Sistema de salud como en Dinamarca, una burla para el pueblo de México
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
**IMSS, ISSSTE, SS y el INSABI se hundieron durante el actual gobierno federal.
Al mirar hacia el sistema de salud público en México, la primer pregunta que surge es donde está la atención como en Dinamarca que prometió el aún presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, todo indica que solo fue una tomada de pelo al pueblo de México, porque en materia de salud, el país está por los suelos, una prueba de ello es el hospital de la Secretaría de Salud en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo y el fallido Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI) que el gobierno de la 4T lo sepultó el pasado 25 de abril, pasando su operación a una instancia que ya ha existido con otros nombres en los gobiernos priistas y panistas.
Pero en Quintana Roo tenemos más ejemplos de las fallidas estrategias para atender la salud pública, como es el Hospital Comunitario de Tulum, utilizado por un tiempo para atender casos de COVID-19, luego fue abandonado hasta la fecha porque el gobierno estatal se quedó esperando que el federal liberara los recursos para su equipamiento, así como las plazas para el personal.
En el ahora elefante blanco se invirtieron 163 millones 145 mil 678 pesos. Las cifras alegres oficiales hablaban que esta unidad hospitalaria atendería a 115 mil 530 habitantes de la zona. La desgracia del INSABI arrastró esta inversión estatal.
El colapso de las instituciones del Sector Salud ya estaba previsto desde principio del Siglo XXI, los gobiernos panistas y priistas de los primeros 18 años del siglo hicieron ajustes para empatar el sistema de salud público con las directrices que se les ponía desde las instituciones financieras internacionales, para no quedarse fuera de la economía global.
Desde luego, lo que se tenía a finales de 2018 en materia de salud podía mejorarse y mucho, empezando por la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, pero lo que hizo el nuevo gobierno en ese entonces es sepultar a un enfermo grave al terminar con el Seguro Popular y los fondos financieros que le daban vida.
Independientemente del fracaso del INSABI, a las secretarías de Salud estatales y federal, al IMSS y al ISSSE las dejó que sobrevivieran por inercia, sin reformarlas, apuntalarlas, son instituciones que requerían una cirugía mayor, pero no el desahucio.
Prueba del abandono en que se encuentran estas instituciones, antes ejemplo de la salud pública en América Latina, son las múltiples recomendaciones que ha emitido en su contra es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Hospital General de Zona No. 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, no es la primera vez que comete un acto de negligencia en la atención a las personas pacientes, hay evidencias de que se ha convertido en una constante las malas practicas que acaban con vidas, atrofian estados de salud y terminan con proyectos de vida.
Las causas que motivaron la muerte de una niña de seis años supuestamente por desperfectos en un elevador tienen otros antecedentes, todos relacionados con negligencia, falta de profesionalismo y desde luego, olvido del gobierno federal de que los hospitales requieren presupuesto.
El 3 de octubre de 2021, el organismo nacional defensor de los derechos humanos dio a conocer la Recomendación 46/2021 dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, por la inadecuada atención médica que recibió una persona diabética en el Hospital General de Zona N° 18 (HGZ-18), cuyo personal médico retardó el tratamiento quirúrgico de un dedo del pie, lo que provocó que le fuera amputada parte de su extremidad, afectando y alterando significativamente su proyecto de vida.
La institución detalló que el paciente acudió al Servicio de Urgencias del nosocomio a fin de que le fuera curada una herida que presentaba en el quinto dedo del pie derecho, donde personal médico le informó que le sería amputado; sin embargo, pasaron varios días sin que le realizaran la cirugía, lo que propició que la lesión empeorara y finalmente le amputaran el pie a la altura de la rodilla.
La CNDH advirtió que la atención médica proporcionada por servidores públicos del IMSS fue inadecuada, ya que a pesar de que, desde el inicio, el enfermo requería ser valorado por el servicio de Angiología o Cirugía Vascular, así como de un tratamiento quirúrgico urgente para amputar el dedo lastimado, los médicos no le brindaron la atención médica requerida ni atendieron a su situación de vulnerabilidad, al ser una persona con un padecimiento crónico, por lo que la dilación en su tratamiento médico agravó el problema.
