XVII Legislatura de Quintana Roo menos productiva que la XVI; carece de una agenda legislativa, solo responde a intereses de grupos de poder

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Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

Foto: elquintanaroo.mx

Cada que se renueva el Congreso de Quintana Roo, el pueblo tiene la esperanza que quienes llegarán a los puestos de elección popular cumplirán sus promesas de campaña y que serán su voz, defenderán sus intereses, lucharán en todo momento por mantener el espíritu constitucional de la división de poderes, pero a partir del día que rinden protesta para cumplir con la Constitución y todas las leyes que de ella emanen, se convierten en adversarios del pueblo, se especializan en construir todo tipo de caminos para violentar las leyes.

El próximo 2 de junio se elegirán a las personas que integrarán la XVIII Legislatura de uno de los estados más jóvenes de la Federación, por lo que se espera que el electorado cuente con las opciones suficientes para seleccionar por quien votar, que sean personas con la convicción de servicio, pero con las capacidades técnicas, políticas y éticas para representar la voluntad popular y no solo estar al servicio de las cúpulas del poder económico y político de la entidad.

La sociedad quintanarroense ya no puede estar a expensas de lo que hacen o dejan de hacer personas que cobran como legisladoras en la XVII Legislatura del estado, quienes se empeñan en sangrar la economía de los contribuyentes, en acomodar las leyes para su beneficio personal y político, pero no a favor de las mayorías.

En este contexto resalto el contenido del reporte emitido recientemente por el Observatorio Legislativo de Quintana Roo A.C. denominado Observaciones sobre el Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año de la XVII Legislatura, organismo civil que considera que la expectativa de que el Poder Legislativo asumiera su papel independiente dentro del sistema de poderes del estado, “nuevamente se vuelve cancelar”.

En este documento difundido a principios de este mes, dicho observatorio legislativo expuso que es oportuno recordar cuales son las funciones del Congreso, que consisten en generar y vigilar el marco jurídico de estado, aprobar y revisar las cuentas públicas, efectuar nombramientos y realizar gestión social en beneficio de sus electores.

Mientras que  el proceso dentro del Congreso “se realiza mediante la presentación de iniciativas, su análisis en Comisiones y su dictamen en el pleno del Congreso para después emitir el Decreto para su publicación en el Periódico Oficial del estado y así tener vigencia lo aprobado en el Congreso.

Al realizar un resumen de las actividades del Congreso de Quintana Roo en el periodo referido la organización civil hizo un recuento de las 34 sesiones llevadas a cabo. 

En este periodo se presentaron menos iniciativas que en el anterior que fueron 142, ahora son 119 iniciativas registradas, de las cuales 30 fueron con motivo de la aprobación de las leyes fiscales del Estado y los Municipios.

Sobre las 119 Iniciativas generadas en este periodo, 39 fueron turnadas por el Poder Ejecutivo, ciudadanos y municipios, es decir, el 33%.

Las elaboradas por quienes integran la XVII Legislatura fueron el 67%. 

Según el Observatorio Legislativo, dos fueron las iniciativas de nuevas Leyes enviadas por el Ejecutivo y que son importantes para el marco jurídico del desarrollo económico del Estado: la  Ley de Desarrollo Forestal y la Ley del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo.

Además, detalla, que el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo ingresó una iniciativa para modificar los artículos 12 y 17 de la Constitución Política del Estado, en la que se agregan derechos significativos, como el definir que la Dignidad Humana es la base y condición para el disfrute de los demás derechos; y que el Estado reconoce el Derecho Humano a la buena administración pública conforme a los principios de eficacia, eficiencia, generalidad, uniformidad continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y comunicación.

También se establecieron derechos como el de audiencia, de impugnación y resolución proporcional y justa en un plazo razonable. El trámite de esta iniciativa fue aprobado el 4 de octubre y turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Derechos Humanos, mismas que no la han dictaminado.

Se contabilizaron 99 decretos emitidos en este periodo, 33 por motivos fiscales, 10 reformas al Código Penal, 45 reforma de leyes. 

En el rubro de inasistencias, el reporte del observatorio destaca a Julián Ricalde Magaña y María José Osorio Rosas (con inasistencias justificadas por atender asuntos de maternidad)  con diez ausencias y con 7 a Angy Estefanía Mercado Ascencio.

La propuesta discursiva de un cambio en la conducción del Congreso apegado a los principios que propone el movimiento político en el poder no se manifiesta en los trabajos legislativos, siguen sin discutirse una Ley de Austeridad, la revisión de la política anticorrupción, la política de apoyo a los grupos productivos del campo y pequeños productores del estado, incluso se está dejando a un lado la revisión de la Ley de Transporte Ferroviario del Estado, que ahora con la operación del Tren Maya debieron de haberla considerado en su agenda, la que por cierto no existe, expone el observatorio legislativo. 

Añade, que si bien es cierto, que se dio paso a atender la petición ciudadana de revisar la concesión de AGUAKAN, mediante una aprobación para abrogar su concesión, este asunto seguirá un complejo camino jurídico y que ahora solo sirvió para considerarlo como un aspecto de propuesta electoral. 

Asimismo, se sigue dejando a un lado en los procesos legislativos los foros de consulta para cumplir con los requisitos de un Parlamento Abierto y evitar que por su incumplimiento se cuestionen las reformas y leyes ante la SCJN como ha venido sucediendo con las aprobaciones de las Legislaturas anteriores. 

Todo lo anterior es la consecuencia de la falta de liderazgo en la conducción de los trabajos del Congreso, que ahora con el formato de la JUGOCOPO está solo de membrete su responsable, el diputado Humberto Aldana, a quien no se le puede atribuir  que en verdad sea líder del Congreso. Hasta aquí las consideraciones del Observatorio Legislativo de Quintana Roo A.C.

Graciela Machuca

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