El feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín será llevado a organismos internacionales ante la impunidad que impera en México
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
**Soledad Jarquín Edgar, la periodista, la madre de María del Sol, solo ha encontrado complicidades, corrupción, impunidad, en la Fiscalía de Oaxaca, así como indolencia del gobierno federal.
El 2 de junio de 2018, durante la campaña federal rumbo a los comicios presidenciales del primero de julio del mismo año, me enteré de una noticia desgarradora, el asesinato de la joven fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, hija de la periodista Soledad Jarquín Edgar reconocida a nivel nacional e internacional por sus trabajos de investigación sobre violencia contra mujeres.
A María del Sol la asesinaron a balazos durante los primeros minutos del día 2 de junio en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, cuando salía de un restaurant en compañía de Pamela Terán, aspirante a una regiduría de ese ayuntamiento y de Adolfo, asistente de esta.
A partir de entonces, Soledad Jarquín como madre y víctima, como periodista y como coadyuvante en las investigaciones se fue percatando de la complicidad de las autoridades de la Fiscalía de Oaxaca con los autores materiales e intelectuales, porque durante todo el proceso se encargaron de distorsionar las pruebas para que no se llegue a aclarar este crimen.
María del Sol, trabajaba en el Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, pero su jefe inmediato, el titular de la dependencia, la comisionó para que se trasladará a Juchitán a cubrir la campaña de su hermano, quien contendía por la Presidencia Municipal de Juchitán, a pesar que sabía muy bien que como servidor público estaba cometiendo un delito electoral.
Luego del asesinato de María del Sol, así como de Pamela y de Adolfo, el gobierno del estado evadió sus responsabilidades y dio instrucciones al entonces titular de la Fiscalía, Rubén Vasconcelos Méndez, para que la carpeta de investigación tuviera una serie de irregularidades en perjuicio del avance de las investigaciones y por ende en el resultado de las investigaciones.
Han pasado cuatro años de impunidad, de falta de justicia, de burlas, de agravios a las víctimas, de violaciones al debido proceso. Este, es solo uno de los casos de feminicidio en Oaxaca que se encuentra sumido en un mar de complicidades, corrupción e impunidad, orquestadas desde las esferas del poder gubernamental.
La madruga del triple asesinato, las víctimas salían del establecimiento a donde habían ido a cenar después de un intenso día de actividad electoral y al salir ya las esperaban hombres armados quienes les dispararon a quemarropa con armas de fuego de grueso calibre.
Desde hace cuatro años, Soledad Jarquín ha dedicado su vida a que le hagan justicia a su hija y lo único que ha encontrado son amenazas de muerte y corrupción de las autoridades encargadas de procurar y administra justicia en Oaxaca. Ante ello, ahora empieza una nueva etapa de lucha, llevar su caso a organismo internacionales.
Este 31 de mayo, Soledad Jarquín Edgar emitió un pronunciamiento en el que recuerda los mil 460 días, 48 meses, 208 semanas, más de 35 mil horas “sin la presencia de mi hija, una vida arrebatada de forma violenta, sin piedad, sin misericordia. Con su feminicidio, el 2 de junio de 2018, se terminó con la vida llena de alegría de una mujer que soñaba con un mundo mejor, indignada ante la injusticia y siempre solidaria y, al mismo tiempo, con la tranquilidad, la paz, el sosiego de toda mi familia, porque no alcanzamos a comprender lo que no tiene explicación: su feminicidio y la impunidad. La violencia contra las mujeres”.
En el mismo pronunciamiento advierte que a todos esos días, tiempo largo y doloroso, se suman igual número de horas de incertidumbre, “porque aún desconocemos quién o quienes ordenaron y quienes ejecutaron el triple asesinato de María del Sol, Pamela y Adolfo, y no lo sabemos por qué las instituciones públicas responsables de esas vidas no las protegieron, nos han negado la justicia, conocer la verdad histórica de esos hechos que en lo particular laceran mi corazón y mi existencia”.
Recuerda que estos cuatro años, casi mil 500 días, “han conocido de nuestra exigencia de justicia, al menos 20 funcionarios públicos, tanto del gobierno del Estado de Oaxaca, como del gobierno federal, empezando por el gobernador Alejandro Murat y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ambos prometieron atender nuestro reclamo y que la justicia fuera una realidad. En su momento, sus palabras me llenaron de esperanza, sin embargo, al paso del tiempo se han convertido en desconfianza que hiere y lacera profundamente, pues no honraron su palabra, el caso de mi hija no es prioridad en su agenda de trabajo”.
Además, dos fiscales generales de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, cuyo tránsito por la administración pública al frente de la Fiscalía de Oaxaca ha sido desastrosa y deleznable no solo para mí, sino para muchas familias, dice Soledad y agrega: Es él, el todavía funcionario “reconocido” del Estado de Oaxaca, el responsable del sobreseimiento del expediente en el Tribunal de Enjuiciamiento. Bajo su mandato se saqueó la carpeta de investigación y se falsificaron pruebas, me ocultó información, se manipuló el material probatorio, se me intimidó, se me difamó, el daño provocado es terrible para la sociedad y se demostró lo que habíamos advertido por mucho tiempo.
Hace mención que el actual fiscal Arturo Peimbert Calvo, a más de un año de haber sido nombrado por la 64 legislatura, y a seis meses de haber sido sobreseída la carpeta por “homicidio calificado” inició una nueva, esta vez por feminicidio, pero nada ha hecho para obtener la verdad. El caso aún está impune como hace 4 años, sin acciones duras, contundentes contra la impunidad. El triple asesinato no tiene culpables ni intelectuales ni materiales vinculados a proceso judicial.
