Las “zonas del silencio” donde el Estado mexicano está imposibilitado de documentar la incidencia delictiva
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
La incidencia delictiva volvió a repuntar durante el mes de agosto en el país, sin embargo, para el gobierno federal en todo el territorio nacional se vive en paz, sin tomar en cuenta que el crimen organizado ya controla amplias zonas del territorio nacional, lo que provoca el número de víctimas mortales, lesionadas, desaparecidas, extorsionadas, desplazadas siga en aumento.
Quizás para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no esté en sus prioridades lo que pasa en todo el país y que le preocupe lo que ocurre en la ruta del Tren Maya o del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pero lo que sucede en Chiapas, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca o Tamaulipas también son asuntos de seguridad nacional y responsabilidad del Estado atender esos conflictos de violencia que ya rebasaron a las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno y hasta el momento no se ven acciones concretas de las autoridades militares, que en esta administración, más que nunca tienen presupuestos multibillonarios, no solo por los recursos autorizados por el Congreso, sino por el valor de las empresas que una a una les ha ido entregando el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Durante el mes de julio de 2023, a nivel nacional el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó 180 mil 722 delitos y para el mes de agosto la cifra ascendió a 185 mil 212, lo que representa un incremento de cuatro mil 490 delitos, un porcentaje de 2.5.
Si las autoridades federales, estatales y municipales se niegan a reconocer el clima de violencia generalizado, como se evidencia en sus discursos, podríamos decir que la metodología que utiliza el Sistema Nacional de Seguridad Pública no es la idónea para leer los escenarios de la violencia en el país, pero al darle el beneficio de la duda, también se la tenemos que dar al INEGI, institución que el pasado 11 de septiembre publicó los resultados de una encuesta de victimización es la que se reconoce que la cifra negra de los delitos en México es de 92.4 por ciento.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 27 de febrero al 28 de abril de 2023, levantó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023.
Esta encuesta de gran valía para los tres niveles de gobierno y para organismo multilaterales, porque sus resultados permiten elaborar diagnósticos para diseñar políticas públicas y recomendaciones a nivel internacional.
El organismo público nacional estadístico de México, dio a conocer que el objetivo de esta encuesta “es generar información sobre la victimización delictiva durante 2022, así como sobre percepción social respecto a la seguridad pública y al desempeño de las autoridades entre marzo y abril de 2023. Las estimaciones se generan a nivel nacional, por entidad federativa y por áreas metropolitanas de interés”.
En 2022, el INEGI estimó que 10.5 millones de hogares (27.4 % del total del país) tuvieron, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito. Este porcentaje es estadísticamente menor al de 2021. Para 2022, el número de víctimas de 18 años y más fue de 21.1 millones, equivalente a una tasa de 22 587 víctimas por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva). Las tasas de prevalencia por sexo fueron de 21 675 para las mujeres y de 23 648 para los hombres. Estas cifras son estadísticamente menores a las de 2021.
Comparado con 2021, en 2022 la tasa de prevalencia disminuyó en siete entidades federativas, aumentó también en siete y no tuvo cambios en 18. En 2022, las tasas más altas se registraron en Ciudad de México, con 31 876; estado de México, con 31 182 y Tlaxcala, con 27 115. Las tasas más bajas se presentaron en Chiapas, con 12 536; Veracruz, con 13 597 y Oaxaca, con 15 214.
Las entidades federativas con mayor prevalencia delictiva tanto en hombres como en mujeres fueron estado de México (34 693 para hombres y 28 215 para mujeres) y Ciudad de México (32 661 para hombres y 31 178 para mujeres). En contraste, la menor prevalencia delictiva se registró en Veracruz (14 168 para hombres y 13 149 para mujeres) y en Chiapas (14 364 para hombres y 11 109 para mujeres).
En 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos. De estos, 92.4 % no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra negra, detalló el organismo.
Si la cifra negra, según el INEGI fue el 2022 de 92.4, es decir que los 26.8 millones de delitos, representan solo el 7.6 de los delitos cometidos en el país durante ese año, lo que nos demuestra una vez más que la ciudadanía no confían en las instituciones de procuración e impartición de justicia, mucho menos, en las encargadas de prevenir el delito.
Durante el mes de agosto de 2023, el número de delitos de homicidio doloso fue de 2 mil 156, mientras que en julio la cifra se quedó en 2 mil 95; el robo total se documentó en julio pasado en 47 mil 786 y para agosto subió a 49 mil tres delitos de robo.
La violencia familiar, técnicamente se mantuvo, ya que en julio el número de delitos ascendió a 24 mil 568 en agosto se elevó a 24 mil 640.
141.1 es la media nacional de presuntos delitos por cada cien mil habitantes y debajo de esa línea se encuentran estados como Chiapas, Tamaulipas, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Veracruz, entidades que se encuentran bajo el control del crimen organizado y la autoridad ya no tiene la oportunidad de documentar la incidencia delictiva.
Estos estados y regiones son las llamadas zonas del silencio donde ya es imposible hacer periodismo, defender derechos humanos, además, que el Estado perdió su razón de ser.
Graciela Machuca
