Violar ley electoral práctica del PVEM durante los gobiernos del PAN, PRI y MORENA; se ha vendido al mejor postor
Necesariamente Incomoda
**Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo sanciona con 118 millones de pesos por violar veda electoral en 2021.
**Las multas no le importan, terminan recurriendo las sanciones o pagándolas; sus aliados le permiten impunidad.
**Jorge Emilio González Martínez considera a Quintana Roo de su propiedad y su paso a seguir es cogobernar la entidad al lado de MORENA.
Graciela Machuca Martínez
El proceso electoral avanza en Quintana Roo rumbo a los comicios del 5 de junio próximo cuando se elija a la persona que gobernará la entidad durante los próximos cinco años, así como a quienes integrarán la XVII Legislatura quintanarroense, en tanto se va dando el reacomodo entre las diversas fuerzas políticas, por voluntad propia o por decisiones política y jurídicas del exterior, como le está sucediendo a la coalición integrada por MORENA, PVEM, PT y Fuerza por México.
Para enfrentar la falta de cohesión y unidad en torno a la candidata a gobernadora de esta coalición desde la presidencia de la república se definieron las reglas del juego, porque Andrés Manuel López Obrador no está dispuesto a perder uno de los estados que representa el escenario más acabado de su obra, por las inversiones públicas a obras como el Tren Maya y el llamado Aeropuerto de Tulum, por lo que a “regañadientes” todas las partes involucradas en la división morenista tuvieron que acatar las instrucciones y el porcentaje de poder que les asignaron.
Una de las pérdidas que hasta el momento no ha podido revertir MORENA es la candidatura del doctor José Luis Pech, quien ante la imposibilidad e llegar a un acuerdo con Mara Lezama y el grupo político y económico que la apadrina, decidió negociar con Movimiento Ciudadano (MC), la candidatura al gobierno del estado, lo que lo ha convertido en un dolor de cabeza para la coalición morenista, pues las encuestas lo ubican disputándose el segundo lugar en las preferencias con Laura Fernández Piña, de la coalición PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo.
El doctor Pech es un hombre institucional y no hará campaña en contra del proyecto de López Obrador en Quintana Roo, pero sí en contra de Mara Lezama, porque su triunfo significaría la expansión de los intereses económicos y políticos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), estrategia que le permitirá mantener una cercanía muy peligrosa con la coalición del PAN y PRD, lo que significarán miles de voto menos para la candidata de MORENA:
El senador con licencia tiene claro que su participación en la contienda al gobierno de Quintana Roo es contra el PVEM, partido que tiene ya el poder sobre uno de los municipios más importantes del país, donde se encuentra el centro turístico de Cancún, así como otros del país, que representan fuertes negocios, como los inmobiliarios, entre otros.
Las coincidencias políticas y jurídicas se han ido alineando a favor de los intereses de Pech, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó sancionar al partido Verde por más de 118 millones de pesos, el 25 por ciento de sus prerrogativas durante un año, por utilizar a personas influencers para romper la veda electoral los días 5 y 6 de junio pasado durante las elecciones federales.
El pasado 18 de marzo se informó que, por unanimidad de votos, el Pleno de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), concluyó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y diversas personas conocidas como influencers vulneraron el periodo de veda electoral con la difusión de una serie de publicaciones realizadas el 5 y 6 de junio de 2021, con la finalidad de efectuar un llamado al voto en favor del mencionado instituto político.
El órgano electoral, determinó lo anterior, “porque las publicaciones en Instagram, configuraron la violación a las reglas sobre difusión de propaganda electoral en veda electoral”, debido a que del análisis de los mensajes emitidos se desprenden elementos que permiten concluir que “se trató de una campaña orquestada y sistematizada que posicionó de forma masiva al PVEM para sobreexponer a sus candidaturas sobre el resto de las que en ese momento contendían, durante una temporalidad en la que ya no se encontraba permitido difundir algún tipo de propaganda”.
