A cinco años del feminicidio de María del Sol Cruz, se mantiene viva y firme la exigencia de justicia ante la cadena de impunidad
- Se cumplen cinco años de impunidad ante la evidente complicidad de funcionarios estatales y federales para no esclarecer un triple asesinato y otros delitos
- Este emblemático caso se sitúa entre el 7% de delitos que se denuncian en México y entre 94.8 % de los delitos que no se resuelven, es decir, que concluyen en impunidad
- Hoy, cómo hace cinco años, nada ha cambiado, quienes cometieron diversos delitos han sido protegidos por el Estado: Soledad Jarquín Édgar
consorciooaxaca.org
A 5 años del feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín y la exigencia de justicia ante el Estado Mexicano, sólo queda “un páramo de impunidad” donde existe una evidente complicidad de funcionarios estatales y federales para no esclarecer un triple asesinato y otros delitos, así lo denunció la periodista y defensora de derechos humanos, Soledad Jarquín Édgar.
Todo esto a pesar de las denuncias por los delitos cometidos en contra de María del Sol: el feminicidio, el robo de su equipo y el delito electoral que la llevó a situarse el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza, municipio en el que no debía estar.
Lo anterior además de todas las omisiones, dilaciones y actos de corrupción cometidos para proteger a los autores intelectuales y materiales que salpican a las administraciones de Alejandro Murat Hinojosa y la de Salomón Jara Cruz, recriminó la defensora a través de un pronunciamiento púbico.
Hizo énfasis en que este emblemático caso, se sitúa entre el 7% de delitos que se denuncian en México y entre 94.8 % de los delitos que no se resuelven, es decir, que concluyen en impunidad, de acuerdo con datos de la organización México Evalúa. En Oaxaca los índices de impunidad acumulados entre 2015 y 2021 es el 100% en feminicidios y homicidios dolosos, como señala Impunidad Cero”, añadió.
Es en ese contexto, -recalcó- que los feminicidios de María del Sol y de Pamela Terán Pineda, son dos ejemplos de las dos mil 12 mujeres asesinadas en los últimos 24 años y seis meses, cuatro sexenios – José Murat, Ulises Ruiz, Gabino Cué y Alejandro Murat- y lo que va de la actual administración de Salomón Jara.
“Hoy, cómo hace cinco años, nada ha cambiado, quienes cometieron diversos delitos han sido protegidos por el Estado, diversas estructuras que abonan a la impunidad y corrupción en el cuerpo social donde crece un cáncer que corroe las entrañas de una nación que sangra por las venas rotas de nuestras hijas”, recalcó.
Responsabilizó a los dos extitulares de la Fiscalía General de Justicia, Rubén Vasconcelos Méndez, a quien señaló como “autor fundamental de la farsa perfecta de una investigación que no realizó”, y a Arturo Peimbert Calvo, quien sí conoció las irregularidades y omisiones en las que incurrió su antecesor, pero no hizo lo correspondiente a pesar del dolo con el que actuaron para negar la justicia a las tres víctimas directas.
Este hecho –indicó- daría lugar al sobreseimiento parcial de la carpeta de investigación el 22 de noviembre de 2021. “A través de su actuación, ellos son los autores intelectuales y materiales del delito de impunidad, la negación de justicia, la complicidad y el consecuente daño a la comunidad, a la sociedad entera, que sabe que todo crimen sin castigo, se repite”, recalcó.
Asimismo, denunció que la Fiscal “Especializada” en Delito Electoral, Esther Araceli Pinelo López, fue omisa ante un evidente delito electoral por parte del entonces titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del Gobierno del Estado, Francisco Javier Montero López y de su hermano, el entonces candidato a la Presidencia Municipal de Juchitán de Zaragoza, Hageo Montero López.
Recriminó que la aun fiscal electoral no reconoció su carácter de víctima indirecta y que esto ha dado como resultado que esa carpeta de investigación esté hoy en el limbo judicial. Complicidades que –reiteró- alcanzan incluso al Poder Legislativo y Judicial.
Señaló además a los dos titulares de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo y Bernardo Rodríguez Alamilla, este último hoy Fiscal de la entidad, toda vez que ninguno de los dos emitió recomendaciones a las autoridades responsables de procurar la justicia y guardaron silencio frente a las atrocidades que hicieron ganar terreno al abuso de autoridad.
Recordó que por estos hechos, la denuncia interpuesta en 2022 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) aceptó el caso que hoy sigue su curso.
“Hoy, como todos los días recordamos a María del Sol, su fuerza de vida está presente en nuestros corazones, es aliento para seguir adelante”, mencionó.
Este caso –destacó- constituye el recordatorio de un hecho absurdo que nunca debió ocurrir, así como de actos de corrupción y la consecuente impunidad perpetrados por funcionarios públicos estatales y federales que dejaron de hacer y dejaron pasar.
Graciela Machuca
