Gobierno y pueblo de Quintana Roo rehenes del gobierno federal y de grupos de poder fáctico

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

En el nuevo gobierno del estado de Quintana Roo se están presentando circunstancias muy delicadas y riesgosas para la gobernabilidad durante los próximos cinco años y no es por falta de capacidades, sino porque los compromisos políticos y los intereses ajenos a la administración pública están dejando a la autoridad estatal y al pueblo como rehenes.

La víctima de estas circunstancias al final de cuentas será la sociedad quintanarroense, porque sus requerimientos como seguridad, empleo, salud, educación, desarrollo para las actividades agropecuarias, entre otros, han sido desplazados por las prioridades del gobierno federal como son sus proyectos ferroviarios, los aeropuertos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y toda obra de infraestructura que le sirva a la economía neoliberal y que le toca al pueblo de México Financiar.

El gobierno federal, pactó con los gobiernos salientes de Quintana Roo y Oaxaca, por ejemplo, para que sus proyectos no tuvieran tropiezos y tampoco reclamaran los recursos presupuestarios que dejaron de llegarles porque fueron destinados a las obras federales, desde luego que hubo un canje, los que se van no tienen el compromiso de transparentar ni de rendir cuentas, en agravio al patrimonio público, mientras que los hospitales está  sin materiales de curación, medicamentos y equipos para salvar vidas.

El presidente de la República negoció con los gobiernos estatales el avance de sus obras, les ofreció integrarse al proyecto de la 4T a tal grado qué a Alejandro Murat Hinojoza, gobernador priista en Oaxaca, hasta le rendirá un homenaje el 25 de noviembre, cinco días antes que deje la gubernatura.

En Quintana Roo, el nuevo gobierno no ha podido recibir en tiempo y forma las oficinas, las arcas del estado están vacías, no se sabe aún si los recursos procedentes del gobierno federal ya se entregaron o están rezagadas las ministraciones. De nada sirvió la simulación del equipo de transición, porque la entrega recepción no se hizo conforme a la ley. Literalmente, estos primeros días del nuevo gobierno están para llorar.

Los acuerdos que hizo el gobierno federal con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y con militantes de MORENA que fueron excluidos del proyecto de la candidatura al gobierno estatal, tienen mucho peso, lo que le está restando autonomía y capacidad de operación a la nueva autoridad estatal. Esos acuerdos la tienen secuestrada.

Pero también hay inercias del poder factico, que impidieron que siguiera en el cargo el recién nombrado secretario de Seguridad Pública, Manelich Castilla Cravioto. Jesús Alberto Capella Ibarra y su equipo cercano en esa institución tiene una encomienda y es la de no soltar el control de la Secretaría de

Seguridad Pública, a costa de lo que sea, incluso sobre la voluntad de la gobernadora, seguirá operando en esa institución y si las cosas no cambian, durante los próximos cinco años en esa secretaría operara el cuarto poder del estado, integrado por Capella Ibarra, la figura visible, y sus socios.

Las prácticas de los grupos de poder fáctico y el presidencialismo al mejor estilo del priismo rancio de los setentas del Siglo XX, han convertido a Quintana Roo en un territorio donde impera la ausencia del Estado de Derecho, lo más grave que esta situación se auspicia desde los tres niveles de gobierno.

Como parte de este caos se ven otros aspectos de la integración del gabinete ampliado de la administración estatal, la cual se ha caracterizado por otros sobresaltos que han causado tensión entre el equipo operativo cercano a la titular del Poder Ejecutivo Estatal, ya sea por falta de información oportuna o descuido, como sucedió con el anuncio del nombramiento de Laura Aguilar Loredo, como coordinadora General de Comunicación del Estado, pero a las pocas horas de la encomienda tuvieron que bajarla del barco, porque no reunió los requisitos legales de residencia para ocupar un cargo en la administración pública, y esto no pudieron contemplarlo antes de dar a conocer el abortado nombramiento?

Las credenciales de Aguilar Loredo son de una profesional de la comunicación social en el ámbito gubernamental, fue directora General Adjunta de Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Tiene experiencia como coordinadora de Comunicación Social de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

ORTEGA AVIÑA ENTRA EL RELEVO EN COMUNICACIÓN PORQUE AGUILAR LOREDO INCUMPLIÓ REQUISITO

Ante la imposibilidad de asumir el cargo asignado, se le incorporó como asesora de Comunicación del gobierno del estado y la vacante fue ocupada por Gabriela Briget Ortega Aviña, licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Anáhuac Cancún.