Es decir, del contexto de los mensajes, las imágenes y las expresiones que se emplearon se pudo concluir, de manera razonable, que el uso de frases como, ”voy a votar por el Verde, porque sus propuestas van muy acorde a mi ideología”, “el día de mañana que son las elecciones, voy a votar por el Partido Verde”, se identifican como equivalentes funcionales, los cuales se entienden como una significación que permite inferir un apoyo o rechazo hacia una opción política, que pretende orientar el sentido de la decisión de la ciudadanía en el proceso electoral.
En consecuencia, se determinó la responsabilidad directa del PVEM por utilizar a las y los influencers como emisores para posicionarse y hacer llegar propaganda electoral, directamente al electorado, aprovechando la propia lógica del funcionamiento de las redes sociales.
Esto, porque las expresiones analizadas, vinculadas con el presunto guion que fue entregado a las personas denominadas influencers, Instagram como la vía de difusión, las fechas en las que se realizaron las publicaciones, la mención de la etiqueta @partidoverdemx y la invitación a la ciudadanía a votar por ese partido un día antes y el día de la jornada, permitió concluir que fue el instituto político denunciado el responsable de la creación de la campaña con la que se vulneró la veda electoral.
“Por lo anterior, se le impuso la sanción consistente en la reducción de su ministración anual, correspondiente al 25% de su financiamiento público nacional, equivalente a la cantidad de $118,507,808.25 (ciento dieciocho millones, quinientos siete mil, ochocientos ocho pesos 25/100 M.N.).
“Respecto de las personas conocidas como influencers, se determinó su responsabilidad al advertirse que las expresiones en favor del partido político tuvieron un deseo de colaboración con los fines e intereses del partido, valiéndose de su proyección pública”.
Sin embargo, la práctica política de hoy en día es el cinismo y a pesar que las instituciones electorales emitan sanciones que consideran de acuerdo a Derecho, los partidos políticos y gobernantes las evaden sin pudor alguno, porque cumplir la ley no es su prioridad.
La franquicia del PVEM es propiedad de Jorge Emilio González Martínez y de un reducido número de incondicionales que hay hecho de venderse al mejor postor su mejor práctica política.
Tanto el PAN como el PRI, por unos cuantos votos, decidieron aliarse con el PVEM durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojoza y Enrique Peña Nieto, y MORENA no fue la excepción, aceptó, contratar a González Martínez para que ayudara a rellenar urnas durante los comicios federales de 2018, así como aceptó la ayuda de todo o toda aquella que le garantizara votos, no importó cuántos, más valía que sobrarán y no que faltaran, el principio fue, con un voto se gana una elección.
El PVEM, que de verde y ecologista no tiene nada, sigue ganando posiciones en todo el país, a pesar, que López Obrador lo quiera acotar a Quintana Roo. La ruptura con el PAN y con el PRI solo es de forma, porque en los hechos siguen haciendo negocios y repartiéndose cuotas de poder, solo en la boleta electoral aparecen como contendientes.
PAN, PRI y MORENA son los responsables que la delincuencia organizada haya entrada a la política mexicana y una de esas vías ha sido el PVEM, cuyos dueños no quedan satisfechos con posiciones políticas, sino, además, quieren las obras, los gobiernos municipales, los estatales y desde luego tener incidencia en la cúpula central del gobierno federal.
Una de las peores calamidades que le ha pasado al sistema de partidos políticos de México es la existencia del Partido Verde, pero para Quintana Roo ha sido una desgracia total, porque Jorge Emilio González Martínez lo considera de su propiedad y para fortalecer esa creencia han colaborado abiertamente los grupos políticos y económicos que administran las franquicias del PRI, PAN y ahora, MORENA.
Quizás, la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no le haga mella a la economía de los dueños del Partido Verde, pero debe quedar para la historia como evidencia de que no les importa perder 118 millones de pesos, si en pocos meses cogobernarán todo Quintana Roo.
Graciela Machuca
