A pesar de ser el más caro del país, al Congreso de Quintana Roo le hacen el trabajo en la oficina de la gobernadora
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
**La diputada del MAS, Diana Laura Nava, obtuvo el primer lugar en cinismo, volvió a pedir licencia, por así convenir a sus intereses.
Cuando pensamos que la XVI legislatura lo había superado todo, pues no, la XVII Legislatura de Quintana Roo pasará a la historia como una de las más cortas por solo durar dos años por los ajustes constitucionales que se requieren para unificar las elecciones municipales, estatales y federales, también pasará como la más improductiva y falta de compromiso con la ciudadanía de parte de sus integrantes de los diversos partidos políticos, quienes solo llegaron a esos cargos de elección popular como un trampolín para seguir su carrera política y no quedarse fuera del presupuesto.
Durante estos dos años que les tocó cobrar como legisladoras y legisladores se han dedicado a buscar un nuevo cargo de elección popular o a esperar ser llamados al gobierno del estado o al federal para sumarse a la burocracia, ya que no tienen ni idea en que consiste el trabajo legislativo, porque las principales leyes y reformas aprobadas les llegan directamente de la oficina de la gobernadora Mara Lezama, al final de cuentas en Quintana Roo, la persona que es titular del Poder Ejecutivo es la también encargada de legislar, porque en el proceso legislativo es de mero trámite, para guardar las formas.
Por ejemplo, a mediados del mes de noviembre de 2022 la gobernadora envió al Congreso del estado una reforma constitucional para eliminar las disposiciones que prohíben disminuir el presupuesto a los órganos autónomos y a los Poderes Legislativo y Judicial, iniciativa que fue aprobada sin modificación alguna y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le tuvo que decir al Congreso como se legisla al echar para atrás su decisión de reformar la Constitución de Quintana Roo parta disminuirle presupuesto a los órganos autónomos, el Poder Judicial presentó una controversia constitucional y obtuvo un fallo a su favor.
Las muestras de que el trabajo legislativo lo hacen desde el poder ejecutivo están en boca de los mismos diputados. El diputado José María Chacón Chablé dio a conocer el 13 de abril de 2023 que la iniciativa de reforma de la Ley de Movilidad “está lista para ser presentada ante el Congreso del Estado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa ante la Oficialía de Partes, lo que podría ocurrir próxima semana”.
Dos semanas después, la XVII Legislatura del Estado aprobó por unanimidad las reformas a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, mediante la cual se transformará la movilidad en la entidad, a través de un cambio de paradigma con respecto a los servicios de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales, garantizando con ello el derecho humano a la movilidad promoviendo la libre competencia.
En la sesión ordinaria número 22, al margen de las partes involucradas el Pleno Legislativo aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado, sin la participación ni de los sindicatos ni de UBER mucho menos de la ciudadanía.
El 5 de abril de 2023, la gobernadora Mara Lezama anunció que presentaría una iniciativa ante el Congreso del Estado sobre la Ley de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, “que representa un nuevo modelo de seguridad que tiene como eje central a la ciudadanía”.
“La seguridad representa el problema más importante para nuestro estado. Para resolver este dolor, desde la campaña electoral promoví la evolución del modelo de seguridad pública a un nuevo modelo de seguridad ciudadana”, dijo la gobernadora.
El 18 de abril, la titular del Poder Ejecutivo festejaba a través de sus redes sociales la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, además, de reconocer la disposición y respaldo de todos los diputados de la H. XVII legislatura del Congreso de Quintana Roo “para fortalecer esta demanda social prioritaria en el estado”. Sin embargo a partir de esta “iluminada iniciativa” se han registrado 123 ejecuciones de los que 18 son mujeres muy lejos de que esta ley de marras se refleje en beneficio a la sociedad Quintanarroense.
Según Mara Lezama, esta nueva ley “representa un gran avance en la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad en la región”. Sin embargo, quienes integran la XVII Legislatura solo cumplieron en levantar el dedo para aprobar la orden que les llegó desde el Poder Ejecutivo.
Del mes de septiembre de 2022 al 18 de junio de 2023, tiempo en que lleva de actividad la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, según su página web ha realizado el pleno 87 sesiones, le han dado entrada a 349 iniciativas, se han aprobado 88 acuerdos y solo 81 decretos y declaratorias, trabajo que beneficia a grupos de poder político y económico, pero no al pueblo, a quienes si les han aplicado aumento de impuestos y derechos.
Por ello hay que recordar el estudio que publicó en el mes de julio de 2022 el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), organismo que concluyó que Quintana Roo tiene el Congreso más caro del país, al pagarle a sus diputados 19. 4 millones de pesos al año, mientras la media nacional era de 12.5 millones.
Baja california Sur, Nayarit, Tlaxcala y Quintana Roo, destinaron más de 200 pesos por cada habitante, a los Congresos, mientras que Puebla, Chiapas, Tamaulipas y el Estado de México, designan menos de 60 pesos por habitante. Con los datos del 2022, del dinero de los impuestos de los quintanarroenses, por cada habitante se le pagaba al Congreso 270 pesos al año, un presupuesto que desde luego no se justifica con raquítico trabajo que realizan las y los actuales diputados.
Pero el primer lugar en cinismo se lo lleva la diputada Diana Laura Nava Verdejo del MAS, quien tomó protesta el día 3 de septiembre de 2022 y dos días después, el día 5, pidió licencia. El 22 de mayo regresó a ocupar su curul durante dos sesiones, se volvió a desaparecer, no llegó a las cuatro sesiones ordinarias siguientes del Congreso, canceló al menos cuatro sesiones de la Comisión de Educación y con la mano en la cintura volvió a pedir licencia el miércoles 13 de junio, porque así conviene a sus intereses.
Hasta el momento se desconocen las razones que tiene para solicitar una nueva licencia, así como quien asumirá la suplencia, porque a la diputada Alfonsa Leticia Padilla Medina “la enfermó”, luego de las diferencias que tuvieron y que las llevaron a un litigio en el orden federal.
Diana Laura Nava es diputada plurinominal por el MAS y esposa del dirigente de este partido local, quien ya hizo acuerdos con MORENA parta ir en alianza para el 2024.
Graciela Machuca
