El periódico Por Esto! con recursos gubernamentales sigue violentando derechos laborales de su personal
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Cuando a los empresarios de medios de comunicación solo priorizan sus intereses económicos y políticos, olvidándose que los derechos laborales de sus trabajadores son la columna vertebral de sus negocios, tenemos agencias propagandísticas que se disfrazan de empresas periodísticas, como ocurre en los estados que integran la Península de Yucatán con el periódico Por Esto!, el cual recibe la protección de autoridades federales, estatales y municipales, para violentar a su personal.
La empresa que edita el diario de referencia hace uso de sus influencias para movilizar a elementos de Seguridad Pública para actuar de facto en contra de sus trabajadores cuando quiere terminar la relación laboral, sin la mediación previa de las autoridades correspondientes, lo lamentable del caso es que estas acciones ilegales son validades por los tres niveles de gobierno, desde el momento que elementos policiacos participan en acciones que no tienen ningún fundamento judicial o de alguna autoridad administrativa laboral.
Como ocurrió a finales de febrero de 2020 en Cancún y Chetumal, cuando con el apoyo de elementos de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, la familia propietaria del Por Esto! desalojó a sus empleados de las instalaciones del diario a punta de golpes, empujones, como si fueran delincuentes, sin que las autoridades laborales tuvieran conocimiento de los hechos, ahora lo hacen en Campeche, pero con elementos de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, quienes portaban sus armas de fuego de cargo.
Simplemente, con el respaldo de la oficina de prensa de la Presidencia de la República, como lo ha difundido la actual directora del medio, así como con el aval de mandos superiores de Seguridad Pública Estatal y municipal, se violentan los derechos laborales, así como el Derecho a la Información de las audiencias.
Hasta nuestra redacción llegó la información de que la noche del lunes 30 de agosto pasado, Alicia Menéndez Figueroa, hija del propietario y fundador del periódico Por Esto!, ordenó a un grupo de esquiroles sacara de las instalaciones de Ciudad del Carmen, Campeche, computadoras, monitores, servidores, impresoras, televisores, entre otros equipos, para evitar que los empleados, a quienes les adeudan sus salarios de varios meses, se posesionaran de las instalaciones para poder ejercer sus derechos laborales. Sin embargo, en los momentos del saqueo se les notificó a los trabajadores su baja laboral, lo que constituye un despido injustificado.
LA EMPRESA POR ESTO! UTILIZí“ EN CAMPECHE, POLICIAS DE YUCATíN PARA SAQUEAR SUS PROPIAS INSTALACIONES Y DEJAR EN LA INDEFENSIí“N A TRABAJADORES
Quienes operaron el saqueo de las instalaciones del periódico fueron Ricardo Bastarrachea y Carlos Gruintal, apoderado legal y administrador del Por Esto!
Esta empresa periodística que operan en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, recibió durante el aí±o 2020 la cantidad de 62 millones de pesos del gobierno federal como parte de un convenio publicitario o propagandístico, pero en lugar de cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores, la familia propietaria se ha dedica a violentar los derechos de sus trabajadores, al cerrar varias de sus oficinas sin realizar las liquidaciones conforme a la ley.
Las instalaciones de Por Esto! en Ciudad del Carmen se localizan en el kilómetro 7.3 de la Carretera Carmen-Isla Aguada, hasta donde el miércoles primero de septiembre se presentó el administrador Carlos Gruintal, acompaí±ado de policías estatales de Yucatán, comisionados para la protección de la familia del fundador del periódico, Mario Renato Menéndez Rodríguez.
Los trabajadores de Por Esto! en Ciudad del Carmen, Campeche quedaron despedidos injustificadamente, para iniciar un peregrinar por las instancias laborales, en busca de su liquidación conforme a la ley.
Una situación similar vivieron los empleados de Por Esto! a principios de 2020 en Cancún y en Chetumal, cuando fueron sacados a golpes, a empujones y a punta de pistola por parte elementos de Seguridad Pública de Quintana Roo, sin que existiera orden alguna por un juez o por una autoridad laboral.
A los directivos de esas oficinas los concentraron en lugares diversos a sus fuentes de trabajo mientras los administradore y la policía estatal hacían el trabajo sucio, en Cancún participaron 36 policías estatales y en Chetumal, otros 16. Alguien debe informar del porque policías estatales participan en este tipo de desalojos, sin que medie una resolución judicial, se trata de un favor del poder político a una empresa que se dice periodística.
