Luego de 6 meses de gobierno y 349 ejecuciones, ante la emergencia por violencia en Quintana Roo, el gobierno estatal se saca de la manga una iniciativa de Seguridad Ciudadana
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
A pesar del velo de opacidad institucional que se ha querido tender sobre los hechos violentos que se están registrando a diario en los diferentes destinos turísticos de Quintana Roo, la misma ciudadanía y los visitantes se han encargado de difundirlos por medio de las redes sociales, por lo que la censura que el gobierno del estado ha impuesto a los medios de comunicación estatales y a los nacionales con los que tiene convenios de publicidad, ha fracasado, porque es la misma ciudadanía la que está ejerciendo su Derecho a la Información que consiste en recibir, investigar y difundir todo tipo de información que sea de su interés de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por México, mismos que están avalados por el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las mismas autoridades estatales se han percatado de que es imposible tapar el sol con un dedo porque la violencia en Quintana Roo se muestra en las calles, en las plazas públicas y en las playas, no hay ningún sistema de censura gubernamental capaz de inhibir la reacción de la sociedad cuando está viendo que durante sus vacaciones son asesinadas personas en su entorno.
Es urgente que los tres niveles de gobierno reconozcan la gravedad de la situación y que el país está en estado de emergencia porque los asesinatos, la privación ilegal de la libertad, las extorsiones del crimen organizado se evidencian por todo el territorio nacional, pero en Quintana Roo el estado de cosas es de extrema gravedad, porque a pesar que algunos empresarios y gobierno se pongan de acuerdo para negar la gravedad del conflicto, la actividad turística se ve impactada con la violencia, quizás no en este momento que la ocupación hotelera está al tope, pero si en las próximas temporadas y son los mismos empresarios los que enfrentarán las consecuencias cuando empiecen a notar la cancelación de reservaciones o la disminución “inexplicable” de las mismas.
De última hora, apenas el pasado martes cuatro de abril, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que destinos turísticos como Cancún, Tulum y Acapulco tienen el refuerzo de la Guardia Nacional en sus tareas de seguridad pública. Las policías municipales y estatales, así como el Ejército Mexicano y la Marina, que desempeña tareas de seguridad pública no se dan abasto ante el incremento de los hechos de violencia, principalmente en centros turísticos.
Se trata del plan de seguridad del Gobierno de México para la Semana Santa 2023, el cual contempla la participación de 4,700 elementos de la Guardia Nacional y una serie de vehículos y helicópteros para proteger las zonas turísticas más concurridas del país, incluyendo Cancún y Tulum.
En Cancún están desplegados mil 125 elementos, además de otros 225 en Tulum, apoyados con dos helicópteros UH-60, así como vehículos terrestres.
Este operativo de seguridad también se puso en marcha en Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Veracruz, donde también se desplegarán seis helicópteros; 377 camionetas Cheyenne; 10 lanchas; 3,800 elementos de seguridad en carreteras; 755 carros radiopatrulla y 45 cuatrimotos. Mientras se concentran elementos de la Guardia Nacional en centros turísticos se descuidarán carreteras y otras zonas del país, en donde de por sí ya impera la ley del crimen organizado.
Hasta el momento no se sabe que la Guardia Nacional o las otras corporaciones que tienen tareas de seguridad pública hayan prevenido y disuadido un hecho violento, solo llegan a dar apoyo a las policías que se convierten en primer respondiente, a cuidar las escenas del crimen, pero no hacen nada por evitar la violencia.
En medio de la emergencia, Luego de mas de seis meses en el encargo y 349 muertes violentas el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo decidió enviar al Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana como parte de la estrategia para llevar a la práctica el llamado Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, una copia, para no decir plagio, de lo que se propone a nivel nacional por la 4T.
El referido documento fue entregado a la representación formal del Congreso este miércoles 5 de abril por la secretaria de Gobierno Cristina Torres y el secretario de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide Pedrero.
De lo que se sabía hasta el momento que llegó la iniciativa al Congreso es que esta iniciativa, forma parte de las estrategias implementadas “por el gobierno del cambio verdadero y la transformación profunda para preservar la libertad, salvaguardar los derechos humanos y restablecer la paz, representa un nuevo modelo de seguridad que tiene como eje central a la ciudadanía”.
Un discurso similar al que manejó a su llegada a Quintana Roo Alberto Capella Ibarra, quien entregó el sistema de seguridad pública de la entidad, más destrozado que cuando lo recibió. Es un refrito de los refritos que ya se han experimentado en Quintana Roo, porque dicen que quieren hacer, pero no cómo y allí está el nudo del asunto, porque pueden tener ideas geniales, pero si no dicen y no saben el cómo, la iniciativa no pasará de un intento de darle a la ciudadanía la responsabilidad de tareas que la autoridad no es capaz de atender.
Solo falacias, buenas intenciones y una que otra ocurrencia que salen desde la mañanera. Por ejemplo, se pretender crear la Policía de Investigación e Inteligencia que, “tal como su nombre lo indica se encargará de procesos de investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación, explotación de información, análisis técnicos y científicos”. Espero que dicha iniciativa haya sido analizada y validada por expertos en técnica legislativa y Derecho Constitucional para que no sea motivo de una controversia constitucional por presentar errores de fondo y forma.
Se proponen policías de proximidad en funciones de prevención, “otorga mayor énfasis a labores de inteligencia y análisis de información para la prevención de hechos delictivos”. Deben justificar que no se trata de espionaje, sino de inteligencia policial. No cabe duda qué personajes como Capella Ibarra les hizo la iniciativa, o en el peor de los casos le plagiaron sus propuestas que no pudieron llevar a cabo en los tiempos del ahora representante de la 4T en Canadá.
Se incluyen órganos de participación de la sociedad, como el Comité de Seguridad Ciudadana Municipal, “que sería un órgano de consulta, análisis y participación ciudadana en materia de cultura cívica, seguridad ciudadana, procuración de justicia, atención a víctimas del delito, reinserción y reintegración social y familiar”. Si este organismo lo convierten en instrumento electoral para el 2024, desde luego que va a fracasar, lo cual sería una desgracia para la sociedad quintanarroense.
Como en este espacio se ha reiterado, la gobernadora María Elena Hermelinda Lezama Espinoza desde 2018 esta en campaña para escalar cargos de elección popular fue electa como presidenta municipal de Cancún, luego fue reelecta, luego candidata a gobernadora y al parecer todo este tiempo hasta el día de hoy lo ha invertido al 100% a la campaña política que sigue desde el día siguiente en que los resultados en las urnas le ha favorecido, de ahí su ascenso al poder pero de que tenga interés en un proyecto en beneficio de la seguridad y la salud de los quintanarroenses no se ve por ningún lado.
Graciela Machuca
