Mara Lezama mandó a Cristina Torres a minimizar la privación ilegal de la libertad del magistrado presidente del Tribunal Electoral
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
**La delincuencia organizada y común le ganó la guerra al gobierno de la 4T al poner en vigencia los abrazos y no balazos que pregona López Obrador.
Ni las recientes visitas de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, a las “mañaneras” del presidente de la república en el Palacio Nacional han tenido tanta repercusión en la prensa nacional como internacional como la privación ilegal de la libertad del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi, cuando llegaba a su domicilio en la
ciudad de Chetumal, alrededor de las 23:00 horas del pasado lunes 19 de junio.
El referido hecho muestra, una vez más, que la delincuencia gobierna por todos los rincones de Quintana Roo y que ningún integrante de la ciudadanía se salva de la violencia porque las autoridades han decidido seguir la recomendación de Andrés Manuel López Obrador: abrazos y no balazos.
La autoridad estatal, al darse cuenta qué es incapaz de desplegar el estado de derecho, prefiere darle por su lado a la delincuencia, no confrontarse con ella, no perseguirla y para justificarla minimiza sus acciones.
Afortunadamente, el magistrado Sergio Avilés lo liberaron dos horas después de tenerlo privado de la libertad, aunque con golpes y después que le robaron todo lo que llevaba de valor regresó por su propio pie a su domicilio.
La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, salió a defender lo indefendible, al argumentar que se trató de un simple robo, que solo le quitaron cosas de valor y que en ningún momento lo identificaron como servidor público y tampoco lo amenazaron.
“No fue un levantón como se ha especulado, en realidad se trató de un asalto, fue un robo por ladrones comunes, ya que le quitaron su reloj, su anillo, la llave de la camioneta se les cayó al correr y por las prisas la dejaron ahí, y ni siquiera le quitaron sus tarjetas bancarias que traía en su cartera, aunque si fue golpeado; pero entablamos comunicación con él y está bien, fuera de los golpes que recibió, y ya la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo las investigaciones correspondientes”, declaró la servidora pública al intentar detener las diversas versiones de los hechos, así como la cascada de mensajes en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales que evidencian la grave situación de violencia que se vive en todo el país.
La secretaria de gobierno se erigió en Ministerio Público y quiso dar carpetazo al asunto, cuando la instancia formal apenas está reuniendo las evidencias para definir líneas de investigación, hay que recordar que una investigación ministerial no solo puede partir de la versión de la víctima u ofendido, se tiene que investigar desde diferentes ángulos, además, que la víctima se trata de un servidor público de alto nivel y que por sus facultades de ley cuenta conoce de muchos asuntos que son de interés tanto de grupos políticos como económicos de la entidad.
Para el gobierno del estado nunca pasa nada, todos son hechos aislados, ahora falta que el magistrado decida dar su versión de los hechos, la cual ya debe estar en poder de la Fiscalía. También, aun falta que el gobierno estatal informe sobre si el magistrado iba acompañado de su chofer y él en dónde está, ahora que ha decidido dar a conocer la versión de los hechos minimizándolos a su máxima expresión.
Las multimillonarias cifras que gasta Mara Lezama en su imagen y en la de su gobierno no le sirven de nada ni al pueblo de Quintana Roo ni a ella para lograr su objetivo, porque una noticia como la privación ilegal del magistrado presidente del Tribunal Electoral tiene más importancia periodística que sus anuncios de programas electoreros.
Podrá seguir utilizando las mañaneras de López Obrador como pasarela, pero ni eso la ayudará a gobernar y a cambiar la realidad de Quintana Roo, donde su gobierno ya perdió la guerra contra la delincuencia y lo más grave que puede hacer es guardar silencio y dejar que opere impunemente, sino por acción, pero si por omisión.
El magistrado Avilés solo fue una de las víctimas de la delincuencia en esta semana. Revisemos los últimos hechos y veremos que la violencia sigue enlutando hogares en Quintana Roo, se trata de víctimas que al no tener un cargo en la administración pública o tener poder económico no le importan al gobierno del estado, mucho menos a la gobernadora.
Mara Lezama y a Cristina Torres no se ocupan, ni por lo menos se dan por enteradas de los cientos de víctimas en Quintana Roo porque ya no pueden o no
están dispuestas a seguir pagando el “derecho de piso” que le impone la delincuencia organizada ante el desgobierno.
Este martes 20 de junio, hombres armados dispararon a quema ropa a una mujer que se encontraba en el interior de una veterinaria en la región 259 de Cancún. La víctima perdió la vida cuando era atendida en una clínica del IMSS cerca al lugar de los hechos.
La policía recabó testimonios que previamente unos hombres armados habían llegado a la veterinaria a cobrarle a la mujer derecho de piso, pero como ella se negó, este martes regresaron para asesinarla.
Desde luego que no se trata de un hecho aislado, tanto en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Cozumel, entre otros municipios el cobre de derecho de piso es el negocio más rentable de la delincuencia organizada y las autoridades, a pesar de saberlo, no hacen nada para combatirlo.
Graciela Machuca
