La Comisión de Atención a Ví­ctimas en Quintana Roo revictimiza y deja en estado de indefensión a las ví­ctimas que debe proteger

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martí­nez

**Los tres niveles de gobierno en Quintana Roo tienen una cultura del rechazo a la protección de los derechos humanos.

Las violaciones a los derechos humanos en Quintana Roo cometidas por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno, se encuentran a la orden del dí­a, a pesar de los daí±os que se provocan en la economí­a y en los indicadores de seguridad que se utilizan para calificar a los destinos turí­sticos como seguros para las personas visitantes. Sin embargo, existe una cultura de desprecio a los derechos humanos por parte de personas servidoras públicas que tienen la obligación de respetar y proteger estos derechos como se los mandata el Artí­culo Primero de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos y el respectivo de la Constitución local.

La belleza de los recursos naturales de Quintana Roo han pasado a segundo término en el contexto de la imagen internacional del estado, porque en los motores de búsqueda aparecen hechos violentos no solo en contra de mujeres y hombres integrantes de la población quintanarroense, sino también de persona extranjeras que viven aquí­ o vienen de visita, lo que está ubicando a la entidad en el nivel que fue creciendo hace aí±os en los centros turí­sticos de Guerrero, como Acapulco y que ahora, han perdido la confianza de los turistas que privilegian su seguridad.

Si desde los tres niveles de gobierno, no se actúa de manera integral para ofrecer seguridad al turismo, en pocos aí±os estaremos enfrentando una severa crisis de afluencia turí­stica, a pesar de las inversiones multimillonarias de carácter gubernamental y privado, que seguirá en aumento como consecuencia de la inversión complementaria que requiere la obra ferroviaria conocida como Tren Maya.

Serí­a una lastima que inversiones de esa naturaleza, que tanto desarrollo social costara a México, terminara como un elefante blanco por la falta de capacidad del gobierno mexicano de garantizar seguridad a turistas y a inversionistas nacionales y extranjeros.

Estas lí­neas las escribo porque como sociedad quintanarroense tenemos evidencias de que por estas tierras el respeto a los derechos humanos sigue siendo parte del discurso polí­tico de los gobiernos en turno, pero que no se llevan a la práctica en la realidad del estado de Quintana Roo, donde las ví­ctimas por violaciones a los derechos humanos siguen enfrentando la impunidad, la corrupción y falta de acceso a la justicia.

9 DE NOVIEMBRE DEL 2020, UNA MUESTRA DE QUE EN QUINTANA ROO LOS DERECHOS HUMANOS SON LETRA MUERTA

Un hecho emblemático de violaciones a derechos humanos y que sigue siendo muestra de la impunidad es lo que ocurrió el 9 de noviembre de 2020 en las inmediaciones del palacio municipal de Benito Juárez, donde personal policial dependiente del famoso Mando íšnico dispersaron a balazos a manifestantes que protestaban por la violencia contra las mujeres en la entidad.

Durante esa acción policial violenta, el blanco fueron personas periodistas que cubrí­an la manifestación, así­ como mujeres activistas y jóvenes que iban acompaí±adas de un profesor, quien también resultó golpeado y detenido.

Quienes se llevaron la peor parte, fueron tres periodistas, pues resultaron heridos y heridas de bala. Hasta el momento se les ha negado el acceso a la justicia como lo ha documentado la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La referida organización civil sostiene que durante esta represión, ”tolerada por la Guardia Nacional, se cometieron violaciones graves de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura sexual y lesiones graves derivadas del uso excesivo de la fuerza».

Al cumplirse ocho meses de estas violaciones a derechos humanos la CMDPDH informó que ante las deficiencias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Ví­ctimas del estado de Quintana Roo y la consecuente falta de reparación integral para las ví­ctimas, ese organismo se vio obligado a presentar una serie de amparos para lograr dicha reparación.

En un comunicado de la Comisión Mexicana, se menciona que a pesar de que la manifestación tuvo lugar en el estado de Quintana Roo que mantiene una alerta de violencia de género vigente y en el contexto de un alarmante número de feminicidios en el paí­s que asciende ya a 10 mujeres asesinadas al dí­a, este caso se encuentra en absoluta impunidad.

Ante esta situación, las ví­ctimas del #9N han llevado a cabo distintas acciones para que se sancione a los responsables, se conozca públicamente la verdad y se garantice una reparación integral que incluya garantí­as de no repetición. Derivado de lo anterior, las ví­ctimas han sido objeto de una campaí±a de hostigamiento por parte de las autoridades, quienes han obstaculizado su derecho a la verdad, justicia y reparación, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del estado emitió una recomendación sobre este caso y el Congreso local anunció la creación de una Comisión Transitoria Especial para investigar los hechos.

COMISIí“N EJECUTIVA DE ATENCIí“N A VíCTIMAS DE QUINTANA ROO VIOLENTA EL MANDATO CONSTITUCIONAL

La Comisión Ejecutiva de Atención a Ví­ctimas de Quintana Roo emitió dictámenes de reparación en relación con las ví­ctimas de este caso que son abiertamente violatorios de derechos humanos, lo que ha provocado su revictimización y les ha forzado a emprender un largo proceso de litigio para remediar las deficiencias que por negligencia, omisión o dolo se cometieron en la elaboración de dichos dictámenes de reparación.

Frente a este escenario de impunidad, la CMDPDH ha asumido la representación legal de las ví­ctimas del #9N, a fin de que exista rendición de cuentas del Estado y sus agentes y se obtenga una reparación integral para las ví­ctimas.

La CMDPDH ha presentado once demandas de amparo contra autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Ví­ctimas de Quintana Roo, mismos que reclaman violaciones al derecho nacional e internacional de los derechos humanos, incluyendo el derecho de acceso a la justicia, la reparación integral del daí±o, y el derecho a un recurso judicial efectivo que incluya garantí­as de legalidad, debido proceso e igualdad ante la ley.

Cuando la burocracia y los intereses polí­ticos predominan sobre los derechos de las ví­ctimas se desví­an los verdaderos propósitos de instituciones que tanto ha costado en México crear, como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Ví­ctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), la cual solo revictimiza, en lugar de buscar la reparación integral del daí±o.

Las ví­ctimas del 9 de noviembre de 2020 en Cancún, acusan a esta institución de violentar sus derechos humanos mediante la elaboración de resoluciones con las que se establecieron los montos económicos de reparación integral del daí±o.

Estos dictámenes de procedencia de la CEAVEQROO para cada una de las 13 ví­ctimas que reconoció esta institución, fueron insuficientes tanto en la indemnización como en los otros aspectos de la reparación, a pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su respectiva recomendación delineó el contenido de la reparación.

De acuerdo a información proporcionada por las ví­ctimas a la prensa, se documentó un caso que a una de las ví­ctimas la hicieron firmar documentos por la recepción de 130 mil 884.87 pesos por concepto del Plan de Reparación Integral, pero en su cuenta bancaria solo tuvo un depósito de ocho mil 587.62 pesos.

Cada una de las ví­ctimas reconocidas manifestaron su inconformidad por la revictimización de que han sido objeto por parte de la institución que fue creada en Quintana Roo para defender sus derechos como ví­ctimas, por lo que tuvo que intervenir la Comisión Mexica por la Defensa y Protección de los Derechos Humanos para recurrir a la protección de la justicia federal, con ello, un procedimiento que por ley tiene que ser pronto y expedito ahora se tendrá que litigar en tribunales federales, con el consiguiente desgaste fí­sico y emocional para las ví­ctimas.

Graciela Machuca