Por ello, la CNDH solicitó al director general del IMSS que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde la reparación integral por los daños causados a la víctima, que incluya la compensación justa y suficiente con motivo de la inadecuada atención médica que derivó en la amputación de su pie, en términos de la Ley General de Víctimas y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se otorgue atención médica y psicológica que requiera, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado, atendiendo a su edad y necesidades específicas, así como proveerlo de los medicamentos y aparatos ortopédicos como prótesis, convenientes a su situación de manera gratuita.
Pero el Hospital del IMSS en Playa del Carmen no ha sido el único en recibir recomendaciones por violaciones a derechos humanos en Quintana Roo de parte de la CNDH, también se encuentra en la lista el de Cancún y el de Chetumal.
Es importante recordar la Recomendación 22/2023 dirigida, también, a Zoé Alejandro Robledo Aburto, por violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, así como al acceso a la información en materia de salud, en agravio de una víctima, atribuible a personal médico del Hospital General de Zona número 3 (HGZ-3) en Cancún, Quintana Roo.
El 29 de septiembre de 2020, la víctima -con antecedentes de diabetes mellitus- presentó un escrito de queja ante la Comisión Nacional, en el que manifestó que, en enero de ese año, acudió al Servicio de Urgencias del HGZ-3 donde le practicaron una cirugía de drenaje de absceso (extracción de líquido infectado en abdomen y pelvis) y apendicectomía. Sin embargo, días después de la intervención quirúrgica presentó malestar, dolor y fiebre, por lo que le fue realizada una segunda intervención, en donde encontraron perforación del ciego (conexión de intestino delgado con el colon) y peritonitis fecal.
La CNDH consideró que la vida de la víctima estuvo en peligro debido a la atención médica tardía, en la cual no se consideró su antecedente como persona diabética, a las complicaciones resultantes de la mala praxis de las cirugías y la integración incompleta del expediente clínico para seguimiento.
En consecuencia, la víctima tuvo que continuar en terapia intensiva del HGZ-3 del 8 al 11 de febrero del 2020, periodo en el que se le practicó una tercera operación para lavado y retiro de la Bolsa de Bogotá (bolsa estéril de irrigación) y recolección de drenajes, sin que se resolviera la lesión del ciego, por lo que permaneció con abdomen abierto.
Finalmente, el 24 de febrero de 2020, la víctima fue dado de alta con cita en Consulta Externa para revisión y tratamiento a base de antibióticos y diuréticos. Del análisis lógico-jurídico de las evidencias, el personal especializado de la CNDH acreditó las violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y el acceso a la información en materia de salud en agravio de la víctima, por omisiones de tres personas servidoras públicas del HGZ-3 del IMSS al no brindar atención médica adecuada y no integrar correctamente el expediente clínico.
La Recomendación 150/2022 dada a conocer el 15 de agosto de 2022, se emitió por violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida, al interés superior de la niñez y al acceso a la información en materia de salud, atribuibles a, por lo menos, cuatro personas servidoras públicas adscritas al Hospital General de Zona número 1 (HGZ-1) en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en agravio de una víctima en edad pediátrica que falleció, derivado de la inadecuada atención médica y dilación de estudios clínicos apropiados.
La queja fue presentada el 27 de septiembre de 2019 ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), y turnada a este Organismo Nacional debido al ámbito de su competencia. En ella el quejoso señala su inconformidad contra servidores públicos del HGZ-1, quienes no obstante la gravedad del estado de salud de la víctima, quien contaba con un diagnóstico previo de hidrocefalia, no fue atendida de manera oportuna, ni ordenaron análisis, y tampoco se gestionó y ejecutó su traslado a un hospital donde le atendieran médicos especialistas, con lo que se propició su fallecimiento.
Con estas carencias y negligencia en el IMSS, el proyecto de la 4T para que administre su sistema de salud al estilo Dinamarca, resulta ya una burla para el pueblo de Quintana Roo.
Graciela Machuca