Además, la fiscal especializada en delitos electorales, Esther Araceli Pinelo López, quien contra viento y marea protegió a los infractores de la ley electoral y para lograrlo me excluyó como víctima indirecta. Desde hace un año, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca la instancia que debe hacer que la justicia llegue en materia electoral, que nunca más estos hechos de corrupción lastimen a otras familias.
El fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, quien también suma a esta cadena de complicidades para no garantizar la justicia, al no realizar su trabajo y no judicializar a los responsables de prácticas de corrupción dentro de la Fiscalía encabezada por el entonces fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, contribuyendo con su inacción a la impunidad.
En tres tribunales están los hechos: el Tribunal de Justicia del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Estatal Electoral, así como otras dos secretarías del Ejecutivo local: la de Finanzas, quien violentó una resolución confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la única que hizo su trabajo, al documentar los hechos de corrupción y que han esperado por largo tiempo ser dictaminados en el Tribunal de Justicia Administrativa.
También conocieron de la exigencia de justicia la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, actual senadora de la República al no atender, como era la instrucción del presidente, y delegó la actuación en la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, Fabiola Alanís Sámano, quien actuó para “administrar el caso”, pretendió darle largas y ninguna respuesta a la única petición que le habíamos formulado. En la última reunión me dijo ¿cuánto dinero necesitaba para pagar un abogado? Nunca entendió que el tema era romper un sistema de corrupción, complicidad e impunidad, no quisieron tocar al ex fiscal ni a los responsables que le arrebataron la vida a mi hija, reclama Soledad Jarquín.
La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, quien “tras nuestra petición nada hizo y guarda silencio; así como, al menos, dos funcionarios de la Fiscalía General de la República – Sara Irene Herrerías Guerra, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que nos maltrató y sin ni siquiera leer mi petición de facto negó la atracción del caso de manera directa en dos ocasiones y el propio Alejandro Gertz Manero- y, finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas, quien como otros, después de hablar conmigo, delegó y no atendieron el reclamo de justicia”.
Desde el poder Legislativo, tanto estatal como federal, incluyendo el Senado de la República, se hicieron 12 llamamientos para esclarecer los hechos del 2 de junio de 2018, tanto al Ejecutivo de Oaxaca como a las Fiscalías estatal y de la República, a esta última para que en su momento atrajera las investigaciones.
Hay al menos 20 llamados de organismos internacionales, entre ellos de diferentes agencias de la ONU, y de la sociedad civil de otros países, así como la embajada de Canadá y otra cantidad similar de organismos sociales, principalmente feministas de este país. Y una sentencia ciudadana emitida por cinco juezas, expertas mexicanas, como resultado del Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca.
“Cuatro años después no tenemos nada. Ha ganado esta batalla la impunidad, la protección a servidores públicos que no hicieron su trabajo con debida diligencia, los que dolosamente manipularon la carpeta de investigación, a quienes lejos de sancionarlos lo han premiado con otros puestos.
“Ha nuestro paso en la búsqueda de justicia hemos encontrado omisión, corrupción y la negligencia institucional.
“¡Es evidente, han fallado, han matado a las mujeres con su permisibilidad!
“Y cuando el Estado Mexicano falta a su deber de otorgarnos el derecho a la verdad y la justicia, solo nos queda la denuncia internacional. De nueva cuenta se abre en mi corazón de madre la esperanza de justicia, una que le prometí a mi hija tendida en una plancha de acero, lejos de casa, en lugar dónde no debía estar, en un momento en que nada ni nadie le garantizó la vida, porque en Juchitán de Zaragoza, como en muchas partes del país, la costumbre es esa, asesinar y no tener justicia, pero para mí, esa condición es y será por siempre inaceptable.
“Vamos entonces ante la ONU para presentar el caso en contra del Estado Mexicano, que reitero, agotamos recursos y tocamos todas las puertas se nos negó de manera sistemática durante cuatro años la justicia, aquí, en Oaxaca y en México ya nada tenemos que hacer.
“Las fallas del Estado Mexicano no sólo provocan impunidad institucional. La injusticia deja la negación de un derecho. En toda la familia años de esperanzas rotas, promesas incumplidas, el desgaste personal, que abonan al inmenso dolor que nos deja la soledad inconmensurable por la ausencia irreparable de María del Sol.
“En esa maleta, la misma que María del Sol llevaba a esa comisión a la que fue enviada de forma indebida y que, a la postre le costó la vida, me llevo lo único que nos han dejado las instituciones del poder público y político de Oaxaca y del país: Impunidad, negligencia, abuso de autoridad, complicidad y varios cientos de actos de corrupción para obstruir el único derecho de una víctima más de la violencia feminicida y el feminicidio en México: la justicia y la verdad.
“En este nuevo camino que emprenderé en unos días, la esperanza es que su crimen no sea una cifra más del atroz quebrantamiento del estado de derecho que supura la piel de México, un país donde las mujeres merecemos vivir sin violencia machista y mucho menos con violencia de las instituciones.
“¡HASTA QUE LA JUSTICIA SE HAGA COSTUMBRE! es la esperanza para mi hija y para todas las víctimas de feminicidio.
“¡Justicia para Sol es Justicia para Todas!” Hasta aquí el pronunciamiento de la periodista y madre Soledad Jarquín Edgar, quien ha decidido seguir una nueva etapa de su vida en la búsqueda de justicia para su hija.
Graciela Machuca
