forma de adquisición de grandes porciones de tierras, hasta las formas de conseguir sus permisos ambientales. En la denuncia se pide que las comunidades locales tengan acceso a datos precisos que les permitan tomar decisiones informadas para asegurar el bienestar de sus poblados y, en el caso de que tras la revisión de la situación de las granjas porcícolas industriales se configuren delitos ambientales, se presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
Mucha de esta información ya ha sido publicada por otros medios de comunicación, pero es de vital importancia difundirla aún más y llevar el registro de estos avances y retrocesos, pues mientras las autoridades del Poder Judicial de la Federación le dan la razón a las comunidades indígenas, el poder de las transnacionales y la corrupción en la administración pública invalidan dichas resoluciones.
Graciela Machuca