La presencia de Aguilar Loredo, como asesora en Comunicación, en el equipo de la gobernadora ha causado confusión entre quienes laboran en el área, pues temen que el nombramiento de asesora sea solo de nombre y en la práctica sea quien opere la Coordinación General de Comunicación Social, lo que pondrá en serios aprietos a Ortega Aviña al tener que dedicarse a asuntos operativos, es decir a la talacha.

Por el bien de la institución y del estado, es necesario que cada una realice sus labores institucionales, de acuerdo a sus respectivos nombramientos, de todos modos, muy pronto veremos los resultados de este enroque no previsto, pero de cualquier forma Ortega Aviña llega debilitada con dudas de ser rehén de grupúsculos facticos, pero esto la gobernadora lo sabe bien.

LOS ASUNTOS PENDIENTES DEL PVEM Y DE SU DIRIGENTE BUSTAMAMTE BELTRAN, AHORA AL FRENTE DE DESARROLLO SOCIAL

El nuevo secretario de Desarrollo Social de Quintana Roo, Luis Pablo Bustamante Beltrán, se venía desempeñando como consejero político y secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad.

En un recuento de perfiles de integrantes del gabinete del nuevo gobierno de Quintana Roo, realizado por el periódico Reforma, se dice que Bustamante Beltrán, bajo la presidencia municipal de Mara Lezama en Benito Juárez (Cancún) trabajó como síndico. “También fue implicado en temas de despojo inmobiliario en sociedad con Gustavo Miranda y Eugenio Segura”.

En una revisión hemerográfica y en archivos personales como periodista encontramos diversos señalamientos en contra de Pablo Bustamante Beltrán de formar parte de un grupo de personas dedicado al despojo de inmuebles en Quintana Roo, en sociedad con el exdiputado y exdirigente del Verde en la entidad Gustavo Miranda, entre otros personajes del mismo partido político, que de ecologista no tiene nada.

Hay que recordar el trabajo de investigación realizado por Latinus, por medio del cual se develó un sofisticado sistema utilizado para el despojo de inmuebles mediante juicios laborales falsos, incluye a familiares, amigos, funcionarios y hasta un notario público.

LAS PRACTICAS DE DESPOJOS EN QUINTANA ROO SIGUEN AL NUEVO GOBIERNO

En dicho trabajo se recordó que el 18 de abril de 2015, Bustamante Beltrán y tres personas más se presentaron ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, para demandar por la vía laboral a Erika Luz García Deister, “empresaria de Cancún y socialité”.

Bustamante Beltrán con José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Bañuelos Cobos, argumentaron ser trabajadores de García Dexster en García y  Miranda Trading, S.A. de C.V., una empresa dedicada a la venta de tiempos compartidos.

Los cuatro declararon que fueron contratados con un sueldo de 90 mil pesos mensuales por vender tiempos compartidos y que fueron despedidos el 27 de julio de 2015 porque García Dexster estaba inconforme por el bajo rendimiento en las ventas.

Ninguno de los demandantes presentó su contrato y aún así, la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Teresa de Jesús Ku Pat, les dio la razón, determinó que Erika García debía pagarles todos los reclamos, un total de más de 10 millones de pesos.

En el juicio laboral les preguntaron con qué querían cobrarse y decidieron que fuera con un departamento ubicado en Maioris Tower, complejo residencial ubicado en la zona hotelera de Cancún.

Por el bien de Quintana Roo y la credibilidad del nuevo gobierno estatal se deben investigar a fondo a todos los implicados en la cadena de despojos en Quintana Roo, más ahora que Bustamante Beltrán manejará presupuestos millonarios de los programas sociales con miras a los comicios del 2024.

Solo hay que recordar que en marzo de 2021 la propia Mara Lezama denunció la red de corrupción.

LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD HERENCIA PARA EL NUEVO GOBIERNO

Resulta que Héctor Rosendo Pulido González, quien pretendió extorsionarme para que me desistiera del juicio de amparo interpuesto en contra de las irregularidades del proceso de elección de la persona que asumiría la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, lo acaban de nombrar como titular de la Dirección General del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) del estado de Quintana Roo.

Con este tipo de colaboradores no se puede llegar muy lejos, por su falta de vocación de servicio al pueblo y su falta de ética. Pero a éste ya lo premiaron, ya veremos!!!

Graciela Machuca

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