A Renán Castro Madera, quien dirigía la edición de Cancún, lo concentraron en la ciudad de Mérida, a donde lo llamaron a desahogar unos asuntos, al director en Chetumal no le permitieron ni sacar sus documentos personales. A los grupos de poder político y económico en la Península de Yucatán no les interesa la Libertad de Expresión ni el Derecho a la Información de la Sociedad, solo quieren ser participes de los proyectos neoliberales iniciados por el gobierno federal en turno.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN Mí‰XICO ES DIFUNDIDA EN FOROS INTERNACIONALES
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), desde Miami, dio a conocer que Martha Ramos, directora nacional editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y María Idalia Gómez, editora en jefe del portal de noticias Eje Central, explicaron los alcances y proyecciones de la recién fundada Alianza de Medios Mx, organización en la que se han unido esfuerzos de 13 empresas periodísticas mexicanas para enfrentar la impunidad.
Uno de los principales aportes de la Alianza de Medios Mx «es la creación de una base única de datos que incluye 246 casos de ataques graves a periodistas desde 1983», relata Ramos en el nuevo episodio del podcast «Periodismo en riesgo» de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Esta nueva herramienta «provee un mapeo de lo que está pasando, de los patrones de conducta de las agresiones y del crimen organizado», agrega Gómez.
Para Ramos el compromiso es hacer reportajes especiales de manera periódica sobre los casos para retomarlos y recordarlos, ya que «es muy importante que no se pierdan en la memoria». Las investigaciones se publicarán en el portal alianzademediosmx.org.
El «derecho a la memoria» es fundamental, coincide Gómez, quien considera que «no podemos olvidar los rostros de los asesinados y que las autoridades no han hecho lo suficiente para que se esclarezcan esos casos».
«En un aí±o estaremos sentando precedentes importantísimos: el primero es la suma de voluntades. Por primera vez hay un gran optimismo frente a lo que nació con la Alianza de Medios Mx», dice Gómez.
ORGANISMOS PíšBLICOS DE PROTECCIí“N A DERECHOS HUMANOS BUSCAN PROTEGER DERECHOS DE PERIODISTAS
Los medios de comunicación y las y los periodistas en México siguen enfrentándose a un clima de violencia, de acuerdo con el índice Mundial de Libertad de Prensa 2021 elaborado por Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el lugar 143 de 180 países en el ranking mundial y es uno de los países más peligrosos para éstos, siendo víctimas de amenazas, represión e incluso ejecución. Esto ha obligado a que muchas personas periodistas desaparezcan o se vean obligadas a exiliarse para garantizar su supervivencia.
Del aí±o 2000 a la fecha, organizaciones de la sociedad civil han documentado 142 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 131 son hombres y 11 son mujeres, tan solo durante el primer semestre de este aí±o han documentado 362 agresiones a periodistas, entre las que destacan actos de intimidación y hostigamiento, amenazas, 35 ataques físicos; y tres asesinatos.
Ejemplos recientes de este clima es el homicidio del periodista Jacinto Romero Flores en Ixtaczoquitlán, Veracruz, el pasado 19 de agosto; el asalto y secuestró exprés de la periodista Teresa Montaí±o en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, el 13 de agosto; y el caso de la periodista Azucena Uresti y Milenio, quienes el 9 de ese mismo mes recibieron amenazas, producto del trabajo periodístico que han realizado del seguimiento de la violencia causada por los grupos de delincuencia organizada en el estado de Michoacán.
Ante este contexto, resulta fundamental reforzar la protección de las personas periodistas, tal como lo establece el artículo 1 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual obliga a la Federación y a las Entidades Federativas a implementar y operar las Medidas de Prevención, Protección y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Por todo ello, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) considera fundamental atender y proteger de manera urgente el derecho a la Libertad de Expresión, que como derecho humano tiene un alcance y un carácter especial, pues permite el ejercicio de otros derechos que se ejercen en lo individual y lo colectivo.
Asimismo, la FMOPDH reitera su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de las y los periodistas, así como su compromiso institucional como sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, para que se hagan efectivos sus derechos y contribuir al análisis y construcción de políticas públicas integrales dirigidas a erradicar la violencia en contra de este grupo poblacional. Lo anterior, de acuerdo a un documento difundido el primero de septiembre de 2021.
Graciela Machuca
